Rumanía deberá defender la ley Fritz

La Comisión Europea ha pedido a Rumanía que explique cómo encaja una cláusula controvertida de su nueva ley de integridad con tres principios jurídicos de la UE: si se está castigando una conducta pasada con efectos posteriores, si la sanción guarda proporción con la infracción y si los cargos afectados podían prever esa consecuencia. La solicitud, enviada el 2 de septiembre por la dirección general de Justicia de la Comisión, da a Bucarest dos semanas para responder (RFI, Digi24).

La Comisión ha sacado la cláusula del terreno de la disputa política y la ha situado dentro de la evaluación de pagos. La respuesta de Rumanía entrará directamente en el examen de su sexta y última solicitud de desembolso con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo pospandemia de la UE que paga a los gobiernos solo cuando cumplen las reformas pactadas.

Una reforma convertida en batalla

El Parlamento rumano aprobó la Ley 180/2026 el 26 de agosto, tres días antes de que venciera el plazo para completar los hitos del plan de recuperación (Europa FM). La norma refuerza el vínculo entre una resolución firme de la ANI, la agencia rumana de integridad que revisa el patrimonio de los cargos públicos y los conflictos de intereses, y la pérdida del cargo. Esa parte responde a una laguna real: la ANI había detectado cargos con resoluciones firmes por conflicto de intereses que seguían en sus puestos porque el marco anterior solo les impedía ocupar cargos futuros, no conservar el actual (Juridice, Stiripesurse).

La cláusula que convirtió la reforma en una batalla es la llamada enmienda Fritz. Aplica con efectos hacia atrás la nueva regla de cese del mandato: los cargos con resoluciones firmes dictadas antes de la entrada en vigor de la ley pierden su puesto 30 días después de que la norma empiece a aplicarse (Agerpres). La ANI sostiene que 55 cargos públicos, entre ellos 10 alcaldes, quedan incluidos en la disposición (Agerpres). La etiqueta política procede de su destinatario más visible: Dominic Fritz, alcalde de Timișoara, nacido en Alemania y líder del partido USR, cuya resolución por conflicto de intereses fue confirmada en junio por el Tribunal Supremo rumano (HotNews).

El Tribunal Constitucional de Rumanía avaló la cláusula con efectos hacia atrás. Su razonamiento fue que la ley modifica lo que ocurre después a una persona ya declarada infractora, sin convertir retroactivamente en delito la conducta original (Gandul). El presidente Nicușor Dan promulgó después la norma y afirmó en público que discrepaba de la enmienda, pero que no quería poner en riesgo el dinero de los fondos de recuperación (Agerpres, Sintact).

De dónde viene la presión

Dos líderes de grupos del Parlamento Europeo, el presidente del PPE, Manfred Weber, y Valérie Hayer, de Renew, pidieron a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que tratara la cláusula como una cuestión de derechos europeos. Alegaron que vulnera el derecho reconocido en los tratados a que los ciudadanos de la UE puedan presentarse a elecciones locales en cualquier Estado miembro (Agerpres, FAZ). La respuesta de la Comisión se mantuvo en el plano procedimental: la ley se evaluará dentro de la última solicitud de pago, prevista para este mes (ActMedia, G4Media).

La cuestión del dinero

Varios titulares han situado 770 millones de euros en riesgo por la enmienda Fritz. La cifra existe, pero se ha atribuido de forma imprecisa. El primer ministro interino, Ilie Bolojan, vinculó esa pérdida a la reforma salarial que el Parlamento no aprobó antes del plazo del 31 de agosto (HotNews). La cantidad corresponde al conjunto del último tramo de subvenciones de Rumanía, repartido entre varios hitos, no a una sola cláusula (EU Perspectives). Ningún documento público de la Comisión localizado para este análisis vincula esa suma únicamente a la reforma de integridad.

La ley de integridad aún puede tener un coste. Según las reglas del fondo de recuperación, si Bruselas concluye que la norma desvirtúa la reforma que debía completar, puede retener la parte correspondiente del último desembolso (Reglamento 2021/241). La respuesta que Rumanía presente en estas dos semanas será la base documental con la que la Comisión decidirá si el hito de integridad se da por cumplido. Bruselas ya no examina solo si la ley se aprobó a tiempo, sino qué efectos produce.