Portugal alcanza el 60% del fondo

Portugal ha abonado ya 13.193 millones de euros a beneficiarios nacionales dentro de su plan de recuperación, el PRR, hasta alcanzar el 60% del valor aprobado (Observador). Unos días antes, la Comisión Europea había dado su visto bueno preliminar a la novena solicitud de pago portuguesa, que desbloquea otros 2.321 millones de euros aproximadamente (ECO). En términos administrativos, el resultado es sólido. Pero el fondo europeo de recuperación posterior a la pandemia entra ahora en una fase distinta: la cuestión decisiva ya no es si el dinero se mueve, sino qué se ha construido con él.

Cómo fluye el dinero y dónde se atasca

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es el principal programa de inversión de la UE tras la pandemia. Funciona de manera distinta a los fondos europeos tradicionales: en lugar de reembolsar facturas a posteriori, la Comisión paga a los gobiernos por tramos cuando estos demuestran que han cumplido objetivos pactados de antemano (Comisión Europea).

Esos objetivos adoptan dos formas: «hitos», que suelen ser reformas o pasos normativos, como aprobar una ley, y «metas», que miden resultados concretos, como entregar un número determinado de viviendas. Si se cumplen, se cobra. Si no, el dinero se detiene.

La cifra portuguesa de 13.193 millones de euros dice más de lo que parece. No mide solo el dinero transferido desde Bruselas a Lisboa, sino los recursos que han llegado efectivamente a empresas, municipios y organismos públicos dentro de Portugal. Según informaciones de EFE, Portugal habrá recibido unos 17.230 millones de euros del MRR una vez computado el noveno cheque, alrededor del 78,7% de su asignación total (Infobae/EFE).

La distancia entre ambas cifras es la parte más relevante de la historia. El dinero puede llegar a Lisboa, adjudicarse a una constructora y aun así no convertirse todavía en una escuela en funcionamiento o en un sistema digital útil. Todos los países de la UE afrontan ese problema de ejecución. En Portugal, la brecha es menor que en la mayoría, pero existe.

España muestra que la condicionalidad sigue teniendo dientes

El caso español permite ver cómo opera ese sistema de condicionalidad. Bruselas aprobó solo de forma parcial el sexto pago a España: se habían cumplido 51 hitos, pero tres metas quedaron pendientes. La consecuencia fue la retención de 537 millones de euros por trabajos inconclusos en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y apoyo a población vulnerable (El País).

La Comisión puede aprobar la mayor parte de un tramo y suspender el resto. Esa capacidad de pago parcial es la que mantiene bajo presión los hitos que aún le quedan a Portugal, aunque las cifras generales sean favorables.

Italia, que gestiona el mayor plan de recuperación de la UE, muestra hasta dónde puede abrirse la brecha de ejecución. Un análisis situaba en el 71,9% los importes comprometidos, mientras que los pagos efectivos apenas alcanzaban el 41,1%, con proyectos terminados por unos 3.700 millones de euros frente a 44.900 millones aún en curso (contabilita-pubblica.eu). Los municipios que no logren acabar a tiempo se exponen a perder apoyo europeo o a cubrir los costes con sus propios presupuestos (Corriere Bergamo).

La factura empieza a acercarse

Las cifras portuguesas reflejan un avance real. La herencia del MRR, sin embargo, se juzgará con un criterio más exigente que el volumen de dinero desembolsado. El Tribunal de Cuentas Europeo, el órgano independiente que fiscaliza el gasto de la UE, ha advertido de que el sistema de seguimiento del mecanismo presenta debilidades y no mide de forma adecuada si el dinero europeo ha generado beneficios que no se habrían producido de otro modo (TCE SR 13/2024). A partir de 2028, la devolución de NextGenerationEU, el programa de endeudamiento común que financia el MRR, entrará en el ciclo presupuestario europeo (TCE Opinion 2026-08).

Los contribuyentes netos, como Alemania, aceptaron la deuda común europea con la condición de que fuera temporal, controlada y eficaz. La buena absorción de Portugal ayuda a sostener ese argumento. Pero en 2028 los gobiernos tendrán que enseñar a sus votantes algo más que solicitudes de pago aprobadas: escuelas operativas, sistemas digitales que funcionen y mejoras medibles de productividad. Si no pueden hacerlo, será mucho más difícil defender políticamente una repetición del experimento.