Hungría destituye a Sulyok por 139-6

El Parlamento húngaro aprobó el domingo, por 139 votos a 6, una reforma constitucional que aparta al presidente en ejercicio y reordena el equilibrio de poder en los tribunales (Le Figaro, Reuters). El Fidesz de Viktor Orbán boicoteó la sesión. El primer ministro Péter Magyar ha empezado a desmontar las instituciones que Orbán construyó durante 14 años, pero lo hace con el mismo instrumento que su predecesor convirtió en método de gobierno: modificar la Constitución desde una mayoría cualificada para decidir quién conserva el poder. Bruselas debe resolver ahora si sus exigencias sobre el Estado de derecho valen también cuando quien fuerza los límites es un Gobierno proeuropeo.

Lo que desmonta la reforma

El paquete apunta directamente a las personas y estructuras que dejó Orbán. Una disposición transitoria pone fin al mandato del presidente Tamás Sulyok, nombrado durante la etapa orbánista, y le concede cinco días para firmar el texto antes de que se active su cese (Reuters). El nuevo límite de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional obliga a salir a cuatro magistrados en ejercicio, incluido su presidente (Euronews, CMS). La composición de ese tribunal importa porque puede bloquear o avalar prácticamente todo el programa del nuevo Gobierno.

La reforma devuelve además al tribunal la facultad de revisar las leyes presupuestarias, un control que Orbán había eliminado, y crea una oficina de recuperación de activos con anclaje constitucional para rastrear el uso indebido de fondos públicos y europeos (CEAC Law, Frankfurter Rundschau).

Reparación o captura inversa

Hay razones de peso para actuar. Orbán incrustó leales en la presidencia, los tribunales y la televisión pública, y después desactivó los contrapesos que podían limitar su poder. Mantener intacto ese sistema permitiría que una red política derrotada siguiera ejerciendo una capacidad de veto efectiva sobre el Gobierno entrante (CER).

El argumento contrario es igual de serio. Una norma redactada para un presidente con nombre y apellidos no es una regla neutral, sino un arma constitucional dirigida contra una persona concreta. Un límite de edad retroactivo que expulsa a jueces identificables reproduce las prácticas de colonización judicial que los estándares europeos sobre Estado de derecho tratan de impedir (CMS). Le Monde describió a Magyar como proeuropeo, pero calificó el procedimiento de «controvertido». Le Figaro advirtió de que restaurar el Estado de derecho no justifica abandonar las garantías jurídicas (Le Monde, Le Figaro).

Sulyok impugnó la reforma antes de la votación. Pidió a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, cuyas opiniones tienen peso en todo el continente aunque no sean vinculantes para los Gobiernos, que evaluara si una cláusula escrita para terminar su mandato respeta los principios del Estado de derecho (Budapest Times). La Comisión no examinará el caso hasta octubre (Telex). La mayoría de Magyar votó en julio. Un Gobierno que espera el escrutinio externo muestra disposición a corregir. Uno que avanza antes de recibirlo indica que la velocidad pesa más.

La prueba de coherencia para Bruselas

Tres días antes de la votación, la Comisión Europea confirmó que Hungría se incorporaría a la Fiscalía Europea, que puede investigar delitos contra el presupuesto comunitario que Budapest había mantenido fuera del control externo. Los ministros de Finanzas de la UE aprobaron además un plan de recuperación revisado que podría desbloquear alrededor de 10.000 millones de euros vinculados a hitos anticorrupción (Euronews, Telex).

La adhesión a la Fiscalía Europea envía una señal fuerte. Pero una señal no equivale a una investigación. La oficina de recuperación de activos ya existe en la Constitución, aunque sus poderes, su independencia y su control judicial dependerán de una legislación de desarrollo que aún no se ha redactado. La Comisión puede mantener congelados los pagos si no se cumplen los hitos (CER). La cuestión es si lo hará. Bajo Orbán, Bruselas trató las condiciones sobre el Estado de derecho como una palanca frente a un actor hostil. Magyar es un aliado. Ha heredado instituciones capturadas, y desmontarlas forma parte de una reparación legítima. Pero el método cuenta, y la intención proeuropea no sustituye a una reconstrucción del Estado de derecho con garantías exigibles.