Irlanda recorta programas comunes de la UE

Irlanda propone que la UE gaste hasta 1,622 billones de euros entre 2028 y 2034, a precios de 2025: 141.000 millones menos de lo que pidió la Comisión Europea (documento de negociación del Consejo). El borrador protege las cantidades que recibe cada país para agricultura y regiones, y concentra los mayores recortes en los programas gestionados conjuntamente por la UE. Los gobiernos que reclaman un presupuesto menor siguen oponiéndose. El acuerdo determinará cómo financiará Europa la agricultura, las regiones más pobres, la investigación y la defensa hasta mediados de la próxima década.

Irlanda preside las conversaciones entre los gobiernos porque ocupa la presidencia rotatoria del Consejo. Su «documento de negociación» es una base para alcanzar un acuerdo, pero no obliga a ningún país. El presupuesto a largo plazo que propone fija límites anuales de gasto; los presupuestos anuales que se aprueben dentro de esos límites determinarán qué se compromete y qué se paga (artículo 312 del Tratado).

Dónde recaen los recortes

Irlanda sostiene que el borrador protege los fondos agrarios, regionales y pesqueros que reclama la mayoría de los gobiernos y, al mismo tiempo, financia prioridades más recientes (presidencia irlandesa). Las cifras respaldan la primera parte de ese argumento. Frente al plan de la Comisión, la partida de investigación, industria y defensa se reduce un 12,8%. La que reúne las ayudas agrarias y los fondos de cohesión —destinados a reducir las diferencias entre regiones— cae solo un 3,4% (anexo del Consejo).

El planteamiento coincide con la petición de 17 líderes, que reclamaron proteger la agricultura y la cohesión (Politico). El mínimo garantizado para las ayudas a la renta agraria se mantiene casi intacto, en torno a 261.000 millones de euros (anexo del Consejo). El acuerdo aún está lejos, pero las prioridades del borrador están claras.

Seis gobiernos defendían otra distribución de los recortes. En agosto, Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia reclamaron un presupuesto mucho menor y propusieron financiar la defensa y la competitividad con fondos ya existentes (declaración conjunta). El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que el volumen de la propuesta irlandesa no podía servir de base para un acuerdo (Tagesschau). El ministro danés de Finanzas, Peter Hummelgaard, también cuestionó las prioridades: a su juicio, la agricultura y las regiones apenas soportan el ajuste, mientras que la competitividad y la seguridad asumen el coste (Politiken).

Quién puede bloquear y quién solo puede influir

Los eurodiputados que lideran la negociación presupuestaria rechazaron el documento por el motivo contrario. Sostienen que, al contar la inflación y el pago de la deuda, el presupuesto permitiría financiar menos que el actual (Parlamento Europeo). El total incluye 149.296 millones de euros para devolver los préstamos conjuntos que financiaron la recuperación tras la pandemia, una cantidad que no sirve para financiar nuevos proyectos (anexo del Consejo). Esa cifra, por sí sola, no demuestra la comparación del Parlamento, pero sí hace que el total anunciado parezca mayor que los fondos disponibles para nuevos proyectos.

El reparto de poder es desigual. Cualquier gobierno puede vetar el acuerdo final. El Parlamento no puede modificarlo, aunque sí puede rechazarlo (artículo 312 del Tratado). Los líderes debatirán el borrador irlandés en la cumbre del 15 y 16 de octubre; la reunión puede orientar las negociaciones, pero no decidirá el acuerdo (Consejo Europeo).

Las ciudades quieren voz, además de fondos

Los alcaldes de las capitales plantean otro riesgo. Piden que los líderes expliquen cómo afectarían los recortes a las ciudades antes de fijar el presupuesto y que los gobiernos locales sigan participando en el diseño y la gestión de los programas europeos (EUNews). La carta se publicó antes del borrador irlandés y criticaba la propuesta de recortes de los seis gobiernos. La firmó el alcalde de La Haya, aunque el Gobierno neerlandés forma parte de ese grupo.

Hoy, cada país debe destinar al menos el 8% de su fondo de desarrollo regional a proyectos urbanos que las autoridades municipales ayudan a seleccionar (reglamento del FEDER). La Comisión quiere agrupar esos fondos en un único plan de asociación por país, elaborado por el Gobierno nacional. En febrero, meses antes del borrador irlandés, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo analizó esas propuestas y no encontró ninguna garantía que sustituyera el mínimo para proyectos urbanos (informe del EPRS). Las ciudades temen que los fondos regionales sigan dentro del presupuesto nacional, pero desaparezcan tanto su cuota garantizada como su papel en la selección de proyectos.

Los alcaldes no tienen derecho de veto ni voto de aprobación. Su capacidad de influencia depende de los eurodiputados y ministros nacionales que redactarán juntos las leyes específicas de cada fondo, como hicieron con las normas actuales de los fondos regionales. El borrador irlandés protege las asignaciones nacionales a costa de recortar programas comunes y todavía no convence a los gobiernos que pueden bloquearlo. La garantía de una cuota para las ciudades dependerá de quienes redacten las normas de los planes de asociación, no de este documento de negociación.