Rumanía mantiene su nota; se atasca el presupuesto

S&P Global Ratings mantuvo el 2 de octubre la calificación de Rumanía en BBB−, el nivel más bajo dentro del grado de inversión, con perspectiva negativa, una advertencia formal de que podría rebajarla (BURSA). Un escalón por debajo, los bonos del Estado rumano pasarían a considerarse deuda basura y los inversores que, por norma, solo pueden comprar activos con grado de inversión tendrían que mantenerse al margen. S&P confía en que los partidos formen un Gobierno capaz de aprobar presupuestos que sigan reduciendo el déficit en 2027 y 2028; advierte de que un bloqueo prolongado que lo impida podría provocar una rebaja (News.ro). Esta semana, el Parlamento rechazó el último intento de formar ese Gobierno.

Los avances que S&P ya puede constatar

La razón para mantener la calificación es que el déficit siguió reduciéndose bajo un Gobierno en funciones. En los ocho primeros meses del año, el déficit de caja —la diferencia entre los ingresos del Estado y sus pagos— bajó al 2,89% del PIB, frente al 4,51% del mismo periodo del año anterior (Digi24).

Esa cifra recoge lo ocurrido hasta ahora. S&P evalúa el año completo con el criterio más amplio que emplean las reglas fiscales de la UE, que abarca todo el sector público y contabiliza los pagos de otra manera. Con esa medida, prevé que el déficit baje del 7,9% del PIB en 2025 al 6,25% este año y al 5% en 2028 (Agerpres, BURSA). La cifra de los ocho primeros meses refleja un avance ya logrado; las posteriores son previsiones que solo se cumplirán si los próximos presupuestos las respaldan.

Los intereses absorben parte del ahorro. Entre enero y agosto, el Estado pagó 42.050 millones de lei, un 26,7% más que un año antes (Știrile ProTV). Cada leu destinado a los tenedores de bonos deja menos recursos para escuelas, carreteras o salarios, de modo que los recortes en otras partidas deben ser mayores para alcanzar el mismo objetivo de déficit.

Los prestamistas ya pedían más rentabilidad. En las dos semanas anteriores a la decisión, el rendimiento de los bonos a diez años —la rentabilidad anual que exigen los inversores para prestar al Estado— alcanzó su nivel más alto de 2026, según informó Reuters el 1 de octubre (Reuters vía Yahoo Finance). Unos rendimientos más altos encarecen la nueva deuda cuando se refinancia la antigua. No explican, sin embargo, la factura por intereses de este año, que corresponde sobre todo a deuda emitida con anterioridad. S&P anunció su decisión el viernes por la noche, así que los mercados aún no han reaccionado.

Un presupuesto sin votos suficientes

El Parlamento rechazó el gabinete de Siegfried Mureșan el 30 de septiembre: obtuvo 182 votos, por debajo de los 233 que necesitaba (AGERPRES). Los socialdemócratas no le dieron su apoyo y su líder, Sorin Grindeanu, afirma que está dispuesto a negociar un Gobierno con otra orientación económica (Gândul).

La ley presupuestaria rumana da al Gobierno hasta el 15 de noviembre para enviar al Parlamento el proyecto de presupuestos del año próximo (Ley 500/2002). El plazo se refiere a la presentación del proyecto, no a su aprobación. Aun así, será la primera fecha en que los partidos tendrán que demostrar si alguno puede reunir los votos necesarios para aprobar un presupuesto. Un Gobierno en funciones puede mantener en marcha el Estado, pero no aprobar un nuevo presupuesto sin una mayoría.

El bloqueo ya tiene un coste. Ilie Bolojan ha dicho que Rumanía perdió unos 770 millones de euros de fondos europeos de recuperación vinculados a una ley de salarios del sector público que sigue paralizada (HotNews).

Quién asumiría el ajuste

S&P prevé que el presupuesto de 2027 reduzca la inversión pública y limite las subidas de los salarios públicos y las pensiones (News.ro). La inversión pública financia hospitales, carreteras y ferrocarriles. Recortarla perjudica ahora a las empresas constructoras y, más adelante, a quienes usarían esas infraestructuras.

Las subidas moderadas afectan más directamente a los hogares. Cada año, el Estado decide cuánto aumentan las pensiones y los salarios públicos, un ajuste que se conoce como indexación. Si los incrementos quedan por debajo de la inflación, pensionistas y empleados públicos pueden comprar menos con los mismos ingresos. Si se aprueba un presupuesto de ese tipo, estos grupos soportarían buena parte del ajuste. Aún no se ha votado ninguna medida, por lo que sigue abierto cómo se repartiría la carga entre ellos.

S&P ha mantenido a Rumanía dentro del grado de inversión por dos motivos: los recortes del déficit ya realizados y un acuerdo presupuestario que el Parlamento todavía no ha conseguido. Las cifras futuras del déficit son previsiones, no resultados. Dependen de que los partidos que negocian ahora con el presidente Nicușor Dan acuerden quién asumirá la próxima ronda de ajustes. Si no lo logran, S&P ya ha señalado la consecuencia: una rebaja de la calificación, como advierte su perspectiva negativa.