Hungría, bajo lupa por contratos opacos

La Autoridad de Integridad de Hungría, el organismo anticorrupción que Budapest tuvo que crear como condición para acceder a fondos europeos, ha publicado un informe anual de 322 páginas con una conclusión directa: el sobrecoste en la contratación pública no es un fallo del sistema. Es parte de su funcionamiento (eGov, Telex).

El hallazgo importa porque la UE impulsó este organismo como prueba de que Hungría podía volver a gestionar dinero europeo con garantías. Ahora es ese mismo organismo el que sostiene que la arquitectura de gasto que lo rodea sigue dañada de forma estructural.

Las maniobras son concretas

Las administraciones contratantes no están obligadas a comparar los precios con datos reales de mercado antes de lanzar las licitaciones. Ese vacío permite casi todo lo demás. Los valores estimados de los contratos se inflan desde el inicio. Los contratos anteriores, ya sobrevalorados, se convierten en referencia para la siguiente ronda. Los criterios técnicos se redactan de modo que solo un licitador pueda cumplirlos de manera realista. La contratación se agrupa o se fragmenta para esquivar una competencia efectiva (Átlátszó, HVG).

Las cifras encajan con ese patrón. Según HVG, casi una de cada cinco licitaciones adjudicadas en 2025 tuvo un solo ofertante. Telex informó de que contratación por valor de 309.500 millones de florines estaba vinculada a estructuras de propiedad opacas relacionadas con fondos de capital privado, con los mayores riesgos de sobrecoste concentrados en la construcción y la energía.

La Autoridad sí encontró un caso en el que el control funcionó. En un programa de paquetes de alimentos financiado con fondos europeos, una ronda posterior de contratación compró comida a precios casi un 40% inferiores a los minoristas, después de que rondas anteriores hubieran pagado entre 1,5 y casi 2 veces el precio de tienda. Con el mismo dinero se entregó más del doble de paquetes (Autoridad de Integridad). Un éxito aislado, sin embargo, no demuestra que el sistema haya cambiado.

Un supervisor sin dientes en una cadena de control llena de huecos

La UE creó la palanca mediante la norma de condicionalidad presupuestaria, el Reglamento 2020/2092, que permite suspender fondos cuando los fallos del Estado de derecho ponen en riesgo el dinero europeo. En diciembre de 2022, el Consejo de los Estados miembros congeló unos 6.300 millones de euros en compromisos de cohesión destinados a Hungría al amparo de esa norma (Consejo, Comisión Europea). Por separado, la Comisión aprobó el plan de recuperación húngaro dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia posterior a la pandemia, pero los pagos efectivos dependen de que Budapest cumpla antes determinados hitos anticorrupción. La Comisión verifica si esos hitos se han alcanzado; el Consejo puede bloquear los desembolsos si no es así.

La cadena de aplicación que sostiene todo ese esquema tiene un eslabón débil. La Autoridad de Integridad puede detectar riesgos, hacer comprobaciones y formular recomendaciones. No puede llevar a nadie ante los tribunales, suspender pagos ni desbloquearlos (Autoridad de Integridad). En condiciones normales, las causas penales corresponderían a la fiscalía húngara, pero el fraude contra el presupuesto europeo podría quedar en manos de la Fiscalía Europea, el organismo de la UE que sí puede investigar y acusar por delitos contra el dinero comunitario. La adhesión pendiente de Hungría a la Fiscalía Europea podría añadir capacidad real de ejecución (Fiscalía Europea, Euronews). Sigue sin resolverse si su jurisdicción alcanzará contratos firmados antes de la adhesión, y esa cuestión temporal determinará si los miles de millones ya gastados en licitaciones infladas podrán perseguirse alguna vez a escala europea.

La Comisión debe responder

La autoridad de competencia búlgara ya investiga un presunto cártel en 350 licitaciones de suministro alimentario (BTA), lo que sugiere que el problema de diseño de la contratación descrito por la Autoridad no es exclusivamente húngaro. La pregunta inmediata, sin embargo, es más estrecha: cuáles de sus hallazgos están ligados a los hitos que Hungría debe cumplir antes de que fluya el dinero europeo.

El historial muestra que la condicionalidad europea puede obligar a los gobiernos a crear instituciones de control. Aún no ha demostrado que pueda forzar a esas instituciones a cambiar la economía de gasto que tienen debajo. La Comisión debe dar una respuesta pública: qué hallazgos exigen mantener suspendidos los pagos y qué pruebas demostrarían que los precios de la contratación están bajando de verdad, en lugar de quedar validados por los mismos baremos inflados que la Autoridad acaba de exponer.