Grecia congela las solicitudes de asilo

En Lesbos, una mujer embarazada y su pareja llegaron el 12 de junio, el mismo día en que empezó a aplicarse el Pacto de Migración y Asilo de la UE. Pasaron casi un mes detenidos y sin registrar. Solo se tramitó su caso después de que Refugee Support Aegean, una ONG de asistencia jurídica, presentara objeciones ante los tribunales. En la Grecia continental, una madre con dos hijos intentó usar la plataforma digital de citas del ministerio, fuera de servicio desde el 12 de junio. Acudió en persona, se le negó la entrada, fue detenida y trasladada a un centro de internamiento (RSA).

No se trata de fallos aislados. El registro de solicitudes de asilo en Grecia estaría paralizado de manera informal desde la entrada en vigor del Pacto, según NEWS 24/7 y el seguimiento sobre el terreno de RSA y Collective Aid. El ministro de Migración, Thanos Plevris, dijo a in.gr que el Gobierno aplicaría sin desviaciones una doctrina de «prisión o retorno». Esa fórmula borra distinciones que el derecho de asilo de la UE mantiene separadas: no es lo mismo una persona que pide protección, un solicitante rechazado pendiente de expulsión y alguien detenido por motivos jurídicos concretos.

El registro es el primer eslabón del Pacto. Grecia lo ha roto.

El Pacto reúne un conjunto de reglamentos europeos pensados para normalizar la gestión de los solicitantes de asilo desde el primer contacto hasta la decisión final. Entró en su fase operativa el 12 de junio de 2026 (Comisión Europea). El sistema solo funciona si las personas pueden registrarse. El registro abre la puerta al cribado, al procedimiento de asilo o de retorno, y a todos los pasos posteriores.

Grecia cerró esa puerta. La última actualización nacional de ECRE ya había documentado, antes de la entrada en vigor del Pacto, detenciones administrativas y restricciones en el acceso a los procedimientos de asilo (ECRE/AIDA). Después del 12 de junio, la situación empeoró. A finales de julio, Collective Aid informó desde Lesbos de que los nuevos formularios de cribado seguían sin estar operativos y de que solo se había tramitado a un pequeño grupo dentro de las 70 a 100 personas que esperaban (Collective Aid).

El derecho de la UE no deja mucho margen en este punto. La Directiva sobre procedimientos de asilo obliga a los Estados miembros a registrar las solicitudes en un plazo de entre tres y diez días laborables. La Directiva sobre condiciones de acogida prohíbe detener a alguien únicamente por haber solicitado asilo. El Tribunal de Justicia de la UE ya condenó a un Estado miembro por hacer prácticamente imposible el acceso al asilo (TJUE C-808/18) y, en otra sentencia, estableció que la detención migratoria exige un control judicial real, no un sistema en el que las personas detenidas tengan que litigar desde el encierro para obtenerlo (FRA sobre TJUE C-150/24).

La Comisión elogió la preparación. El terreno decía otra cosa.

El 16 de julio, la Comisión publicó una evaluación preliminar en la que valoraba positivamente la preparación de Grecia para aplicar el Pacto. Ese mismo mes, RSA y Collective Aid documentaron registros paralizados, plataformas digitales caídas y solicitantes de asilo detenidos cuya única vía de entrada en el sistema pasaba por los tribunales (RSA, Collective Aid). La distancia entre ambas lecturas muestra que Bruselas estuvo dispuesta a elogiar la preparación antes de comprobar el cumplimiento.

La Comisión tiene ahora una decisión concreta sobre la mesa. La paralización del registro, los sistemas digitales inoperativos y la detención generalizada podrían constituir una infracción suficientemente grave como para abrir un procedimiento, el instrumento con el que Bruselas fuerza a los países a respetar el derecho de la UE. Si no actúa ante los casos documentados, las salvaguardias del Pacto quedarán como un adorno. La ley dice que los solicitantes de asilo tienen derecho a registrarse, a una decisión individualizada sobre su detención y a control judicial. La práctica griega ofrece detención hasta que se consigue salir por vía judicial. La Comisión debe aclarar qué versión del Pacto piensa hacer cumplir.