Italia bloquea los traslados alemanes

Matteo Salvini dijo en un mitin de la Liga el 22 de agosto que Alemania no tenía «ningún derecho» a devolver a Italia «ni un solo inmigrante irregular» mientras barcos de ONG alemanas desembarcaran personas en costas italianas (ANSA). La frase buscaba el choque. Pero la capacidad de aceptar o rechazar traslados de solicitantes de asilo no está en el Ministerio de Transportes que dirige Salvini, sino en el Ministerio del Interior de Matteo Piantedosi, cuyo departamento lleva desde mediados de agosto rechazando discretamente las solicitudes alemanas de traslado (Il Messaggero). Salvini pone la música. Piantedosi sostiene el bloqueo.

La diferencia importa porque, bajo el teatro político, hay un pulso administrativo con el nuevo sistema europeo de asilo apenas dos meses después de su entrada en aplicación.

Qué reglamento se aplica

La disputa entre Berlín y Roma gira en torno a una fecha: 12 de junio de 2026. Ese día empezó a aplicarse el nuevo Reglamento sobre Gestión del Asilo y la Migración de la UE, que sustituyó al antiguo sistema de Dublín (EUR-Lex). En ambos marcos, el país por el que entra o se registra por primera vez un solicitante de asilo suele ser responsable de tramitar su expediente.

Alemania quiere devolver personas a Italia con arreglo a las nuevas normas. El Ministerio del Interior italiano sostiene que quienes llegaron antes del 12 de junio quedan sometidos al régimen anterior y no pueden reabrirse como casos nuevos (Sky TG24). Roma rechazó formalmente a mediados de agosto tres traslados previstos desde Alemania. Uno afectaba a una mujer somalí de 22 años que había llegado a Alemania en marzo. Antes de la fecha fijada para el traslado, se acogió a la protección de una iglesia en Núremberg y el caso decayó antes de que pudiera poner a prueba las nuevas reglas (EU Perspectives).

Piantedosi intentó rebajar la disputa. El 21 de agosto dijo a ANSA que Italia había recibido unas 50 solicitudes desde el 12 de junio, pero que solo habían llegado tres personas, y calificó la polémica de «estéril» (ANSA). Las cifras son pequeñas. El problema para Berlín y para la Comisión Europea es que Roma se niegue a aceptar incluso esos casos.

Quién presiona y quién se contiene

La presión sobre Roma ya no es solo bilateral. Austria ha completado cuatro traslados a Italia desde la entrada en vigor práctica del pacto, en casos cooperativos de personas que viajaron en tren o autobús (ORF, Die Presse). Finlandia prepara traslados individuales, aunque no constan llegadas completadas (Helsingin Sanomat). Países Bajos afirma que ha iniciado el procedimiento (Adnkronos).

Francia y España se contienen. Madrid, que también es país de primera entrada, prefiere encauzar los traslados a través de los instrumentos de solidaridad del pacto, un sistema en el que los Estados pueden elegir entre acoger personas reubicadas o aportar dinero a un fondo común, en lugar de mediante expulsiones bilaterales (Euronews). La cautela española tiene interés propio: cualquier precedente que normalice devoluciones ilimitadas al país de primera entrada puede volverse después contra Madrid.

La primera evaluación de la Comisión, referida al periodo entre el 12 de junio y el 7 de julio, constató que ocho Estados miembros presentaron solicitudes relativas a 12 traslados a Italia. Italia los rechazó todos. Bruselas recordó que un Estado receptor no puede limitarse a negarse y debe proponer una fecha alternativa. La instrucción buscaba impedir el rechazo por dilación, pero no produjo por sí sola ningún traslado (European Commission, 2EU Brussels).

Roma puede decir no hoy; Bruselas puede sancionar después

La posición jurídica alemana puede ser correcta, pero sus instrumentos de ejecución son lentos. La Comisión puede abrir un procedimiento de infracción, el mecanismo formal para obligar a un país a cumplir el derecho de la UE. Alemania podría, en teoría, presentar una demanda de Estado contra Estado ante el Tribunal de Justicia, aunque ningún Estado miembro lo ha hecho en materia migratoria porque envenena las relaciones bilaterales durante años. Las sanciones económicas solo llegan después de una sentencia y de una desobediencia persistente (artículo 258 del TFUE). Nada de eso mueve a una persona de un lado a otro de la frontera la semana siguiente.

El verdadero instrumento de Italia es el tiempo. Si un traslado no se ejecuta dentro del plazo legal, la responsabilidad vuelve al Estado remitente, como estableció el Tribunal de Justicia en su sentencia Shiri de 2017 (TJUE, C-201/16). Rechazar, discutir la clasificación, insistir en una nueva fecha, vincular la cooperación a la cuestión de los barcos de ONG: el derecho europeo de asilo no convierte a Alemania en responsable de una solicitud porque un buque de rescate navegue con bandera alemana (EUR-Lex AMMR). Pero el argumento de Salvini no necesita ser jurídicamente correcto para resultar políticamente útil. Da tiempo a Roma mientras los Estados del norte consumen sus plazos.

Los cuatro traslados completados por Austria prueban que el sistema puede funcionar. También muestran su escala: cuatro personas, en autobús, en dos meses. El antiguo sistema de Dublín generó 24.152 solicitudes de traslado a Italia solo en 2025, mientras Alemania ejecutó únicamente 5.377 traslados en total, sumando todos los destinos (Eurostat vía Sky TG24). La distancia entre el expediente y el movimiento físico fue el fallo crónico de Dublín. Por ahora, Italia ha encontrado en el nuevo pacto una versión del mismo punto débil: la ley puede asignar responsabilidades más deprisa de lo que Bruselas puede imponer su cumplimiento.