Portugal busca salvar €1 billion

A seis semanas del plazo operativo del fondo europeo de recuperación, el Gobierno portugués admite que no tendrá listas a tiempo viviendas, escuelas, centros sanitarios e infraestructuras municipales. La solución que prepara consiste en no devolver el dinero a Bruselas, sino trasladar las obras inacabadas al siguiente ciclo de financiación europea. La maniobra puede aliviar las cuentas públicas portuguesas, pero no acelerará la construcción de lo prometido.

Qué va tarde

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es el principal programa de inversión de la UE tras la pandemia. No funciona como una subvención tradicional, en la que Bruselas reembolsa facturas una a una. Cada país pactó compromisos concretos —aprobar una ley, construir un número determinado de viviendas, digitalizar un servicio— y la Comisión Europea solo paga cuando verifica que esos compromisos se han cumplido (Reglamento 2021/241 de EUR-Lex). El plazo práctico para terminar los trabajos pendientes vence el 31 de agosto de 2026, de modo que Bruselas disponga de tiempo para comprobar los resultados antes del cierre legal de diciembre (Comisión Europea).

El plan portugués, dotado con 22.200 millones de euros entre subvenciones y préstamos, acumula retrasos. El ministro Manuel Castro Almeida reconoce ya que habrá proyectos en vivienda, educación, sanidad e infraestructuras municipales que no llegarán al corte de agosto (Observador).

En marzo, Portugal solo había ejecutado el 8,1% de su objetivo revisado de gasto para 2026, fijado en 11.400 millones de euros, según la UTAO, el organismo parlamentario de control presupuestario. Cumplir el resto exigiría gastar en nueve meses más de lo desembolsado durante los cinco años transcurridos desde el lanzamiento del programa (ECO). Los sistemas independientes de seguimiento sitúan alrededor de un tercio de todas las inversiones en estado crítico o preocupante (Notícias de Viana).

La vía de escape y su coste

El Gobierno quiere aprobar una nueva norma, un «diploma de continuidad», que permita que los proyectos del MRR que no estén terminados pasen a financiarse con PT2030, el siguiente ciclo presupuestario europeo de Portugal, o con el presupuesto nacional. Para ello habría que modificar reglas diseñadas precisamente para impedir que una misma actuación se pague dos veces. Castro Almeida sostiene que, sin esa salida, Portugal podría verse obligado a devolver más de 1.000 millones de euros a Bruselas (ECO).

Para ganar velocidad antes de agosto, los ministros también quieren elevar de 950.000 euros a 10 millones de euros el umbral de gasto que exige autorización previa del Tribunal de Contas portugués. En lugar de revisar los contratos antes de comprometer el dinero, el tribunal los auditaría después. La respuesta del propio tribunal fue clara: sus controles previos evitaron 159,4 millones de euros en gasto indebido solo en 2025 (Jornal Económico). Si se acelera, aumenta el riesgo de despilfarro. Si se mantienen los controles, crece el riesgo de perder fondos europeos por falta de tiempo.

Portugal no es un caso aislado. España negocia con Bruselas conservar los remanentes no ejecutados del MRR y redirigirlos dentro de la misma área política, después de haber recibido ya el 76% de los fondos disponibles (El Español, Plan de Recuperación). Rumanía afronta un problema distinto: más de 4.500 millones de euros están en riesgo porque seis reformas legales siguen bloqueadas por la parálisis política (Digi24). En Portugal, el obstáculo es la velocidad de las obras. En Rumanía, si el Parlamento será capaz de legislar.

Quién paga el traslado

Si la fórmula prospera, Portugal protegerá su tasa de absorción, es decir, la proporción de fondos europeos que un Gobierno puede presentar como utilizada con éxito. Los contratistas mantendrán sus flujos de pago. Los municipios verán sobrevivir proyectos que, de otro modo, podrían caer por el vencimiento del plazo. En Mafra, donde un archivo sonoro de 4,5 millones de euros y varias viviendas aparecen marcados como inversiones en riesgo (Jornal de Mafra), esa continuidad tiene consecuencias concretas.

Los ciudadanos, sin embargo, seguirán esperando las viviendas, los centros de salud y las aulas prometidas. Para una familia que aguarda una vivienda social o para un municipio que cuenta con un nuevo centro sanitario, la diferencia entre «entregado en 2026» y «continuado con el siguiente presupuesto» no es un matiz administrativo. Son años de retraso. Y cada euro de PT2030 destinado a terminar proyectos de ayer será un euro que no financiará la siguiente ronda de inversión local: conexiones de transporte, infraestructuras verdes o mejoras digitales que los ayuntamientos esperaban cubrir con ese ciclo.

El MRR se diseñó como financiación por desempeño: los Gobiernos cobran por resultados, no por intentos. Portugal ha encontrado una manera de proteger las cifras sin terminar los edificios. Puede que sea legal. No equivale a cumplir.