Hungría debe probar sus reformas

La idea de que Hungría está «en vías» de acceder a unos 10.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación ha circulado por varios medios europeos. El expediente público dice algo más limitado: Budapest sostiene que está terminando las reformas exigidas. La Comisión Europea aún no las ha evaluado, no ha recibido una solicitud de pago y no ha autorizado el desembolso de un solo euro (página de la Comisión sobre Hungría, comparecencia de la Comisión, 30 de julio).

La aprobación del Consejo abre una puerta, no ordena una transferencia

El Consejo de la UE, donde votan los gobiernos de los Estados miembros, aprobó el plan de recuperación revisado de Hungría el 10 de julio (Consejo). Esa decisión abrió la vía a unos 6.500 millones de euros en subvenciones y 3.500 millones en préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo pospandemia de la UE que paga a los gobiernos solo cuando demuestran que han cumplido las reformas pactadas (Reglamento del MRR).

La aprobación del plan y el pago efectivo están separados por una secuencia estricta. Hungría debe cumplir 27 «superhitos» antes del 31 de agosto, la mayoría vinculados a corrupción, transparencia e independencia judicial (Euronews, HVG). Después, Budapest tendrá que presentar una solicitud formal de pago antes de que termine septiembre. Solo entonces se examinará en Bruselas si los hitos se han cumplido. La Comisión lo dijo de forma explícita el 30 de julio: no empieza ninguna evaluación formal hasta que llegue esa solicitud (comparecencia de la Comisión).

El Ministerio de Transporte e Inversión húngaro aseguró a Euronews que alrededor de dos tercios de los compromisos ya están cumplidos. Puede ser cierto. Pero «estamos terminando» es una afirmación del Gobierno, no una conclusión de la Comisión.

Reformas reales, controles sin verificar

El Gobierno de Péter Magyar se ha movido con rapidez. Hungría publicó el 7 de agosto normas de auditoría más estrictas, que hacen obligatorio el uso de ARACHNE+, la herramienta europea de detección del fraude, para todo el gasto vinculado a los fondos de recuperación (Schoenherr). La Autoridad de Integridad, el organismo de control que Budapest creó bajo presión europea para examinar contratos públicos con riesgo de corrupción, puso en marcha un registro de empresas excluidas de la contratación pública. Son pasos concretos. Lo que tendrá que determinar la Comisión es si equivalen a sistemas anticorrupción operativos y verificables, o a documentación apresurada que Budapest pueda debilitar después sin demasiado ruido.

La pregunta tiene consecuencias porque parte del andamiaje legal ya está sometido a presión. La Ley XVIII de 2026, una norma ómnibus que agrupa reformas sobre transparencia y energía, sigue pendiente de revisión constitucional (To Brief). Si el Tribunal Constitucional húngaro anula algunas disposiciones antes de que la Comisión las evalúe, desaparecerá la base jurídica de varios hitos. Bruselas no comprueba solo si una reforma se aprobó, sino si sigue en vigor. Una reforma aprobada sobre el papel y debilitada después puede fallar la verificación con la misma claridad que una reforma nunca adoptada.

Hungría no es el único país sometido a esta prueba de cumplimiento en la fase final. La Comisión advirtió a Rumanía de que revertir una ley de descarbonización ya validada podría acarrear consecuencias financieras (Adevarul). El criterio se está aplicando en toda la región.

La credibilidad de la Comisión queda expuesta

La presión política sobre Bruselas va en las dos direcciones. Un abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, un alto asesor jurídico cuyas opiniones no son vinculantes pero suelen influir en las sentencias, ya concluyó que la Comisión liberó demasiado pronto fondos húngaros congelados en una disputa anterior sobre condicionalidad (Ouest-France). El Parlamento Europeo recurrió aquella decisión. Si ahora la Comisión acepta pruebas débiles por la presión del calendario, el MRR empezará a parecer un acuerdo político más que un fondo condicionado a resultados. Si aplica el criterio con rigor, reforzará la condicionalidad para todos los Estados miembros que intentan cerrar sus planes antes de que expire el instrumento.

La próxima respuesta factual corresponde a la Comisión, previsiblemente después de septiembre: si Hungría ha demostrado que las reformas funcionan, o solo que se aprobaron.