Hungría aún no recupera €4.2bn tras reformas

La congelación de fondos europeos a Hungría sigue vigente. El 23 de septiembre, la Comisión Europea propuso levantar las sanciones presupuestarias que mantienen bloqueados 4.200 millones de euros en fondos de desarrollo regional e impiden conceder nuevas ayudas de la UE a universidades gestionadas por fundaciones (anuncio de la Comisión). Ahora, los Gobiernos nacionales deben decidir si Hungría ha resuelto el problema mientras las fundaciones universitarias que están en el centro del caso siguen existiendo.

Algunos titulares dieron por «desbloqueado» el dinero (Euronews). Es prematuro: los fondos no se moverán hasta que voten los Gobiernos.

Por qué se congeló el dinero

Las sanciones se remontan a diciembre de 2022. El Consejo, donde votan los Gobiernos nacionales, concluyó que los fondos de la UE en Hungría estaban expuestos a licitaciones públicas amañadas, una persecución insuficiente del fraude y conflictos de intereses (decisión del Consejo de 2022). Señaló en particular a las «fundaciones de interés público», que gestionan muchas universidades húngaras.

El Consejo suspendió parte de los compromisos de financiación de Hungría —promesas de la UE de sufragar proyectos futuros— en tres programas regionales. Desde entonces, una parte de esos fondos congelados se ha perdido o se ha trasladado a otros programas. Por eso, la cantidad que está ahora en juego es menor que la congelada inicialmente (Portfolio).

Una reforma aún incompleta

El Gobierno de Péter Magyar, que sustituyó al de Viktor Orbán, comunicó a la Comisión el 9 de septiembre las medidas adoptadas para corregir las deficiencias (comunicado de la Comisión). En menos de dos semanas, la Comisión las consideró suficientes. Señaló el refuerzo del organismo de lucha contra la corrupción y la incorporación de Hungría a la Fiscalía Europea, el órgano de la UE encargado de perseguir los delitos que afectan a su presupuesto. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, calificó los cambios de pasos importantes para el Estado de derecho (anuncio de la Comisión).

El punto más débil del expediente son las fundaciones. Hungría ha empezado a desmantelarlas, pero todavía no ha completado el proceso. Tineke Strik, eurodiputada neerlandesa de los Verdes, celebró los avances, pero preguntó por qué la Comisión da por controlados los riesgos para el presupuesto mientras no se haya completado la disolución. El propio texto de la Comisión reconoce esa laguna al afirmar que los riesgos están atajados mientras se extinguen las fundaciones (comunicado de la Comisión). Strik expresa una opinión propia; el Parlamento Europeo no vota esta decisión.

Quién decide y qué seguirá bloqueado

El Consejo decide por mayoría cualificada, un sistema de voto ponderado que impide a Hungría sacar adelante la decisión por sí sola y a cualquier Gobierno bloquearla en solitario (Consejo). Los Gobiernos tienen hasta el 23 de octubre, un mes desde la propuesta, y pueden prorrogar el plazo hasta dos meses en circunstancias excepcionales (Reglamento de condicionalidad). Los funcionarios mantuvieron conversaciones técnicas el 24 de septiembre y tienen previstas otras para el 1 de octubre, pero no hay ninguna votación ministerial en el calendario (EUobserver). Ningún Gobierno ha dicho públicamente cómo votará.

Un voto favorable no liberaría todos los fondos. La Comisión afirma que unos 3.500 millones de euros de otros fondos regionales seguirían bloqueados por condiciones distintas, relacionadas con la libertad académica, la protección de las personas LGTBIQ, el asilo, la pobreza y la inclusión de la población romaní (informe de la Comisión). Ese dinero se rige por sus propias normas, con independencia de lo que ocurra con esta sanción. Budapest ha insistido este mes en varios expedientes de financiación europea (To Brief), y no todos avanzan al mismo ritmo.

Los primeros en notar un voto favorable del Consejo serían los estudiantes y los investigadores. Levantar la prohibición de conceder ayudas permitiría a la UE firmar nuevos acuerdos con unas 21 universidades afectadas en el marco de Erasmus+ y Horizon Europe, sus programas de intercambio estudiantil e investigación (EU News). Las plazas y las ayudas seguirían adjudicándose mediante los procedimientos habituales de selección.

La decisión que tienen ante sí los Gobiernos es concreta. La Comisión les pide que levanten las sanciones antes de que concluya el desmantelamiento de las fundaciones, y sostiene que entretanto el riesgo está controlado. La propuesta describe nuevas normas e instituciones, pero todavía no muestra qué pruebas ha valorado la Comisión para concluir que funcionan, como licitaciones organizadas de otra manera o procedimientos judiciales ya iniciados. Los Gobiernos tienen hasta el 23 de octubre para decidir si bastan las nuevas leyes (Reglamento de condicionalidad). La Comisión debe presentar esas pruebas a los Gobiernos y a Strik antes de que voten.