Rumanía apura 6.000 millones europeos

Hay seis proyectos de ley parados en el Parlamento rumano. Ninguno ha salido adelante. Cada uno está vinculado a una reforma que la Comisión Europea exige para liberar el siguiente tramo de los fondos de recuperación. El plazo vence el 31 de agosto (Digi24). Si Rumanía no llega a tiempo, el dinero no se aplaza: se pierde.

Cómo una comisión en Bucarest bloquea dinero captado en Bruselas

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia funciona de forma distinta a la mayoría de los fondos europeos. No reembolsa a los gobiernos lo que gastan, sino que paga por resultados. Cada país presentó un plan con reformas e inversiones, dividido en «hitos», como la aprobación de una ley, y «objetivos», como el número de edificios rehabilitados. La Comisión solo libera los desembolsos cuando considera cumplidos esos hitos (Comisión Europea, Consejo). Si un hito queda pendiente, los pagos pueden suspenderse parcial o totalmente (EUR-Lex).

El plan rumano asciende a 28.500 millones de euros (Comisión Europea). De esa cantidad, 13.600 millones son transferencias que Rumanía no tendrá que devolver. El resto son préstamos: más baratos que la financiación que Bucarest obtendría por su cuenta, pero deuda al fin y al cabo en las cuentas públicas. Tras una tercera renegociación en junio, la parte de préstamos bajó a 6.640 millones, mientras se conservaron las subvenciones. El ministro de Inversiones, Dragoș Pîslaru, afirmó que aún debían aprobarse ocho leyes o medidas gubernamentales (Curs de Guvernare).

El primer ministro interino, Ilie Bolojan, quiere convocar sesiones parlamentarias extraordinarias en julio para sacar adelante las normas bloqueadas. Señaló el Código de Urbanismo, paralizado desde diciembre, como una de las leyes de la que dependen alrededor de 1.000 millones de euros. La reforma salarial del sector público arrastra una cantidad similar (Digi24). A comienzos de junio, Bolojan cifró en 5.000-6.000 millones el riesgo total asociado a la legislación pendiente (Mediafax). Desde entonces, el Parlamento ha aprobado parte de esas normas, lo que habría asegurado más de 2.700 millones que estaban en peligro (EVZ). Pero solo el hito de la ley salarial mantiene pendientes 770 millones (Financiarul).

El riesgo ya se ha materializado antes. La tercera solicitud de pago de Rumanía se suspendió parcialmente por las pensiones especiales y la gobernanza de las empresas públicas. Casi 459 millones de euros no llegaron a recuperarse (Știrile ProTV).

Hitos cumplidos, promesas reducidas

Todo el mecanismo expira a finales de 2026; para entonces deben haberse completado todos los pagos (EUR-Lex). Una reforma aprobada demasiado tarde queda fuera de la ventana legal.

Italia, el mayor beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la UE, muestra un problema más discreto: incluso cuando los hitos se cumplen formalmente, los resultados pueden reducirse por el camino. Su programa de escuelas infantiles empezó con 4.600 millones de euros y 264.000 nuevas plazas previstas. Tras las revisiones del plan, la financiación cayó por debajo de 3.800 millones y las plazas esperadas bajaron a 150.480 (Collettiva). Las casillas se marcaron. Las familias recibieron menos escuelas infantiles.

Portugal afronta una presión similar sobre el calendario, con Bruselas advirtiendo de que la legislación sobre prestaciones sociales debe estar cerrada antes del 31 de agosto para proteger 620 millones de euros en fondos de recuperación (Executive Digest). El Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado el defecto de diseño que atraviesa estos casos: con un modelo basado en hitos, la Comisión y los Estados miembros no siempre pueden seguir el rastro del dinero hasta las personas, empresas o ayuntamientos que lo reciben realmente (Tribunal de Cuentas Europeo).

Quién asume el retraso

El debate público se concentra en primeros ministros y cifras de miles de millones. Quedan menos visibles los municipios que esperan proyectos de carreteras y hospitales que no pueden arrancar hasta que se apruebe la legislación vinculada al hito; los empleados públicos cuya estructura salarial depende de la versión de la reforma que sobreviva a la votación; y los contratistas cuyas facturas dependen de licitaciones atadas al calendario del mecanismo europeo.

El Parlamento ha aprobado una ley de respaldo para que los proyectos eliminados del plan revisado puedan continuar con otros fondos europeos o con cargo al presupuesto nacional. La medida parece prudente, pero traslada el coste. O los contribuyentes rumanos cubren lo que debían pagar las transferencias europeas, o los proyectos pasan a otros programas comunitarios, con sus propias listas de espera.

La UE se endeudó de forma conjunta y vinculó ese dinero a reformas nacionales. Una comisión bloqueada en Bucarest, o en Lisboa, puede congelar ahora fondos captados en Bruselas. Las sesiones extraordinarias de julio en Rumanía mostrarán si seis leyes pueden aprobarse antes del 31 de agosto. Si no ocurre, los 770 millones de euros ligados a la reforma salarial serán la primera pérdida concreta, y los municipios, trabajadores y contratistas comprobarán en sus presupuestos cuánto cuesta incumplir un hito.