Macron y Merz proponen vetos a firmas extranjeras

Emmanuel Macron y Friedrich Merz han solicitado a la Comisión Europea la creación de un mecanismo que permita responder a las prácticas extranjeras que distorsionan la competencia en el continente, llegando incluso a prohibir el acceso de empresas de terceros países al mercado único (Reuters, documento conjunto franco-alemán). La propuesta no concreta los umbrales que activarían dicha intervención ni el alcance exacto de los bloqueos que Bruselas podría imponer. Aunque el texto no menciona a ningún Estado en particular, el debate se enmarca claramente como una respuesta al auge comercial de China (Euronews).

El momento elegido para esta iniciativa es estratégico, ya que el responsable de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, tiene previsto mantener conversaciones con Pekín los días 8 y 9 de octubre (Politico).

Mayor alcance y un sistema de votación conocido

Los mandatarios de Francia y Alemania han remitido a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, una carta y un documento de trabajo en el que plantean una herramienta de respuesta para casos de distorsión del mercado a gran escala. El escenario previsto es el de un Gobierno extranjero que subvenciona a sus fábricas para producir por encima de la capacidad de absorción de su mercado interno; esto permite a dichas empresas vender en Europa a precios inferiores a los costes de producción de sus competidores locales, que acaban perdiendo pedidos.

Según el documento franco-alemán, la Comisión decidiría la respuesta y su dictamen sería vinculante a menos que al menos 15 Gobiernos que representen el 65 % de la población de la UE voten en contra. Este sistema obligaría a los detractores a articular una gran coalición de bloqueo, una tarea mucho más compleja que la de frenar discretamente una medida en las agendas de las capitales.

Este método de votación ya se emplea en los expedientes de defensa comercial, como las investigaciones sobre importaciones a precios de derribo o sostenidas por subsidios extranjeros. La novedad reside en el alcance: la herramienta podría aplicarse a sectores enteros en lugar de a productos específicos, y la sanción final podría ser la exclusión total del mercado en vez de un simple arancel adicional.

La lentitud de los mecanismos actuales

El caso de los vehículos eléctricos en 2024 ilustra el funcionamiento del sistema vigente. Tras investigar los subsidios chinos, Bruselas impuso en octubre de ese año aranceles específicos de entre el 7,8 % y el 35,3 % a los coches de batería fabricados en China (Comisión Europea). Se trataba de derechos compensatorios diseñados para neutralizar la ventaja del subsidio, pero el procedimiento se limitó a un único producto.

Macron y Merz sostienen que este ritmo es demasiado lento cuando un país domina toda una cadena de producción (Reuters). Por ello, proponen que la Comisión pueda abrir expedientes por iniciativa propia, analice sectores completos y actúe con mayor celeridad.

Las consecuencias de la intervención

Cualquier medida de exclusión conlleva efectos contrapuestos. Si bien proteger a las empresas europeas frente a un proveedor barato las beneficia, también encarece los costes para las fábricas y hogares europeos que dependían de esos suministros. A esto se suma el riesgo de represalias, algo que los autores del documento reconocen al proponer un mapa que evalúe el coste que tendrían las posibles contramedidas chinas para cada Estado miembro (documento conjunto).

El sector empresarial alemán refleja esta división. Según una encuesta de la cámara de comercio, el 60 % de las empresas desea reducir la dependencia de China, pero solo el 36 % apoya restringir el acceso al mercado (DIHK). La mayoría de las compañías busca una menor exposición, pero son muchas menos las que abogan por que Bruselas cierre puertas para lograrlo. La federación industrial BDI también prefiere un uso selectivo de las herramientas que la UE ya tiene a su disposición (BDI).

Mientras tanto, algunos Gobiernos buscan activamente atraer capital chino. Los proyectos de plantas de baterías en España con participación de empresas del gigante asiático suman inversiones previstas de casi 15.000 millones de euros (Expansión). Esta cifra no representa una pérdida inmediata, pero sí mide el volumen de inversión que una guerra comercial podría poner en riesgo, lo que otorga a Madrid unos incentivos muy distintos a los de París.

Por el momento, la propuesta no tiene carácter legislativo. Según el artículo 207 del Tratado de la UE, cualquier regulación comercial requiere una propuesta de la Comisión y la posterior aprobación tanto del Parlamento Europeo como de los Gobiernos nacionales (EUR-Lex). La Comisión ha calificado los documentos de «contribución valiosa» y los líderes europeos los debatirán en la cumbre de los días 15 y 16 de octubre (Euronews).

Los textos firmados no establecen un umbral de evidencia para definir qué constituye una distorsión «sistemática», ni detallan qué elementos podría bloquear Bruselas (documento conjunto). París y Berlín han planteado un poder potencialmente de gran alcance, dejando en manos de la Comisión la tarea de definir sus límites y los criterios para activarlo. De estas decisiones dependerá que las empresas que compran insumos chinos y los Gobiernos que aspiran a albergar sus fábricas acepten finalmente la medida.