Francia veta las redes a menores de 15

Cada generación discute qué pueden hacer los menores sin supervisión. En esta, el campo de batalla cabe en la pantalla de un móvil. El 21 de julio, el Parlamento francés votó prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, con lo que Francia se convierte en el primer país europeo que fija ese límite por ley. Emmanuel Macron lo presentó como la apertura de una vía europea. Sus críticos en la Asamblea lo llamaron un «grand flou», una gran indefinición (France 24 / AFP). Ambas lecturas encajan: la ley establece qué queda prohibido, pero no explica cómo se hará cumplir.

Una norma sin portero

El texto fija un umbral de edad, deja fuera las plataformas educativas y las herramientas de código abierto, y marca un calendario: las nuevas cuentas estarán sujetas a la norma desde el 1 de septiembre de 2026; las ya existentes tendrán margen hasta enero de 2027 (Libération). Lo que no incluye es un método concreto para comprobar la edad de los usuarios, sanciones para padres o menores, ni un procedimiento nacional de control (texto del Senado). Se espera que sean las plataformas las que encuentren la fórmula.

Una propuesta de la diputada de Renaissance Laure Miller plantea un servicio externo que solo comunique a la plataforma si el usuario tiene «más o menos de 15 años», sin transmitir datos completos de identidad (RTL). Sobre el papel suena limpio. En la práctica, la verificación de edad sigue atrapada entre tres exigencias difíciles de reconciliar: fiabilidad, es decir, hasta qué punto el sistema sabe la edad real; privacidad, o cuántos datos personales se entregan; y facilidad de uso, que determina si el proceso resulta soportable. Pedir la fecha de nacimiento permite mentir sin esfuerzo. Exigir el pasaporte convierte el alta en TikTok en una transacción de identidad. Recurrir a sistemas de estimación facial por inteligencia artificial, que calculan la edad a partir de un selfi, pierde precisión justo en las franjas adolescentes donde el margen importa más (UK Parliament POST). Ningún método funciona de forma fiable por sí solo, como concluyó este año el regulador británico Ofcom tras revisar el sector.

Los primeros borradores de la ley francesa otorgaban al regulador audiovisual, Arcom, amplios poderes para vigilar el cumplimiento por parte de las plataformas. La Comisión Europea frenó esa vía porque esas competencias se solapaban con la Ley de Servicios Digitales, el marco europeo que regula cómo deben operar las grandes plataformas. La versión final quedó deliberadamente reducida. Juristas de Le Club des juristes sostuvieron que había quedado «en gran medida vaciada de contenido».

Los gobiernos coinciden en la edad, no en la fontanería

Francia actúa primero, pero no está sola. El 21 de julio, el grupo de expertos de la Comisión sobre seguridad infantil recomendó una restricción armonizada en toda la UE para el acceso de menores de 13 años, dejando margen a los Estados miembros para ir más lejos con los adolescentes de más edad. El panel propone además invertir la lógica: en lugar de que los reguladores tengan que demostrar que una plataforma perjudica a los menores, serían las plataformas las que tendrían que acreditar que el espacio es seguro antes de permitirles entrar.

Para que ese modelo funcione sin convertir cada inicio de sesión en una comprobación de identidad, la Comisión ha desarrollado un «monedero» mínimo que preserva la privacidad: en esencia, un portero digital que responde sí o no a una pregunta de edad sin ver el documento completo del usuario. Está pensado para integrarse con las carteras europeas de identidad digital que los Estados miembros deben desplegar a finales de 2026. Ursula von der Leyen formuló el dilema de manera directa: no se trata de si los menores pueden acceder a las redes sociales, sino de si «las redes sociales pueden acceder a nuestros menores» (Euronews).

En Europa, los gobiernos convergen más rápido en los límites de edad que en la forma de aplicarlos. La ministra alemana de Familia, Karin Prien, apoya los 13 años como umbral común plausible (Tagesschau). Italia tiene varios proyectos de ley, pero ninguno aprobado (Fanpage). Irlanda, donde tienen su sede europea la mayoría de las grandes plataformas, estudia una línea aún más estricta para menores de 16 años (Irish Times). La voluntad política existe. La respuesta técnica, todavía no.

De la puerta a la habitación

Australia ofrece un anticipo de lo que puede venir. Tres meses después de que entrara en vigor su propia prohibición para menores de 16 años, un estudio constató que el 85% de los menores encuestados seguía usando las plataformas afectadas, mediante cuentas falsas y navegación privada (Chronicle). Eso no convierte las prohibiciones en inútiles. Pueden reducir el tiempo total de pantalla, dar a los padres una norma legal en la que apoyarse y presionar a las plataformas para rediseñar el proceso de alta. Pero descarta la fantasía de levantar una valla digital perfecta alrededor de la infancia.

La batalla práctica se desplaza de los controles de edad al diseño del producto. La Ley de Servicios Digitales ya permite a Bruselas investigar si las grandes plataformas protegen adecuadamente a los menores, y las conclusiones preliminares apuntan a que Facebook e Instagram, de Meta, no impidieron que menores de 13 años crearan cuentas. La organización italiana de consumidores Moige ha demandado a Meta y TikTok no solo por los controles de edad, sino también por funciones adictivas como el desplazamiento infinito (Orizzonte Insegnanti). La verificación decide quién entra. El diseño decide qué ocurre una vez dentro.

Septiembre mostrará si las plataformas tratan la ley francesa como un trámite de cumplimiento o como una restricción real de diseño. La generación que creció subiendo selfis está criando ahora a la que ha crecido dentro de los contenidos algorítmicos. Escribir la ley ha resultado ser la parte sencilla. Hacer que el cierre funcione, sin convertir el móvil de cada menor en un puesto de control de identidad, sigue siendo el problema que ningún país ha resuelto.