Lituania frena la potasa de Bielorrusia

Estados Unidos pidió a Lituania, Polonia y Ucrania que volvieran a permitir el tránsito de potasa bielorrusa por su territorio. Los tres países se negaron. La petición, remitida en mayo de 2026 mediante un documento oficioso sin firma del Departamento de Estado, muestra una fractura de fondo en la política transatlántica de sanciones. Washington ya ha levantado sus propias restricciones contra Belaruskali, el monopolio estatal bielorruso de la potasa. La UE no puede hacer lo mismo sin el acuerdo de los 27 Estados miembros. La diferencia es jurídica, no solo diplomática.

Por qué ningún país puede decir sí por su cuenta

Las sanciones europeas sobre la potasa bielorrusa están recogidas en el Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, una norma de aplicación directa para todas las autoridades aduaneras, operadores ferroviarios y terminales portuarias de los Estados miembros (finance.ec.europa.eu). El reglamento prohíbe no solo las importaciones, sino también el tránsito y el transporte de cloruro potásico bielorruso dentro del territorio de la UE (gov.ie). El ministro lituano de Exteriores, Kęstutis Budrys, lo resumió sin rodeos: mientras sigan vigentes las sanciones europeas, «esas actividades no pueden llevarse a cabo en Lituania, Letonia o Polonia» (LRT).

La adopción de esas sanciones exigió unanimidad en el Consejo de la UE, donde todos los Estados miembros deben estar de acuerdo. Su levantamiento requiere el mismo procedimiento. La UE renovó por unanimidad en febrero de 2026 las sanciones contra Bielorrusia hasta febrero de 2027, con las restricciones a la potasa expresamente incluidas (Mayer Brown). El documento estadounidense pide a tres países que hagan algo que el derecho europeo no les permite decidir por separado. El presidente lituano, Gitanas Nausėda, lo dijo de forma directa: «No podríamos cambiar nada aunque quisiéramos».

Presos a cambio de potasa

El argumento de Washington responde a una lógica transaccional. Desde enero de 2025, John Coale, enviado de Trump, ha viajado en varias ocasiones a Minsk y ha conseguido la liberación de más de 500 presos políticos, entre ellos el Nobel de la Paz Ales Bialiatski y la líder opositora Maria Kolesnikova, a cambio de un alivio gradual de las sanciones estadounidenses (Euronews, RFE/RL). En marzo de 2026, Washington había retirado por completo a Belaruskali de su lista de sanciones. El documento oficioso sugería que los ingresos europeos por tránsito podrían financiar la defensa de Ucrania, una fórmula pensada para presentar la negativa como una falta de solidaridad.

La tesis de que un alivio de sanciones podría alejar a Bielorrusia de Rusia choca con la realidad militar. Rusia desplegó en Bielorrusia su sistema de misiles Oreshnik, con capacidad nuclear, en diciembre de 2025, la misma semana del acuerdo sobre la potasa (Arms Control Association). El ministro ucraniano de Exteriores, Andriy Sybiha, rechazó esa lógica: «No debe haber ilusiones de que alguien, mediante algún tipo de concesiones, podrá sacar a Bielorrusia de la esfera de influencia de Rusia» (Interfax Ukraine).

El precio de negarse

La negativa lituana tiene un coste económico real. La potasa bielorrusa llegó a representar casi un tercio del volumen de carga del puerto de Klaipėda. Su pérdida supuso unos 14 millones de euros anuales en ingresos portuarios, y la terminal que gestionaba esos envíos vio caer su facturación de 96 millones a 3,2 millones de euros (Lrytas). Polonia ha optado por el silencio estratégico. Varsovia no ha confirmado ni desmentido haber recibido el documento, aunque la incompatibilidad del ancho ferroviario polaco con el bielorruso le ofrece una barrera técnica cómoda, además de la legal (Rzeczpospolita).

La UE ha seguido endureciendo su posición. El vigésimo paquete de sanciones, aprobado en abril de 2026, añadió nuevas designaciones contra entidades bielorrusas y elevó los aranceles sobre la potasa bielorrusa que llega al bloque (Mayer Brown).

El asesor presidencial ucraniano Dmytro Lytvyn señaló el riesgo sistémico: «Da a Putin la confianza de que las sanciones pueden relajarse» (RBC-Ukraine). Si una sanción sectorial europea de alto perfil puede erosionarse mediante presión bilateral estadounidense sobre capitales concretas, el mismo método podría aplicarse a las restricciones energéticas y financieras contra Rusia. La próxima prueba llegará en febrero de 2027, cuando las sanciones contra Bielorrusia deban renovarse de nuevo por unanimidad. Un solo Estado miembro puede bloquear la prórroga. Hungría ya ha utilizado esa palanca en paquetes sobre Rusia, aunque con el nuevo Gobierno de Péter Magyar Budapest se ha acercado más a la posición mayoritaria de la UE.

En paralelo, Lukashenko ha planteado la venta de una mina por 3.000 millones de dólares a inversores estadounidenses (Euromaidan Press). Si empresas de Estados Unidos entran en la producción bielorrusa de potasa, la petición discreta de Washington pasará a estar respaldada por un interés comercial directo.