Putin se arroga poder militar

Cuando la Unión Soviética envió tanques a Checoslovaquia en 1968, invocó la «ayuda fraternal» para justificar la entrada de 200.000 soldados no invitados. Aquella doctrina no necesitaba un armazón legal: bastaban la fuerza y un Pacto de Varsovia dócil. La Rusia de Putin opera de otra manera. El 25 de mayo, el presidente firmó una ley que modifica dos normas federales y le concede autoridad unilateral para desplegar las Fuerzas Armadas en el extranjero cuando ciudadanos rusos afronten «arresto, detención o procesamiento penal» ante tribunales que Moscú no reconoce. La Duma, Cámara baja del Parlamento, la aprobó por 381 votos a 0. El Consejo de la Federación, Cámara alta, le dio luz verde por unanimidad (Kyiv Independent, Meduza). La norma entró en vigor en cuestión de días.

Con ello se completa un mecanismo que Rusia ya había ensayado tres veces: en Georgia en 2008, en Crimea en 2014 y en el este de Ucrania en 2022. Moscú reparte primero pasaportes, denuncia después una persecución e interviene en tercer lugar.

Del pasaporte a la intervención

La lógica operativa de la ley depende de una herramienta paralela: la distribución masiva de ciudadanía rusa entre poblaciones a las que Moscú pretende «proteger». Nueve días antes de firmar la norma militar, Putin aprobó otro decreto que exime de todos los requisitos habituales de nacionalización a los residentes de Transnistria, el territorio separatista moldavo respaldado por Rusia. Sin residencia previa, sin examen de idioma y sin prueba de historia (Meduza). El Lansing Institute lo describió como «un mecanismo coherente de guerra híbrida» que «complementa directamente» la ley de despliegue militar (Lansing Institute).

Hasta ahora, la legislación rusa exigía la aprobación del Consejo de la Federación para cada despliegue militar en el exterior. Putin sorteó ese requisito de manera informal en Crimea, aunque mantuvo la apariencia formal del procedimiento. La nueva ley elimina por completo esa exigencia en las operaciones de «protección de ciudadanos» y convierte el despliegue en una decisión plenamente presidencial (United24 Media).

El texto apunta a tribunales «en los que Rusia no participa». La fórmula encaja con precisión tanto con la Corte Penal Internacional como con el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión. Treinta y cuatro Estados del Consejo de Europa firmaron la creación de ese tribunal en Chisináu el 15 de mayo, diez días antes de que Putin rubricara la ley militar (Euronews).

Dos Europas, dos lecturas del riesgo

Las capitales europeas están reaccionando con niveles de alarma muy distintos. Estonia convocó el 21 de mayo al encargado de negocios ruso, expulsó a un reservista militar y restringió los movimientos de diplomáticos (Estonian MFA). También tramita una prohibición de compra de vivienda para ciudadanos rusos (ERR). Finlandia anunció que rechazará desde el 1 de junio los pasaportes rusos no biométricos y se comprometió con el objetivo de gasto en defensa de la OTAN del 5% del PIB (Yle). El Parlamento Europeo declaró que «amenazar a los Estados bálticos significa amenazar a toda la Unión Europea» (European Parliament).

El cambio más brusco lo representa el nuevo Gobierno húngaro de Tisza, encabezado por Péter Magyar. Tras expulsar el 4 de mayo al agente del SVR Artur Szuskov, una medida que el Ejecutivo de Orbán había bloqueado, Budapest indicó que estaba dispuesta a apoyar sanciones de la UE contra figuras a las que Orbán había protegido personalmente, incluido el patriarca Kirill (Euronews Hungary). Rusia perdió al mismo tiempo su veto indirecto dentro de la UE y parte de su infraestructura de inteligencia en Budapest.

Eslovaquia queda aislada. El Gobierno de Robert Fico no emitió ninguna declaración sobre la ley, mientras restablece la presencia diplomática y de agregados militares rusos que sus predecesores habían expulsado (Denník N). El Parlamento Europeo respondió con una votación de 347 votos a 165 en la que amenazó con activar el mecanismo de condicionalidad, la herramienta de la UE para congelar fondos a gobiernos que socavan el Estado de derecho, lo que podría poner en riesgo miles de millones de euros (Aktuality.sk).

El hueco de la OTAN

El presidente checo, Petr Pavel, formuló el problema estructural con especial claridad: Rusia ha «desarrollado un estilo de comportamiento que casi alcanza el umbral del artículo 5, pero siempre se queda un poco por debajo» (Novinky.cz). Una operación de «protección de ciudadanos», limitada, negable y presentada como humanitaria, explota precisamente esa ambigüedad. La doctrina aprobada por la OTAN en la cumbre de Varsovia de 2016 permite que los ataques híbridos activen la defensa colectiva del artículo 5, pero la Alianza ha tratado incluso las violaciones físicas del espacio aéreo como episodios de consulta bajo el artículo 4, no como detonantes de defensa colectiva.

Ninguna institución de la OTAN ha presentado una respuesta específica a este mecanismo. La Comisión prepara el vigésimo primer paquete de sanciones. Eastern Sentry, la operación de la OTAN, integra defensas aéreas en el flanco oriental. Pero la pregunta central sigue sin respuesta formal: ¿en qué momento la distribución de pasaportes a una población extranjera se convierte en preparación para una agresión? Con unos 78.000 ciudadanos rusos en Estonia y 40.000 en Letonia (Kyiv Independent), la cuestión dista de ser teórica.

Rusia aprobó estas leyes en público, a lo largo de doce semanas y sin un solo voto en contra. La respuesta europea sigue en construcción.