Hungría roza €10.4 billion de la UE

Péter Magyar viaja esta semana a Bruselas para firmar un acuerdo político que desbloquearía hasta 10.400 millones de euros de fondos europeos congelados para Hungría. La Comisión presenta el pacto como una recompensa a la renovación democrática tras 16 años de Viktor Orbán en el poder. Un asunto pendiente ante el Tribunal de Justicia de la UE podría, sin embargo, declarar contrario al derecho europeo este método: liberar dinero a partir de promesas políticas, no de reformas verificadas.

El precedente está documentado. En febrero de 2024, la Comisión descongeló fondos para Polonia tras la elección de Donald Tusk, aceptando compromisos de reforma antes de que se aplicaran. Desde entonces, Polonia ha recibido ya el 62,4% de su plan de recuperación, aunque ninguna de las reformas judiciales prometidas ha entrado en vigor. Hungría es el siguiente caso.

El caso judicial que puede romper el ciclo

En el asunto C-225/24, el Parlamento Europeo ha demandado a la Comisión por su decisión de diciembre de 2023 de liberar 10.200 millones de euros en fondos de cohesión, el dinero europeo destinado a infraestructuras y desarrollo, para Hungría. La abogada general Tamara Ćapeta recomendó en febrero de 2026 anular aquella decisión, tras detectar cuatro fallos concretos de evaluación: reformas que no habían entrado en vigor, leyes que vaciaban de contenido su supuesto objetivo y falta de verificación sobre su aplicación real.

El punto más duro de Ćapeta fue procesal. Defendió que los jueces europeos deben ejercer un control completo de estas decisiones, no limitarse a comprobar errores manifiestos. Si el TJUE sigue su razonamiento, cada decisión futura de liberar fondos podrá revisarse por su fondo. La Comisión tendría que demostrar que las reformas están «en vigor y se aplican», no solo aprobadas sobre el papel.

El Tribunal aún no se ha pronunciado. La Comisión negocia un nuevo desembolso mientras el anterior puede acabar anulado.

Una trampa fiscal con fecha límite

El margen de Magyar es estrecho. El déficit presupuestario húngaro alcanzó 3,85 billones de forintos a finales de abril, el 91% del objetivo anual consumido en cuatro meses, en buena medida por unos 1,45 billones de forintos de ingresos europeos no recibidos. El plazo del MRR, el fondo de recuperación pospandemia de la UE, vence el 31 de agosto de 2026. Si no se usa antes, el dinero se pierde.

Magyar ha rechazado públicamente dos exigencias centrales de Bruselas: retirar gradualmente los gravámenes extraordinarios a bancos y energéticas, y reestructurar el sistema de pensiones. Sostiene que la crisis fiscal húngara hace inviables ambas medidas.

La salida que se perfila es una inyección de capital en el banco estatal de desarrollo húngaro, el MFB. Budapest canalizaría el dinero europeo a través de esa entidad, lo contabilizaría como desembolsado antes de agosto y dejaría que el banco lo distribuyera durante varios años. La Comisión envió a mediados de mayo una delegación de alto nivel a Budapest para evaluar el esquema (Euronews, Portfolio), aunque teme perder el control sobre el destino final de los fondos.

Los guardianes que dieron un paso atrás

La coalición que debía exigir condiciones estrictas se ha disuelto en la práctica. La ministra alemana de Exteriores defiende ahora abolir la unanimidad antes que endurecer la condicionalidad. El canciller austriaco recibió a Magyar con honores militares el 21 de mayo, una señal de asociación más que de vigilancia. El primer ministro finlandés insistió en que el Estado de derecho «no es moneda de cambio», pero Finlandia no ha impulsado después ningún bloqueo en el Consejo.

Los «seis estrictos» —Suecia, Austria, Alemania, Finlandia, Países Bajos y Estonia— no reúnen la población necesaria para formar una minoría de bloqueo en votación por mayoría cualificada, donde los países grandes pesan más y ningún Estado puede bloquear por sí solo. En el MRR, además, la Comisión decide sola, sin voto del Consejo. Los guardianes conservan influencia, pero no veto.

El rescate del 85%

Hungría solo ha desembolsado el 9% de su asignación del MRR, la tasa más baja de la UE. Incluso las estimaciones optimistas de la Comisión apuntan a que solo podrá salvarse entre el 80% y el 85% del total antes de la fecha límite.

La sentencia del TJUE en el asunto C-225/24 decidirá si la Comisión puede seguir tratando un cambio de gobierno como sustituto de una reforma comprobada. Si el Tribunal sigue a Ćapeta, las reglas para retener fondos europeos dejarán de funcionar como un instrumento político flexible y pasarán a ser una obligación jurídica, vinculante en cada decisión futura de liberar o bloquear dinero.