Rumanía arriesga el pago final del carbón

La Cámara de Diputados de Rumanía aprobó el 5 de agosto, por 180 votos contra 9, una reforma de la ley que fija el cierre progresivo del carbón. El texto ya no obliga a clausurar las centrales de carbón y lignito en fechas concretas, sino que condiciona cada cierre a que exista capacidad baja en carbono de sustitución, conectada a la red y en funcionamiento comercial (Agerpres, Europa FM). Esa ley original sirvió de base para una reforma que la Comisión Europea ya había validado y pagado. Menos de 24 horas después, Bruselas advirtió de que la modificación podría hacer que esa reforma «ya no se considere cumplida» (HotNews, Ziare).

El proyecto está ahora en manos del presidente Nicusor Dan, que puede promulgarlo, devolverlo al Parlamento o pedir una revisión constitucional (Bursa). De su decisión depende que el pulso siga siendo una disputa dentro de la coalición rumana o se convierta en un expediente de ejecución por parte de la Comisión.

Una fecha de cierre sustituida por una promesa sin plazo

La enmienda contó con el apoyo del PSD, los socialdemócratas rumanos y principal partido del Gobierno, y de la formación nacionalista AUR. En la práctica, transforma una salida del carbón con calendario cerrado en una condición abierta: ninguna central cerrará hasta que las fuentes alternativas estén instaladas, conectadas a la red y operativas en el mercado (Agerpres). El PNL, socio liberal-conservador de la coalición, y el ministro de Proyectos Europeos, Dragos Pislaru, avisaron de que el cambio pondría en riesgo pagos del fondo de recuperación (Stiripesurse).

Pislaru cifró la exposición en unos 5.000 millones de euros en futuras subvenciones. También señaló alrededor de 600 millones de euros vinculados a un hito ya desembolsado (Digi24). Son cálculos del ministro, no una estimación publicada por la Comisión. La posición confirmada de Bruselas es más acotada: evaluará si la nueva ley revierte el hito 114, ya aprobado en un pago anterior, y si bloquea el hito 119A, el cierre pendiente de capacidad de carbón que exige a Rumanía desmantelar 710 MW para recibir su último tramo (Agerpres, Libertatea).

El calendario trabaja por la Comisión

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo pospandemia que paga a los países por cumplir reformas pactadas, no aplica sanciones automáticas. Según el artículo 24 del Reglamento del MRR, el proceso funciona así: Rumanía solicita un pago, la Comisión comprueba si se han cumplido los hitos y, si no es así, puede suspender total o parcialmente ese desembolso. El país dispone de un mes para responder. Los recortes definitivos solo llegan tras seis meses sin corrección.

La experiencia reciente de Bulgaria muestra la pauta habitual: la Comisión liberó cerca de 900 millones de euros dentro de su cuarta solicitud, pero retuvo el dinero asociado a hitos incumplidos (Economic.bg, European Sting). La suspensión parcial, no el bloqueo completo, suele ser la salida.

Rumanía, sin embargo, tiene poco margen por las fechas. Todas las reformas del fondo de recuperación deben completarse antes del 31 de agosto de 2026, y las solicitudes finales de pago deben presentarse antes del 30 de septiembre (Brussels Times). Si la ley entra en vigor en esos términos, Bucarest no podrá demostrar que ha cumplido el hito 119A. No queda tiempo para negociar una solución intermedia.

Un argumento energético que Bruselas ya rechazó

La preocupación energética que sostiene la enmienda existe. Las centrales de carbón del sudeste europeo aportan calor en invierno y electricidad gestionable cuando la red necesita respaldo. El propio Pislaru reconoció que el Gobierno había trasladado a Bruselas la necesidad de mantener las plantas activas durante el invierno mientras entraba nueva capacidad en el sistema (Digi24).

La Comisión ya ha rechazado esa defensa para efectos del hito. Sostiene que el suministro eléctrico rumano es estable, que el mercado funciona y que no existe una emergencia que justifique reescribir la base legal de una reforma ya validada (Euronews Romania, Agerpres). Mantener centrales de carbón en funcionamiento durante el invierno puede ser una decisión operativa del Gobierno sin alterar la ley. Cambiar la norma modifica el acuerdo con el que Rumanía cobró fondos europeos.

Si Dan firma, la Comisión tendrá que tomar una decisión concreta: suspender pagos, negociar un nuevo calendario o aceptar de facto una reforma rebajada. Esa tolerancia abriría un precedente incómodo: cualquier Estado miembro podría cobrar dinero del fondo de recuperación y después suavizar la reforma que justificó el desembolso. Si devuelve la ley al Parlamento, los diputados tendrán que medir el peso político de las regiones carboneras frente a miles de millones de euros europeos. El mismo argumento de seguridad energética que usa Bucarest circula en Sofía y Varsovia, de modo que la respuesta de Bruselas enviará una señal mucho más allá de Rumanía.