Francia congela el gasto sin cifras

El primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió el 14 de septiembre a sus ministros que mantuvieran estable en términos nominales el gasto del Estado en 2027, con la excepción de Defensa. La instrucción obliga a revisar las lettres-plafonds, los límites provisionales de gasto que encuadran la propuesta presupuestaria de cada ministerio, y confirma que el ajuste fiscal marca ya la planificación del Gobierno (Le Monde). El mensaje político es rotundo, pero faltan los detalles fiscales. La carta no permite aún contabilizar ninguna reducción del déficit, porque el Ejecutivo no ha publicado ni el volumen de gasto afectado ni la referencia sobre la que se aplicará la congelación, ni tampoco las medidas que tendría que aprobar el Parlamento.

Una instrucción para elaborar las cuentas, no un presupuesto

Una lettre-plafond es un instrumento del Ejecutivo, no una ley. La Dirección de Presupuestos francesa la define como una de las etapas de preparación del proyecto de ley de presupuestos, previa a su autorización parlamentaria (Dirección de Presupuestos). El Parlamento todavía deberá votar las cuentas conforme a la ley orgánica presupuestaria francesa, que regula la elaboración y aprobación de estos proyectos (LOLF). No se ha publicado una tabla revisada por ministerios, una cifra agregada ni un anexo firmado. La instrucción habla de mantener el gasto estable, pero no aclara en qué cuantía ni respecto a qué referencia.

La omisión importa porque el «gasto del Estado» abarca en Francia menos de lo que suele suponerse. El presupuesto de la Administración central incluye las nóminas ministeriales, las compras públicas, la inversión y las subvenciones, mientras que la mayoría de las pensiones, la sanidad y las prestaciones familiares figuran en una ley de financiación de la seguridad social distinta, sometida a su propia norma orgánica (LOFSS). Los municipios y las regiones, por su parte, aprueban sus propios presupuestos. La congelación nominal de las partidas ministeriales no controla directamente esas otras bolsas de gasto, aunque puede trasladarles la presión: si las transferencias de la Administración central a las entidades locales o a la seguridad social crecen menos que los precios, el ajuste acaba repercutiendo en ellas.

Los intereses de la deuda tampoco pueden reducirse ordenando a los ministerios que gasten menos. Agence France Trésor situó la factura de intereses del Estado en 59.300 millones de euros para 2026 (AFT). Ese coste lo determinan los mercados, no los ministros.

Quién paga cuando el límite de gasto aprieta

Si la inflación se mantiene cerca de los niveles actuales, congelar el gasto en términos nominales reducirá la capacidad real de compra de los ministerios. Sin embargo, un límite agregado no implica que todos los departamentos o programas reciban el mismo trato: algunos podrían sufrir recortes más profundos, mientras otros obtienen refuerzos discretos. Hasta que el Gobierno publique el reparto ministerio por ministerio, no será posible calcular el ahorro en euros.

El único gran ahorro cuantificado públicamente hasta ahora es una aportación de 6.000 millones de euros que recaería sobre los pensionistas, bien mediante una revalorización de las pensiones inferior a la inflación, bien modificando su desgravación en el impuesto sobre la renta (LCP). Esa medida pertenece a la ley de financiación de la seguridad social, no a la congelación de los presupuestos ministeriales. Entre esos 6.000 millones y los cerca de 30.000 millones de euros en medidas presupuestarias que prepara el Gobierno solo hay, por ahora, distintas opciones sin aprobar (To Brief).

Los primeros perjudicados cuando los presupuestos para compras y transferencias crecen menos que los precios son los contratistas, las asociaciones que dependen de subvenciones y los servicios locales. Los cerca de 2,5 millones de funcionarios de la Administración central francesa podrían afrontar menos contrataciones, una evolución salarial más débil o un deterioro de los servicios, según cómo distribuya cada ministerio su asignación (DGAFP). Defensa queda al margen de la congelación, aunque la exención solo protege su presupuesto y no garantiza fondos adicionales.

Unas cuentas que todavía no cuadran

Los mercados no están esperando a que Lecornu concrete sus planes. El diferencial entre los costes de financiación de Francia y Alemania, es decir, la diferencia entre lo que ambos Estados pagan por endeudarse, alcanzó alrededor de 94 puntos básicos —0,94 puntos porcentuales— el 10 de septiembre, su nivel más alto desde 2012 (datos de mercado del Banco de Francia, Le Monde). El movimiento es anterior a la carta y refleja un problema general de credibilidad fiscal, no un juicio de los inversores sobre esta instrucción concreta.

La última previsión de la Comisión Europea, elaborada bajo el supuesto de que no se adopten nuevas medidas, sitúa el déficit francés en el 5,7% del PIB en 2027 y la deuda en el 120,2% (Comisión Europea). Incluso una mejora íntegra de 30.000 millones de euros dejaría el déficit por encima de la senda exigida por las reglas fiscales europeas. La Cour des comptes, el tribunal fiscalizador francés, calcula que para estabilizar la deuda sería necesario reducirlo hasta aproximadamente el 2,8% (Cour des comptes). La distancia respecto al 5,7% es enorme, pero un ajuste demasiado rápido también entraña riesgos: con un crecimiento de apenas el 0,4% previsto por el INSEE para 2026 (INSEE), los recortes indiscriminados reducirían las rentas, los beneficios y el consumo sujetos a impuestos, y con ellos los ingresos necesarios para cerrar el déficit.

La instrucción de Lecornu responde a un problema real de credibilidad, pero recuperarla exige un plan plurianual aprobado, con medidas cuantificadas por una autoridad fiscal independiente y respaldadas por el Parlamento. Una Assemblée nationale fragmentada puede bloquear o diluir cada partida. Mientras no se publique la referencia presupuestaria y se concreten las medidas, Francia solo habrá anunciado el rumbo, sin precisar el itinerario ni el destino.