La promesa de la OTAN abre una pelea presupuestaria

Los embajadores de los 32 países aliados aprobaron esta semana un borrador de declaración para la cumbre de Ankara que respalda a Ucrania con 70.000 millones de euros en ayuda militar en 2026 y un apoyo «al menos equivalente» en 2027 (DW, European Pravda). La cifra transmite firmeza, pero su composición es bastante más compleja: una parte relevante reagrupa préstamos europeos ya previstos, ayudas bilaterales nacionales y compromisos anteriores bajo un mismo titular. Varios gobiernos pasaron los días previos a la cumbre discutiendo hasta qué punto debía quedar cerrado el lenguaje sobre 2027 (RBC Ukraine).

El debate europeo sobre el apoyo a Ucrania ha dejado atrás la solidaridad simbólica para entrar en una discusión más áspera sobre qué cuenta como ayuda, quién ha pagado ya y si una declaración de cumbre puede sustituir a las votaciones presupuestarias, los pedidos de armamento y los calendarios de entrega.

Una promesa política, no una caja común de guerra

El total de 140.000 millones de euros en dos años no es un tesoro de la OTAN ni una emisión de deuda de la Alianza. La OTAN decide por consenso, es decir, con el acuerdo o al menos la no objeción de todos sus miembros, pero no suele endeudarse ni gastar a esa escala. El paquete debe entenderse más bien como una promesa política coordinada a través de la OTAN, que agrupa flujos de dinero separados: ayuda militar nacional, compromisos bilaterales y una parte considerable canalizada mediante financiación de la UE (DW).

El propio préstamo de apoyo a Ucrania de 90.000 millones de euros de la UE, financiado con deuda común europea y respaldado en parte por beneficios derivados de los activos rusos congelados, representa una porción sustancial. Solo en 2026 se prevén unos 28.300 millones de euros para producción de armamento (EU Reporter, ua.news). Kiev ya ha empezado a fijar los procedimientos para canalizar esos fondos hacia su industria militar (Komersant).

Esa arquitectura determina quién puede bloquear qué. La propuesta previa de Mark Rutte de fijar una contribución obligatoria mínima del 0,25% del PIB para ayuda a Ucrania no logró apoyo unánime (Ground News). Sobrevivió la declaración política no vinculante, precisamente donde fracasó la fórmula obligatoria.

La fractura contable

La división más marcada entre los aliados no enfrenta a partidarios y detractores de Ucrania, sino a distintas formas de llevar la contabilidad. Polonia respalda el paquete como una póliza de seguridad para un país en primera línea, pero quiere que se reconozcan sus costes acumulados: años de elevado gasto en defensa, miles de millones absorbidos por la acogida de ciudadanos ucranianos y el corredor logístico por el que pasa físicamente buena parte de la ayuda occidental hacia Ucrania (Business Insider Polska). Donald Tusk pidió a la delegación polaca prudencia ante nuevos compromisos financieros mientras esa carga siga sin contabilizarse (European Pravda).

Italia libró otra batalla. Roma se resistió a una redacción que dejara atado un apoyo equivalente para 2027, porque cualquier promesa deberá pasar después por el proceso presupuestario de un país con una deuda pública elevada. La prensa italiana contribuyó a la confusión sobre si el titular hablaba de 70.000 millones de euros anuales o de una cifra menor una vez descontados los compromisos ya existentes (Corriere della Sera, Open).

Chequia ofrece el contraste más claro con la realidad material. Praga coordina una iniciativa de munición que, según responsables checos, representó alrededor de la mitad de la munición entregada a Ucrania el año pasado (Novinky). Los medios checos describieron el paquete de la OTAN sobre todo como una coordinación de dinero obtenido por otras vías, no como efectivo nuevo reunido en una caja común (Aktuality.sk).

Dónde están los vetos

Eslovaquia y Hungría ocupan posiciones distintas en los márgenes. Robert Fico afirmó que Eslovaquia no destinaría dinero del presupuesto estatal a armas para Ucrania, aunque admitió que probablemente no podría impedir que otros siguieran adelante (NV). Esa postura debilita la unidad aliada, pero no bloquea el dinero.

La capacidad de presión de Hungría es más concreta. Cuando la financiación militar para Ucrania pasa por la política exterior y de seguridad común de la UE, donde las decisiones requieren unanimidad y cualquier país puede vetar, Budapest dispone de un poder real de bloqueo. El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, el instrumento extrapresupuestario con el que la UE reembolsa a los países que envían armas a Ucrania, es uno de esos cuellos de botella: Hungría puede retirar su consentimiento en decisiones individuales de desembolso (Artículo 31 TUE, Decisión del FEAP). Budapest también vincula los avances sobre Ucrania a garantías sobre los derechos de la minoría húngara en el oeste del país, una condición que seguiría pesando incluso con un cambio de gobierno (Telex).

Lo que aún no se sabe

El texto de la cumbre de Ankara queda pendiente del respaldo de los líderes, pero las preguntas difíciles llegan después. No se ha publicado ninguna fórmula de reparto por países. La frontera entre dinero nuevo y ayuda ya existente reclasificada sigue siendo difusa. Tampoco hay un calendario público de entregas que permita comprobar si las promesas se convierten en armas. La cadena de decisión pasa por cuatro filtros distintos: la OTAN puede coordinar y presionar, pero los parlamentos nacionales votan los presupuestos; las reglas de unanimidad de la UE pueden bloquear algunos instrumentos militares; y las agencias de contratación y las fábricas determinan si el dinero acaba convertido en munición. Los 140.000 millones compran credibilidad política. Que compren proyectiles es otra cuestión.