Hungría alerta de licitaciones infladas

La Autoridad de Integridad de Hungría, el organismo anticorrupción que Budapest creó en 2022 bajo presión de la UE, ha concluido que los sobreprecios están incorporados al modo en que se diseñan y adjudican los contratos públicos (Integrity Authority). Los expedientes cumplen las normas. Los precios no cuadran. Esa distancia entre respetar el procedimiento y obtener un valor razonable por el dinero público revela un punto ciego en las herramientas europeas de control presupuestario.

Cómo una licitación puede cumplir todas las reglas y aun así fallar

Una autoridad contratante publica el anuncio, respeta los plazos, evalúa las ofertas y adjudica el contrato. Todas las casillas quedan marcadas. Pero el mercado que rodea esa licitación puede estar condicionado antes de que llegue la primera oferta.

Los requisitos técnicos pueden redactarse a la medida de un proveedor concreto. Los umbrales de solvencia pueden excluir a competidores sin parecer discriminatorios. Los lotes pueden agruparse en contratos demasiado grandes para las empresas pequeñas. Los plazos pueden fijarse de forma que los recién llegados no tengan tiempo material para preparar una propuesta. La OCDE identifica las ofertas de cobertura, la rotación de adjudicatarios y el reparto de mercados como técnicas capaces de producir una apariencia documental indistinguible de la competencia real (OECD). El propio cuadro europeo de indicadores sobre contratación pública trata las licitaciones con una sola oferta y la baja concurrencia como señales de alerta, porque esos patrones sugieren que la prueba de mercado es más formal que efectiva (Single Market Scoreboard).

El resultado son ganadores previsibles y contratos inflados, pagados con fondos europeos, sin que conste en el expediente ninguna infracción procedimental.

Bruselas puede congelar fondos, pero no comprobar precios

La UE cuenta con instrumentos de presión. El reglamento de condicionalidad del Estado de derecho permite a la Comisión y al Consejo, donde votan los Gobiernos de los Estados miembros, proteger el presupuesto europeo cuando las deficiencias de gobernanza generan riesgo financiero. En 2022, el Consejo lo aplicó contra Hungría y suspendió 6.300 millones de euros en compromisos de programas de cohesión, al considerar sistémicas las debilidades en contratación pública y lucha contra la corrupción (Council Implementing Decision 2022/2506, CER). Por otra vía, el acceso de Hungría a los fondos de recuperación quedó vinculado al cumplimiento de hitos sobre independencia judicial, anticorrupción y salvaguardias en contratación pública (Commission Hungary RRF page).

Son herramientas reales y con capacidad de daño político y financiero. Pero funcionan desde arriba: congelan fondos, fijan condiciones y verifican hitos. Ninguna responde, contrato por contrato, a una pregunta más concreta: cuánto habría costado esta carretera, este sistema informático o este edificio en una competencia genuina.

La OLAF, la oficina antifraude de la UE, puede investigar y recomendar recuperaciones, pero no acusar ante los tribunales (OLAF). La Fiscalía Europea puede perseguir delitos contra el presupuesto comunitario, pero necesita indicios de conducta penal, como fraude o soborno, no simplemente precios altos (EPPO). El Tribunal de Cuentas Europeo ha descrito el marco antifraude del fondo de recuperación como una obra aún en construcción, lo que refuerza esa brecha entre verificar hitos y comprobar si los precios son razonables (ECA Special Report 06/2026).

El mismo ángulo muerto en todas partes

La historia se lee de forma distinta según el país, pero todos los enfoques nacionales dejan fuera el mismo elemento. Alemania, el mayor contribuyente neto de la UE, lo interpreta como una cuestión de control presupuestario: si los contribuyentes reciben valor por su dinero (Spiegel). Rumanía pone el foco en los pasos de Hungría hacia la Fiscalía Europea como vía de corrección (Digi24). Polonia lee el caso a través de su propia experiencia con fondos congelados (Brussels Times). Eslovaquia presenta el nuevo impulso anticorrupción de su Gobierno como prueba de que el sistema puede corregirse desde dentro (Aktuality.sk).

Cada lectura capta una parte del problema. Ninguna formula la pregunta del precio. Los fiscales castigan delitos. Los auditores señalan fallos de sistema. La condicionalidad congela dinero. Pero, para demostrar un sobrecoste, la Comisión tendría que establecer cuánto debería haber costado un contrato en un mercado realmente abierto. Ninguna institución europea produce hoy esa respuesta.

La Autoridad de Integridad húngara ha puesto nombre a una laguna que Bruselas aún no ha cerrado. Una licitación puede ser legal, competitiva sobre el papel y, aun así, estar inflada. La Comisión y el Tribunal de Cuentas disponen del mandato y de los datos necesarios para desarrollar referencias de precios de mercado. Mientras no construyan esa capacidad, la protección del presupuesto europeo seguirá detectando con más facilidad las reglas rotas que los contratos inflados que no rompen ninguna.