Empresas legales cubren a mafias europeas

El último mapa de amenazas de Europol muestra que el 85% de las redes criminales más peligrosas de la UE opera con estructuras empresariales legales (Europol, European Sting). Se trata de sociedades registradas, con mercancías que pasan por puertos reales y facturas que circulan dentro del mercado único, no solo de pantallas opacas en jurisdicciones extraterritoriales.

La agencia ha identificado 731 redes de alto riesgo, con más de 400.000 miembros de 118 nacionalidades (Europol, Euronews). La cifra baja respecto a las 821 del informe de 2024, pero la lectura lineal engaña: las operaciones policiales dirigidas desarticularon el 76% de las redes anteriores y 533 nuevas ocuparon su lugar (Europol, La Razón). El crimen organizado en Europa no se está reduciendo. Se recompone.

Canales legales, carga criminal

Los ejemplos recorren el continente. En Amberes, las aduanas incautaron varias toneladas de hachís escondidas en un contenedor declarado como sulfato de calcio (Transport Online). En Países Bajos, directivos de una terminal legal de transbordo se sentaron en el banquillo acusados de haber puesto sus instalaciones portuarias al servicio del tráfico de drogas (NPO Radio 1). En Eslovaquia, la fiscalía imputó a diez empresas en una trama en la que sociedades registradas a nombre de testaferros habrían movido casi 20 millones de euros (Denník N).

El patrón se repite. Las redes criminales no necesitan levantar una infraestructura paralela: utilizan la legal. La unidad de inteligencia financiera italiana registró unas 162.000 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2025, y esas alertas alimentaron más de la mitad de los decomisos propuestos por la dirección antimafia del país (Banca d'Italia). Los canales legales del dinero son el lugar donde la infraestructura criminal se vuelve visible. El Ministerio de Finanzas alemán describió los activos y las estructuras empresariales como la «sangre vital» de las redes mafiosas (BMF).

Bruselas coordina, pero no detiene

La Comisión Europea presentó el 24 de junio un paquete de reformas para reforzar Europol, la agencia de apoyo policial de la UE, y Eurojust, su órgano de cooperación judicial. La propuesta incluye un espacio común de datos policiales, oficinas de Europol dentro de los Estados miembros y un presupuesto que se duplicaría hasta los 3.000 millones de euros para el periodo 2028-2034 (DG HOME, ECO).

El plan choca con un límite jurídico básico. Según los tratados europeos, Europol apoya a las policías nacionales, pero no puede detener a nadie ni instruir procedimientos penales por su cuenta (artículo 88 del TFUE). La nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), con sede en Fráncfort, no empezará a supervisar directamente hasta 2028 y, en una primera fase, solo vigilará a un grupo limitado de entidades financieras transfronterizas de alto riesgo (AMLA). Los registros mercantiles, las autoridades portuarias, las fiscalías locales y las oficinas de aduanas siguen siendo nacionales.

Una sola red criminal puede utilizar una sociedad pantalla chipriota, un puerto belga, una cuenta bancaria eslovaca y un circuito de facturación italiano. Investigarla exige cooperación entre cuatro jurisdicciones, cada una con sus fiscales, sus reglas de acceso a datos y sus tiempos. Bruselas puede mejorar el intercambio de información y aumentar los presupuestos, pero no sustituye la aplicación nacional de la ley. El poder real sigue en manos de policías, fiscales y aduaneros nacionales, que necesitan autorización mutua para actuar al otro lado de la frontera.

La ampliación de los poderes de Europol sobre datos también entraña riesgos. La propuesta de la Comisión, la tercera reforma del mandato de la agencia en seis años, ensancharía su capacidad de recogida de información. La plataforma Protect Not Surveil sostiene que ese cambio debilitaría la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos (Protect Not Surveil). El intercambio rápido de datos policiales y las garantías suficientes no siempre avanzan en la misma dirección cuando el marco legal se expande a esa velocidad.

La brecha decisiva

El paquete de la Comisión es una propuesta legislativa, no una ley. Aún debe negociarse entre el Parlamento Europeo y el Consejo, donde se sientan los Gobiernos de los Estados miembros, en un proceso que suele durar años. La cifra del 85% muestra la escala de la infiltración, pero todavía no existe un desglose público que permita ver qué sectores, países o tipos de sociedades legales se explotan con más frecuencia.

El mercado único europeo se construyó para facilitar el comercio, la creación de empresas y la financiación transfronteriza. Las redes criminales tratan esa apertura como una infraestructura operativa. Las mercancías, el dinero y los datos se mueven con libertad. La policía, los fiscales y los jueces se detienen en las líneas nacionales. Las redes aprendieron a operar a escala europea como empresas; quienes las investigan siguen trabajando como 27 países separados.