Hungría aparta a los fiscales ordinarios

Hungría ha preparado el borrador de una nueva oficina de recuperación de activos con facultades para exigir datos, inspeccionar documentos, sancionar la obstrucción y asumir algunos casos que hoy corresponden a las fiscalías ordinarias, según HVG y Portfolio. El organismo puede servir a Budapest para responder a las objeciones europeas sobre corrupción. También puede abrir otro problema de Estado de derecho antes de que Bruselas desbloquee los fondos congelados.

La clave está en la combinación de poderes

La futura Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos, conocida por sus siglas húngaras NVVH, tendría acceso amplio al uso del dinero público. Telex señala que podría examinar organismos del presupuesto central, gobiernos locales, entidades respaldadas por el Estado, empresas financiadas con fondos públicos y proyectos sufragados con dinero europeo.

Su alcance no se limitaría a los expedientes públicos. Una unidad previa a la vía penal podría revisar cuentas bancarias, registros y documentos oficiales, con apoyo de la policía, la fiscalía y la autoridad tributaria húngara, NAV, según el mismo informe de Telex. Ahí reside el peso de la propuesta: la oficina conectaría los registros del gasto público con los rastros financieros privados.

Ese diseño tiene una lógica práctica. Los conflictos de Hungría con la UE llevan años girando en torno a la contratación pública, las cadenas de propiedad, los activos públicos y la debilidad de la aplicación de la ley. Portfolio sostiene que el borrador permitiría a la NVVH reconstruir flujos de dinero, contratos y vínculos de propiedad, incluidos activos relacionados con el Banco Nacional de Hungría y entidades creadas a su alrededor con participación del banco central. Cuando el dinero ha pasado por capas de empresas o fundaciones, una auditoría ordinaria puede llegar demasiado tarde.

El riesgo nace de la misma arquitectura. HVG afirma que la oficina podría abrir investigaciones antes de que exista sospecha penal. Si el asunto pasara a la vía criminal, podría retirar el caso a las fiscalías ordinarias, que no conservarían una función paralela ni podrían recuperarlo antes de la acusación según el borrador. La NVVH dejaría así de ser solo un órgano de vigilancia. Se convertiría en un canal de investigación y acusación con una concentración de poderes poco habitual.

El control de ese canal es decisivo. El texto prevé que el Parlamento elija al presidente y a los vicepresidentes de la oficina por mayoría de dos tercios, con mandatos de seis años no renovables, según Portfolio. Esa fórmula da al organismo una distancia formal respecto al Gobierno de turno. También convierte los primeros nombramientos en una decisión determinante, sobre todo en un Parlamento donde las mayorías cualificadas pueden dejar instituciones atadas durante años.

Bruselas conserva la llave

La NVVH no parece, con la información disponible, una condición europea expresamente identificada. Su utilidad para Budapest es otra: permite al Gobierno alegar que está construyendo herramientas reales para recuperar activos y proteger el dinero público.

Pero los fondos europeos no se liberan por la mera creación de una oficina. La Comisión ha aprobado el plan de recuperación revisado de Hungría, aunque todavía faltan la aprobación del Consejo y varios «superhitos» antes de cualquier desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo creado por la UE tras la pandemia, según Euronews. Un informe del Parlamento Europeo recuerda que Hungría no había presentado solicitudes de pago porque seguían pendientes hitos vinculados al Estado de derecho, y que los cambios legales, el cumplimiento de hitos, las solicitudes de pago y los desembolsos finales pasan por filtros distintos en el calendario.

Esa es la dimensión europea del caso. Hungría está probando si Bruselas recompensa una nueva capacidad de aplicación de la ley o si pregunta primero quién la controla. El relato de Reuters sobre el paquete actual apunta a las declaraciones de bienes, las garantías en contratación pública, la transparencia sobre la titularidad real, las fundaciones de interés público y la Autoridad de Integridad, el organismo anticorrupción creado por Hungría ante la UE, más que a la NVVH por sí sola como llave de los fondos bloqueados en Bruselas.

El precedente no se queda en Hungría

La Comisión tiene una tarea más difícil que comprobar si Hungría ha creado otra institución. Debe evaluar si la oficina funcionará con reglas claras: cómo se eligen los casos, cómo revisan los tribunales los registros y las multas, y qué margen tendrán las fiscalías ordinarias para impugnar que se les retire una investigación. La literatura académica sobre las condiciones impuestas a Hungría en el MRR muestra que las salvaguardias de Bruselas ya abarcan anticorrupción, contratación pública, tribunales, auditorías y protección del dinero europeo, no un único organismo emblemático por separado.

Otros gobiernos tendrán que convivir con el precedente. Si Bruselas considera que una concentración de poderes de investigación prueba por sí misma una reforma, futuros ejecutivos podrán copiar la forma sin incorporar los controles. Si la descarta demasiado rápido, puede parecer que rechaza una herramienta capaz de recuperar activos y proteger fondos europeos.

Hungría necesita reforzar la recuperación de activos. La cuestión pendiente es quién controla la oficina cuando sus competencias empiezan a tener efectos reales. Hasta que eso se vea en los nombramientos, en la revisión judicial y en casos concretos, la NVVH seguirá siendo a la vez una posible mejora de la aplicación de la ley y una advertencia sobre cómo la lucha contra la corrupción puede crear un nuevo centro de poder.