NATO tarda en señalar ataques bálticos

Un dron entra en el espacio aéreo letón desde la frontera rusa. Cazas de la OTAN despegan desde Šiauliai, la base lituana de policía aérea del Báltico, y lo derriban. La amenaza desaparece en minutos, pero queda la pregunta política: si fue un accidente, un efecto colateral de la guerra electrónica que desvió el GPS del aparato o una prueba deliberada de Rusia.

La secuencia, publicada por LRT el 8 de junio, resume la presión a la que se enfrenta ahora el flanco oriental de la OTAN. Los servicios de inteligencia polacos han advertido de que Rusia podría estar preparando provocaciones contra Polonia o los Estados bálticos (The Guardian). El ministro de Defensa lituano ha reconocido que identificar drones en vuelo sigue siendo difícil. Letonia está desplegando sistemas antidrones a lo largo de toda su frontera con Rusia y Bielorrusia (Sargs.lv). La respuesta militar existe. La vulnerabilidad está en el sistema de decisión que viene después.

La distancia entre interceptar y clasificar

El tratado fundacional de la OTAN traza dos líneas. El artículo 4 permite que cualquier aliado solicite consultas cuando considere amenazada su seguridad. El artículo 5, la cláusula de defensa colectiva, se activa tras un «ataque armado», pero solo cuando los aliados coinciden en que ese ataque se ha producido. A partir de ahí, cada Gobierno decide qué medidas considera necesarias, incluido el uso de la fuerza.

Las operaciones de zona gris se mueven precisamente entre esos dos artículos. La OTAN se ha reservado margen para tratar los ataques híbridos como supuestos de defensa colectiva: la cumbre de Varsovia de 2016 lo dijo expresamente, y los aliados han reiterado que una acumulación de actos hostiles puede cruzar esa línea. Pero la Alianza ha evitado fijar umbrales automáticos (Atlantic Council). Cortes de cables, incendios provocados, interferencias con drones: todo sigue siendo, en principio, un problema de seguridad nacional o de investigación policial hasta que los aliados acuerdan a quién atribuirlo.

Ahí está el cuello de botella. Algunos incidentes con drones en el Báltico se han vinculado a operaciones rusas de guerra electrónica que alteran los sistemas de navegación, lo que desplaza la dificultad desde la interceptación del aparato a la prueba de la intención. Los servicios nacionales de inteligencia reúnen las trazas de radar y los datos de señales, pero convertir esa información en una base que todos los aliados acepten exige compartir pruebas, construir un caso político y alcanzar consenso en el Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano político de la OTAN, donde se sientan los 32 aliados. Cada paso consume un tiempo que un incidente deliberadamente ambiguo está diseñado para absorber.

Las tropas avanzadas disuaden la guerra, no la ambigüedad

La respuesta de Alemania ha consistido en elevar el coste de cualquier prueba rusa. Se prevé desplegar unos 5.000 soldados de la Bundeswehr en la nueva brigada de Lituania, con alrededor de 1.800 ya sobre el terreno y plena disponibilidad más adelante. Francia contribuye mediante rotaciones de policía aérea en el Báltico y mantiene fuerzas en Estonia (Ifri).

Estos despliegues hacen que cualquier incidente tenga de inmediato una dimensión multinacional visible. Pero la presencia de tropas alemanas en Lituania no decide por sí sola que se aplique el artículo 5. Lituania debe determinar primero cómo encaja el incidente en su propio marco jurídico. Después, los aliados deciden en el Consejo del Atlántico Norte si los hechos justifican una respuesta colectiva (Oxford analysis). Una provocación pensada para quedarse por debajo del umbral claro de ataque armado obliga a activar toda esa cadena antes de que la Alianza pueda actuar de forma conjunta.

El riesgo de tempo dentro de la Alianza

Eslovaquia muestra cómo la Alianza podría agrietarse sin que nadie rompa formalmente la disciplina común. El primer ministro Robert Fico ha dicho que la delegación eslovaca acudirá a la próxima cumbre de la OTAN sin mandato para comprometer más ayuda militar o financiera a Ucrania. Tras un fuerte ataque ruso cerca de la frontera eslovaca, el Gobierno guardó silencio al principio y solo reaccionó después de la presión de la oposición. El jefe de la inteligencia checa, Michal Koudelka, ha advertido de que un ataque limitado contra un Estado de la OTAN, diseñado para medir la reacción, es más probable que una ofensiva masiva.

El riesgo no reside en que Eslovaquia vete el artículo 5. Reside en las horas que separan una provocación de una conclusión clara, cuando los Gobiernos discuten si el episodio debe entenderse como sabotaje, accidente o ataque armado. Rusia calibra sus operaciones para explotar precisamente esa ventana: los hechos avanzan más deprisa que la capacidad de los gobiernos para probar y acordar qué ha ocurrido.

Los despliegues avanzados de la OTAN disuaden una guerra convencional. Que también disuadan las provocaciones ambiguas que ahora se consideran más probables depende de algo más difícil de construir que una brigada: la capacidad de atribuir, clasificar y acordar una respuesta antes de que pase el momento político.