Solo 210 criptoempresas superan MiCA

El periodo transitorio de MiCA, el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos con el que la UE estrena un marco común para el sector, expira mañana, 1 de julio de 2026. Las empresas sin autorización tendrán que dejar de aceptar nuevos clientes e iniciar una retirada ordenada. Según estimaciones de prensa y del propio sector, a finales de junio solo unas 210 de las más de 1.200 firmas registradas previamente habían obtenido la licencia completa (Euronews). La cifra no se ha confirmado en una comunicación oficial de ESMA, pero incluso tomada como aproximación apunta a lo mismo: el mercado cripto europeo está a punto de reducirse de forma drástica.

ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, detalló las consecuencias en una declaración de junio. Las firmas no autorizadas deben dejar de captar clientes, suspender la comercialización y permitir que los usuarios existentes retiren sus fondos, mientras mantienen los controles contra el blanqueo durante la fase de cierre. No habrá prórroga. ESMA ya lo dejó claro en abril.

El mecanismo es sencillo: MiCA fija un estándar único de autorización, pero las empresas que no pueden cumplirlo, o cuyos supervisores nacionales no han tramitado las solicitudes a tiempo, quedan fuera. El resultado será un mercado más pequeño, dominado por operadores con tamaño suficiente para pagar el personal, las auditorías, las reservas de capital y los sistemas de información que exige la licencia.

Un reglamento, veintisiete colas

MiCA es un reglamento de la UE y, por tanto, se aplica directamente en todos los Estados miembros. Pero cada país debe designar un supervisor, organizar los procedimientos de solicitud y tramitar las licencias. Ahí, en la ejecución nacional, han aparecido las diferencias.

Polonia es el caso más claro. La ley nacional que debía designar formalmente a la KNF, el supervisor financiero polaco, como autoridad competente para MiCA no ha entrado en vigor. Rzeczpospolita informó de que ningún organismo nacional ha recibido competencias para buena parte de la supervisión prevista por MiCA, lo que deja a las empresas polacas sin una vía interna para obtener licencia. Binance Poland ya ha dejado de aceptar nuevos usuarios y ha pedido a sus clientes que trasladen sus activos a otra plataforma (TVN24, Money.pl).

Portugal adaptó su marco legal, pero se encontró con retrasos en la tramitación. La asociación sectorial ANIPE advirtió de que las empresas autorizadas seguían siendo «mínimas» a pocos días del plazo, lo que puede obligar a algunos operadores a dejar de prestar servicio aunque hubieran presentado la solicitud (ECO). El Banco de Portugal no rebajó el tono: explicó en el Parlamento que está siendo «muy exigente» en las autorizaciones (RTP).

Francia, que ya contaba con un régimen nacional estructurado a través del sistema de registro de la AMF, ha visto cómo firmas consolidadas como Coinhouse y Paymium pasaban a la licencia MiCA con menos fricción, aunque los operadores pequeños siguen afrontando una barrera de costes (Cryptoast). En España, la CNMV preveía cerrar junio con unos 20 operadores autorizados (Cinco Días).

Quién gana y quién pierde

Los ganadores son las empresas grandes y bien capitalizadas, capaces de asumir el coste real de una licencia: equipos de cumplimiento normativo, auditorías externas, requisitos mínimos de capital e información periódica al supervisor. En Alemania, operadores vinculados al sector bancario como Boerse Stuttgart Digital, Bitpanda y Trade Republic figuran entre los mejor situados para ganar cuota de mercado (Handelsblatt). El pasaporte MiCA les da una ventaja decisiva: una licencia concedida en cualquier país de la UE permite prestar servicios a clientes de todo el bloque. La escala pesa.

Los perdedores son los pequeños operadores que no pueden pagar esa infraestructura de cumplimiento y las empresas atrapadas en colas nacionales lentas sin que el retraso dependa necesariamente de ellas. Una compañía puede estar operando, tener actividad real y esperar turno, pero quedar jurídicamente no autorizada a partir de mañana.

Los consumidores ganan protección cuando trabajan con proveedores autorizados: normas de gobernanza, salvaguarda de activos y estándares de información. También pierden opciones. En los mercados donde pocas firmas han conseguido licencia, los usuarios afrontan retiradas forzosas o la presión de mover sus activos antes de que las plataformas apaguen el servicio.

Dónde queda ahora el riesgo

Las cifras generales deben leerse con cautela. Las estimaciones según las cuales entre el 75% y el 83% de las empresas podrían perder acceso al mercado proceden de medios especializados en criptoactivos, no de los reguladores.

La incógnita principal es qué harán los usuarios expulsados de plataformas no autorizadas. Si se trasladan a proveedores con licencia en la UE, MiCA habrá limpiado el mercado en la dirección prevista. Si migran a plataformas extraterritoriales fuera de la supervisión europea, la norma habrá desplazado el riesgo fuera del perímetro sin reducirlo. No hay datos sólidos sobre hacia dónde se moverán los clientes, y la respuesta tardará meses en verse. Ahí se comprobará si MiCA funciona como protección del consumidor o solo como filtro de mercado.