Grecia paga por salidas migrantes

¿Debe cobrar más el abogado que informa a un solicitante de asilo si esa persona acaba renunciando a su procedimiento? El Gobierno griego ha respondido que sí. Un nuevo decreto concede a los letrados un complemento de 250 euros cuando el solicitante al que han orientado completa una salida voluntaria, un diseño que los colegios de abogados griegos consideran un incentivo económico a la deportación bajo la apariencia de asesoramiento jurídico (Government Gazette PDF, In.gr). Ninguna institución europea ha evaluado aún si el sistema encaja con el derecho de asilo de la UE.

Cómo funciona el complemento

El decreto, la Decisión Ministerial Conjunta 120961/2026, sustituye a las ONG por abogados privados en la primera fase de información jurídica a los solicitantes de asilo. Los letrados se inscriben en un registro gestionado a través del Colegio de Abogados de Atenas y cobran 160 euros más IVA por cada sesión de orientación (ProtoThema English).

La parte polémica afecta a los solicitantes sometidos a procedimientos fronterizos, la vía acelerada que Grecia utiliza en sus fronteras exteriores. Cuando las autoridades consideran que una persona no tiene un «perfil fuerte de refugiado», sin que el decreto precise quién adopta ese criterio ni con qué parámetros, se paga un complemento adicional de 250 euros más IVA si esa persona abandona Grecia en un plazo de dos meses (Ethnos). El pago no se activa por la intención de marcharse. Exige que la salida se haya completado.

El argumento del Gobierno es sencillo: los abogados cualificados deben sustituir a las ONG y el retorno voluntario es una vía prevista por el derecho europeo (Directiva de Retorno 2008/115/CE). Ambas afirmaciones son ciertas. Pero el Comité de Coordinación de los colegios de abogados griegos ha anunciado que los letrados no participarán si no se derogan las disposiciones sobre el complemento. Un medio griego describió el mecanismo como una invitación a los abogados a entrar en una lógica de «caza de cabezas» (In.gr). La objeción profesional es directa: un abogado que cobra más cuando su cliente abandona el procedimiento tiene un interés económico que puede chocar con el interés de ese cliente.

Las sesiones, además, no equivalen a una representación jurídica plena. Según la prensa griega, la orientación puede prestarse a distancia, en grupos de quince personas o más, y cubrir derechos procedimentales, obligaciones y opciones de retorno (Newsbeast). Para solicitantes procedentes de países con tasas de reconocimiento de asilo inferiores al 20%, el contenido incluye información sobre sanciones penales por entrada o estancia irregular.

La UE puede escribir derechos en la ley. Grecia decide cómo se viven ante la mesa.

El derecho europeo de asilo protege el derecho a recibir información, a consultar a un asesor jurídico y a recurrir una decisión negativa (Directiva 2013/32/UE). El nuevo Reglamento sobre el Procedimiento de Asilo, pieza central del recién aprobado Pacto de Migración y Asilo, amplía los procedimientos fronterizos, pero mantiene esas garantías (Reglamento (UE) 2024/1348). La legislación europea no prohíbe informar a los solicitantes de que existe la opción del retorno. La tensión está en el detonante del pago: el abogado cobra más solo después de que el solicitante se haya ido.

El asunto trasciende a Grecia porque el Pacto entró en fase de aplicación a mediados de 2026 con una promesa: procedimientos más rápidos, compensados por garantías individuales (Comisión Europea, Interior). Grecia es uno de los principales Estados de frontera exterior de la UE y tramita solicitudes bajo las nuevas reglas aceleradas del Pacto. El decreto muestra precisamente cómo una decisión nacional de aplicación puede determinar si esas garantías funcionan en la práctica. Con la información disponible, el complemento abre un conflicto serio con las salvaguardias europeas, aunque todavía no se haya declarado ninguna infracción.

Ni la Comisión Europea, ni la Agencia de Asilo de la Unión Europea —la EUAA, que supervisa los sistemas nacionales de asilo—, ni ningún tribunal se han pronunciado (EUAA Asylum Report 2026). ¿Quién podría impugnar el sistema? Los tribunales administrativos griegos podrían examinarlo a partir de un recurso individual. La Comisión podría abrir un procedimiento de infracción. La EUAA podría señalar el conflicto de intereses en su próximo informe. Nada de eso ha ocurrido por ahora.

Italia ofrece otra versión del mismo riesgo. Eurodiputados y ONG han denunciado opacidad y restricciones al acceso de abogados en los centros de tramitación de migrantes en Albania promovidos por Roma (Euronews Italy). Organizaciones sanitarias y de la sociedad civil advierten de que los cribados se comprimen en espacios controlados por la policía y con plazos muy estrechos (Questione Giustizia). En Italia no existe un complemento vinculado al resultado. Pero el efecto puede parecerse: los derechos formales sobreviven mientras el procedimiento se diseña de forma tan ajustada que ejercerlos resulta más difícil.

Lo que aún no sabemos

Todavía no hay datos de aplicación. ¿Cuántas sesiones son individuales y cuántas se hacen en grupo? ¿Cuántos solicitantes reciben interpretación? ¿Con qué frecuencia se activa el pago de 250 euros? Sin esas cifras, no se puede saber si el complemento altera conductas o apenas tiene efectos. Las personas más afectadas son también las menos visibles en este debate. La pregunta que el decreto no responde es si algún solicitante de asilo entendió que aceptar la «salida voluntaria» podía poner fin a su solicitud de protección.