Rumanía arriesga 4.500 millones

El Parlamento rumano tiene hasta el 31 de agosto para aprobar seis leyes de reforma, entre ellas una norma salarial única para el sector público, si quiere evitar la pérdida de más de 4.500 millones de euros pendientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el programa europeo que financia la reconstrucción posterior a la pandemia en los Estados miembros (Romania Insider, Rador). A partir de esa fecha, la Comisión Europea puede recortar los pagos de forma definitiva (Reglamento (UE) 2021/241).

La ley salarial es la más difícil de las seis y también la que deja al descubierto la tensión principal del programa: una norma pensada para desbloquear un pago europeo puntual puede consolidar aumentos permanentes del gasto público.

Dinero puntual, costes permanentes

Rumanía prometió reformar los salarios públicos a cambio de fondos europeos. Bruselas solo desembolsa el dinero si la ley cumple ese compromiso (página de la Comisión sobre el plan rumano, explicación del Consejo sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). La cuarta solicitud de pago presentada por Rumanía ya sufrió una suspensión parcial por hitos pendientes (Comisión Europea).

La llamada «ley salarial única» sustituiría el mosaico actual de acuerdos separados para profesores, médicos, policías y funcionarios por una sola parrilla, es decir, una tabla que fija los sueldos según el puesto, la antigüedad y el sector. Aún no se sabe si la versión final reducirá diferencias salariales, limitará los sueldos más altos, elevará los más bajos o aplazará subidas ya prometidas. No se ha publicado ningún borrador de esa parrilla.

El cálculo de la coalición

La ley salarial ha dividido a la coalición de Gobierno rumana siguiendo una línea previsible. El primer ministro interino, Ilie Bolojan, sostiene que su partido, el PNL, votará a favor de una versión compatible con las exigencias de la Comisión, con el argumento de que solo esta ley pone en riesgo 770 millones de euros en pagos europeos (Gândul, Agerpres). La cifra procede de declaraciones políticas, no de un documento publicado por la Comisión.

Lia Olguța Vasilescu, del PSD, replica que aplicar la nueva ley costaría al Estado el doble de lo que Rumanía recibiría del fondo de recuperación (Agerpres). La comparación mezcla un aumento anual y recurrente de la masa salarial con una transferencia europea de una sola vez, dos categorías fiscales distintas. Pero la inquietud tiene fundamento: si la ley eleva de forma permanente los salarios para desbloquear un tramo puntual de pagos, el coste presupuestario a largo plazo puede superar el beneficio europeo inmediato.

El ministro de Trabajo, Dragoș Pîslaru, afirma que la Comisión ha aprobado la propuesta rumana de renegociación y promete «sorpresas agradables» en el borrador revisado, después de que los sindicatos rechazaran la versión de mayo (Rador). Fuera de la sala donde se redacta el texto, nadie sabe qué significan esas sorpresas para las escalas salariales reales.

Quién asume el coste

Los trabajadores del sector público son los más expuestos y los peor informados. Todavía no saben si el borrador aceptable para la Comisión comprimirá sus salarios, limitará las remuneraciones más altas o aplazará subidas prometidas. Si la ley se aprueba en una versión restrictiva, perderán los empleados públicos mejor pagados. Si se bloquea y se congelan los pagos, la factura recaerá sobre los contribuyentes rumanos. El Gobierno tendría que financiar con el presupuesto nacional proyectos respaldados por la UE, en un momento en que Rumanía ya está sometida al procedimiento europeo por déficit excesivo, el mecanismo disciplinario para los gobiernos que se endeudan demasiado, lo que deja poco margen para pedir más dinero prestado (Comisión Europea).

Rumanía no es el único país atrapado en esta carrera. Bulgaria tenía retenidos unos 100 millones de euros por tres reformas incompletas, pese a haber cumplido 23 de los 26 hitos previstos (24 Chasa). Polonia aprobó una revisión final de su plan de recuperación para redirigir recursos hacia proyectos que pueda terminar antes de la misma fecha límite (Ministerio polaco de Fondos). Todos los países que dejaron las reformas difíciles para el final afrontan ahora la misma presión política comprimida en pocas semanas.

El caso rumano es el más visible porque el PSD, el mayor partido de la coalición, condiciona su cooperación a un cambio de liderazgo que no tiene relación directa con los salarios ni con el presupuesto. El Parlamento no afronta un problema técnico. Debe decidir si una coalición de Gobierno puede separar una disputa salarial de una lucha por el poder antes de que se agote el dinero.