Nausėda revisa el veto nuclear lituano

El artículo 137 de la Constitución lituana cumple dos funciones: prohíbe las armas de destrucción masiva en territorio nacional y veta las bases militares extranjeras. El presidente Gitanas Nausėda quiere suprimirlo íntegramente. Tras reunirse el 2 de julio con los líderes de los grupos parlamentarios, afirmó que casi todos coincidían en que el precepto se ha quedado obsoleto. Su propuesta no consiste en retocarlo, sino en derogarlo.

Modificar la Constitución de Lituania exige dos votaciones separadas en el Seimas, el Parlamento lituano, con al menos 94 de los 141 diputados en cada una y un intervalo mínimo de tres meses entre ambas. La coalición de Gobierno dispone de 75 escaños. Que los jefes de grupo acepten el principio general es una cosa; reunir dos veces una mayoría constitucional es otra.

La cláusula de la que casi no se habla

La mayor parte de la atención se ha centrado en la prohibición nuclear. Pero el artículo 137 también impide la existencia de bases militares extranjeras, en un país que ya acoge una presencia aliada considerable. Alemania prevé desplegar allí una brigada de unos 5.000 efectivos antes de finales de 2027. Los ejercicios recientes de la OTAN han llevado a miles más a territorio lituano.

El artículo 137 se redactó en 1992 para garantizar la salida de las fuerzas soviéticas. El texto no ha cambiado, pero la práctica sí. No existe una explicación jurídica pública que aclare si los despliegues aliados rotatorios quedan fuera de la categoría de «bases militares extranjeras» permanentes o si, sencillamente, la práctica ha desbordado la letra constitucional. Eliminar el artículo 137 resolvería esa ambigüedad, aunque los dirigentes lituanos no han defendido públicamente que la redacción actual esté causando problemas operativos.

Margen jurídico, no armas nucleares

El ministro de Defensa en funciones, Robertas Kaunas, presentó la derogación como una forma de garantizar que Lituania pueda recurrir a toda la gama de capacidades de la OTAN. Nausėda aseguró que no hay planes inmediatos para almacenar armas nucleares y que Lituania seguiría cumpliendo el Tratado de No Proliferación, el pacto global que limita la posesión de armas nucleares a cinco Estados reconocidos (Internazionale/Reuters).

Suprimir una cláusula constitucional elimina un candado, pero quedan varios más. La compartición nuclear de la OTAN funciona mediante custodia estadounidense de las armas, aviones de doble capacidad, tripulaciones adiestradas y planificación aliada. Solo un pequeño grupo de países de Europa occidental participa hoy en ese tipo de acuerdos. Trasladar armas hacia el este exigiría bóvedas de almacenamiento reforzadas, mejoras en las bases, certificación estadounidense de las tripulaciones para manejar munición nuclear y una cadena de mando que determine quién autoriza su liberación. Esa infraestructura tarda años en construirse. No ha trascendido ninguna decisión verificada de Estados Unidos o de la OTAN para estacionar armas en Lituania (CNBC).

Lituania no es la única que pregunta

Finlandia levantó su propia prohibición de armas nucleares el 17 de junio con una votación parlamentaria de 125 votos frente a 61. Las autoridades finlandesas insistieron en que no estaba previsto ningún despliegue permanente en tiempos de paz. Aun así, el debate parlamentario dejó al descubierto discrepancias reales sobre si retirar restricciones legales refuerza la disuasión o invita a contramedidas sin generar una capacidad utilizable.

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia ha dicho que entrar en la compartición nuclear es una posibilidad real, con conversaciones previstas con Washington. Rzeczpospolita situó el movimiento lituano dentro de una presión más amplia del flanco oriental para obtener un estatus de disuasión equivalente. Pero ampliar la compartición nuclear requeriría decisiones del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN, el órgano aliado donde se debate la postura nuclear, no solo cambios jurídicos nacionales.

El argumento de los dirigentes lituanos es directo: un Estado de primera línea de la OTAN no debería excluir por vía constitucional opciones aliadas antes de que llegue una crisis. La objeción también es concreta: la elegibilidad jurídica, sin infraestructura, aviones, tripulaciones adiestradas y una decisión estadounidense de despliegue, es señal política, no capacidad militar. Que la derogación modifique la postura de la OTAN o solo el vocabulario legal de Lituania dependerá de los votos en Vilna y de decisiones que ninguna capital aliada ha hecho públicas todavía.