Rumanía recorta primas por fondos de la UE

La nueva ley salarial del sector público rumano, publicada hoy, elimina 87 de las 151 categorías de complementos que cobran los empleados del Estado y limita las restantes al 20% del sueldo base (Digi24). El Parlamento debe aprobarla antes del 1 de julio para desbloquear más de 700 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el fondo pospandemia de la UE que vincula cada desembolso al cumplimiento de reformas concretas. Sindicatos, magistrados y funcionarios judiciales se preparan para frenarla. Al menos otros cuatro Estados miembros afrontan choques similares entre resistencia interna y condiciones europeas, con una misma fecha límite: el 31 de agosto, cuando la Comisión Europea deberá reducir automáticamente las asignaciones del MRR que no se hayan utilizado.

Gobiernos dispuestos, países reticentes

La coalición que gobierna Rumanía tiene los votos necesarios. La dificultad está fuera del Parlamento. Los sindicatos policiales prometen «bloquear la aplicación por todos los medios legales», mientras los magistrados sostienen que la reforma recortaría sus salarios en torno a un 11% y vulneraría la independencia judicial. Un tribunal de Bucarest ya ha ordenado al Gobierno que pague atrasos salariales a los jueces, con multas diarias si incumple la sentencia (Romania Insider).

En Budapest, el obstáculo está dentro del propio Estado. El nuevo Gobierno húngaro de Péter Magyar quiere avanzar en las reformas, pero se encuentra con instituciones moldeadas durante la etapa de Viktor Orbán. Los tribunales siguen dirigidos por cargos nombrados bajo el anterior poder. Las fundaciones universitarias creadas para canalizar activos públicos continúan atrincheradas. Magyar debe cumplir 27 “superhitos” sobre Estado de derecho, que abarcan independencia judicial, lucha contra la corrupción y transparencia en la contratación pública, antes de que pueda llegar un solo euro de los 10.400 millones asignados a Hungría. Hasta ahora no se ha desembolsado nada (Portfolio, Euobserver).

Portugal afronta un problema distinto. Mientras Rumanía y Hungría tratan de cumplir las condiciones, Lisboa está modificando las reglas que permiten verificar ese cumplimiento. Tras haber recibido ya buena parte de su asignación, el Gobierno portugués ha propuesto elevar de 750.000 euros a 10 millones el umbral a partir del cual el Tribunal de Cuentas revisa los contratos públicos antes de su firma. Su presidente ha advertido de que la medida crearía «zonas sin supervisión» por valor de miles de millones al año. El organismo encargado de fiscalizar el gasto europeo perdería capacidad de control precisamente para acelerar ese gasto.

El Parlamento Europeo fue más lejos con Eslovaquia. El 20 de mayo aprobó, por 347 votos contra 165, una resolución que pide a la Comisión estudiar la congelación de fondos eslovacos por la supresión de organismos anticorrupción y las sospechas de fraude en dinero destinado al desarrollo rural (European Parliament, Denník N). La resolución no tiene fuerza jurídica, pero llegó pocos días después de que la Comisión ya hubiera recortado la asignación eslovaca tras una investigación de la OLAF, la oficina antifraude de la UE.

El precedente polaco

Polonia pesa sobre los cuatro casos. En febrero de 2024, la Comisión desbloqueó 137.000 millones de euros para Varsovia tras la llegada al poder del Gobierno de Donald Tusk, aunque todavía no se había aprobado ninguna ley de reforma judicial. Bastó con un «plan de acción» (European Papers). Dos años después, el presidente polaco Nawrocki ha vetado las principales leyes sobre el poder judicial. Varios jueces recurrieron el desbloqueo ante el Tribunal de Justicia de la UE, donde una alta asesora jurídica ya ha cuestionado si los hitos exigidos eran suficientes. Es la primera prueba legal seria sobre el margen de discreción de la Comisión dentro del MRR.

Quién decide cuando llega el plazo

El MRR concede a la Comisión una discrecionalidad casi total para valorar si una reforma cumple «satisfactoriamente» el hito pactado. No existe un cauce formal para que actores nacionales, como sindicatos, tribunales o asociaciones profesionales, impugnen esa valoración (Verfassungsblog). Ningún hito del MRR se ha rechazado formalmente hasta ahora.

Los sindicatos rumanos no pueden tumbar legalmente la ley salarial. Las instituciones heredadas en Hungría quizá no se muevan a tiempo. Portugal está debilitando los órganos que auditan el gasto europeo. Eslovaquia resta importancia a la presión parlamentaria. Y Polonia ya mostró que un Gobierno bien recibido en Bruselas puede cobrar miles de millones con promesas todavía pendientes. El 31 de agosto aclarará si la condicionalidad europea funciona como un mecanismo vinculante o como otro plazo susceptible de negociación.