Italia reduce 50 traslados a tres llegadas

Ocho países de la UE presentaron solicitudes de traslado a Italia en las tres primeras semanas desde que las nuevas reglas de asilo empezaron a aplicarse el 12 de junio. Italia las rechazó todas. Dos meses después, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo a ANSA que desde la entrada en vigor del pacto habían llegado unas 50 solicitudes, pero solo tres personas habían pisado físicamente territorio italiano. Esa distancia entre una decisión administrativa y una persona bajando de un autobús era precisamente lo que el Pacto de Migración y Asilo de la UE debía corregir. Los primeros indicios apuntan a que no lo ha hecho.

Se acumulan las solicitudes, no las llegadas

La primera evaluación de la Comisión Europea cubría el periodo entre el 12 de junio y el 7 de julio e identificaba 12 expedientes de traslado procedentes de ocho Estados miembros, todos rechazados por Roma. La entrevista de Piantedosi del 21 de agosto actualiza el cuadro: unas 50 solicitudes recibidas y tres llegadas efectivas.

Austria es el único país que sostiene haber completado entregas concretas. Medios austríacos e italianos, que citan al Ministerio del Interior de Austria, hablan de cuatro solicitantes de asilo trasladados físicamente en autobús o tren después del 12 de junio (ORF, Il Sole 24 Ore). Pero esas cuatro transferencias austríacas encajan mal con las tres llegadas mencionadas por Piantedosi. No se han publicado datos caso por caso y ninguna de las partes ha explicado la discrepancia.

La misma brecha aparece en el conjunto de Europa. Los datos de Eurostat muestran que en 2025 las 111.708 solicitudes salientes bajo el antiguo sistema de Dublín, las reglas anteriores de la UE que atribuían por lo general la responsabilidad del asilo al primer país de entrada, se tradujeron en solo 16.620 traslados efectivos. Italia recibió por sí sola 24.152 solicitudes entrantes aquel año. Las nuevas normas del pacto se diseñaron para reducir esa distancia mediante mejores herramientas probatorias y criterios de responsabilidad más claros. El cuello de botella, sin embargo, nunca estuvo solo en identificar al Estado responsable. Estaba en ejecutar el traslado.

Por qué la demora es el arma

Según la jurisprudencia europea, si un traslado no se ejecuta en un plazo de seis meses, la responsabilidad vuelve al Estado que lo solicitó (Reglamento 604/2013, art. 29). Italia no necesita ganar una discusión jurídica. Le basta con dejar correr el plazo.

La Comisión ha dicho con claridad que un Estado receptor no puede limitarse a rechazar un traslado, sino que debe proponer una fecha alternativa. Bruselas, aun así, no tiene capacidad operativa para subir a alguien a un avión con destino a Roma. Su herramienta de presión es el procedimiento de infracción, un proceso jurídico lento que puede acabar en una sentencia y en multas. Es una amenaza que se mide en años, no en semanas. Frente a un plazo de seis meses, llega tarde por diseño.

La disputa entre Berlín y Roma muestra cómo funciona esa dinámica. Cuando Alemania intentó trasladar a tres solicitantes de asilo el 19 de agosto, el Viminale, el Ministerio del Interior italiano, sostuvo que los casos eran anteriores al inicio del pacto el 12 de junio y quedaban cubiertos por un entendimiento bilateral de «borrón y cuenta nueva» alcanzado a finales de 2025 (Adnkronos, Tagesschau). Alemania discrepa. La zona gris entre los expedientes antiguos de Dublín y los nuevos casos del pacto es justo el terreno en el que chocan ambos gobiernos, sin que el derecho de la UE ni el acuerdo bilateral tracen una línea nítida.

Como contamos, el viceprimer ministro Matteo Salvini dijo la semana pasada que Italia no aceptaría devoluciones desde Alemania mientras los barcos de ONG alemanas siguieran llevando migrantes rescatados a puertos italianos. Ese marco vincula obligaciones jurídicas distintas, pero cumple una función política: convierte una cuestión procedimental en un argumento de soberanía con recorrido interno.

El fallo de ejecución afecta a toda Europa

Finlandia ha confirmado que prepara traslados individuales a Italia, aunque no había completado ninguno hasta el 21 de agosto (HS). Países Bajos pactó con Roma un enfoque de borrón y cuenta nueva limitado a los casos posteriores al 12 de junio, pero ninguna fuente neerlandesa confirma un traslado completado (NOS).

Irlanda presiona a Roma junto a varios países del norte, aunque su propio historial debilita esa presión. The Irish Times informó de solo 19 traslados físicos frente a 1.037 decisiones de traslado entre 2021 y 2025. Eurostat registró cero traslados irlandeses salientes bajo Dublín en 2025. Incluso los Estados que exigen a Italia que cumpla han tenido dificultades para convertir sus propias decisiones administrativas en movimientos reales de personas.

El pacto dio a Europa mejores herramientas para demostrar qué país debe tramitar una solicitud de asilo: una base de huellas más amplia (la reforma de Eurodac), reglas más claras para atribuir responsabilidades y disposiciones más estrictas frente a los movimientos secundarios. Nada de eso otorga a nadie la capacidad de ejecutar un traslado cuando el Estado receptor ralentiza el proceso. El pacto ha mejorado la asignación de responsabilidades. La ejecución sigue en manos de gobiernos nacionales que pueden no querer cooperar. La Comisión debe aclarar si abrirá un procedimiento de infracción contra Italia. Hasta entonces, Roma está poniendo a prueba si sirve de algo precisar la responsabilidad cuando un Gobierno se limita a no mover a nadie.