Hungría apura los fondos congelados

Hungría presentó el 10 de junio ante la Comisión Europea su plan de recuperación y resiliencia modificado, en el que reúne leyes anticorrupción, cambios en las declaraciones de bienes y el desmantelamiento de fundaciones públicas vinculadas a la era Orbán para intentar desbloquear 16.400 millones de euros en fondos europeos congelados (Euronews). La entrega abre una evaluación, no un pago. El problema está en el calendario: la propia UE comprime en unas seis semanas un proceso que suele durar entre cinco y nueve meses, porque todos los hitos deben completarse antes del 31 de agosto de 2026 y los desembolsos finales tienen que hacerse antes de que acabe el año (Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). Ese plazo pesa ya más que cualquier reforma concreta.

Dos candados sobre el dinero

Los fondos están bloqueados por dos vías jurídicas distintas. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo pospandemia de la UE, solo paga a los gobiernos cuando demuestran que han cumplido los objetivos de reforma pactados (Reglamento del MRR). Aparte, el reglamento de condicionalidad permite a la Comisión proteger el presupuesto europeo cuando los problemas de Estado de derecho de un país amenazan la buena gestión financiera (Reglamento de condicionalidad). El plan original de Hungría incluía 27 superhitos concebidos como salvaguardas (Decisión de Ejecución del Consejo). La nueva propuesta pide a Bruselas que modifique ese marco.

Entre la entrega del plan y el pago queda una cadena larga: evaluación de la Comisión, nueva decisión del Consejo con aprobación de los Estados miembros, aplicación por parte de Hungría, solicitud de pago y verificación final de Bruselas. Un portavoz de la Comisión indicó que el objetivo es lograr la aprobación del Consejo en julio (Euronews). El margen es mínimo.

El atajo del banco de desarrollo

El paquete legislativo incluye leyes para abolir fundaciones de interés público asociadas a figuras de la etapa Orbán, controles más estrictos sobre el patrimonio de los políticos y más poderes para la Autoridad de Integridad húngara, incluidas sanciones penales para los cargos que oculten riqueza (Portfolio).

La decisión más relevante está en el diseño financiero. El ministro húngaro Dávid Vitézy afirmó públicamente que parte de los fondos se canalizaría a través del MFB, el banco estatal de desarrollo de Hungría, mediante una ampliación de capital en bloque para no perder dinero antes del corte de agosto (archivo de M1). Si unos 4.000 millones de euros entran en el MFB antes del plazo y se distribuyen hasta 2030, el hito formal queda cumplido mientras la supervisión europea se concentra en una sola puerta de aprobación. El plan modificado no era público cuando se presentó, de modo que ni periodistas ni eurodiputados pueden comprobar aún si el control de la Comisión sobrevive al traspaso.

Las fracturas entre Estados miembros

Se abren dos líneas de división. Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo presionan para endurecer las salvaguardas en futuros casos de Estado de derecho, con suspensiones de fondos más rápidas y procedimientos sobre derechos de voto (Euronews DE). La agencia alemana de comercio exterior describe el paquete húngaro como condicionado a reformas y a una aplicación puntual, con dudas todavía abiertas sobre derechos fundamentales (GTAI).

Polonia mira el expediente desde Ucrania. Budapest retiró su veto a 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, el instrumento extrapresupuestario de la UE que reembolsa entregas de armas, y desbloqueó así fondos que Varsovia esperaba desde hacía tiempo (Onet). El dinero de recuperación de Hungría y sus vetos en política exterior funcionan ya como monedas conectadas en la mesa del Consejo.

El recurso pendiente del Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia, C-225/24, añade fricción legal. La Eurocámara impugna la decisión anterior de la Comisión de descongelar miles de millones para Hungría, al sostener que Bruselas aprobó fondos antes de que Budapest hubiera cumplido realmente sus compromisos sobre Estado de derecho (TJUE C-225/24). El caso no paraliza el proceso actual, pero cualquier nueva liberación de dinero se examinará bajo el mismo foco judicial.

La Comisión prepara su expediente sabiendo que un tribunal puede revisar más adelante si actuó con criterio propio o cedió a la presión del calendario. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se diseñó para que los plazos obligaran a los gobiernos a reformar. El riesgo es que esos mismos plazos empujen a Bruselas a aprobar antes de poder verificar.