Rumanía arriesga €770 millones en salarios

Bruselas no fija los sueldos rumanos. No aprueba las escalas salariales de profesores, médicos o funcionarios, ni tiene competencias directas sobre cómo se remunera al sector público en Bucarest. Pero la Comisión Europea sí controla si Rumanía recibe alrededor de 770 millones de euros en subvenciones de los fondos de recuperación, y el proyecto de ley salarial con el que el Gobierno rumano pretende desbloquear ese dinero no ha superado aún el examen fiscal comunitario. La cuestión es si Rumanía puede pagar esa reforma sin disparar de nuevo su déficit.

El primer ministro, Ilie Bolojan, confirmó el 19 de agosto que la Comisión había devuelto el borrador con «observaciones» y «peticiones de aclaración» (Agerpres). Algunos medios rumanos hablaron de una posición más dura, al afirmar que Bruselas había «rechazado» el texto, pero no existe ningún documento público de la Comisión que sostenga ese término (Euronews Romania). La diferencia importa: lo que está en marcha es una negociación antes del vencimiento, no un veredicto definitivo.

Rumanía se creó su propio problema de presión

El poder de la Comisión en este caso procede de una decisión previa de Bucarest. En el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo pospandemia de la UE que vincula las subvenciones al cumplimiento de reformas, Rumanía incluyó la reforma salarial del sector público dentro de su plan nacional. El Consejo de la UE aprobó ese plan. Ahora Bruselas comprueba si el Gobierno rumano ha cumplido lo prometido antes de liberar el dinero (EUR-Lex, Comisión Europea). El Tribunal de Cuentas Europeo lo describe como un sistema de pagos ligados a hitos, no a facturas (ECA).

La disputa fiscal es bastante clara. Según las informaciones publicadas, el Ministerio de Finanzas rumano prefiere una versión que añadiría unos 8.000 millones de leus a los costes salariales de 2027 (Știrile ProTV). Las negociaciones políticas habrían elevado esa cifra hacia 12.000 o 16.000 millones de leus, sin recortes compensatorios (RFI Romania). Bruselas quiere saber si el Estado puede asumir el coste más alto. Con una deuda pública superior al 60% del PIB, el ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha advertido de que «la disciplina fiscal es una obligación, no una opción» (Bursa).

Por qué la ley es tan difícil de cerrar políticamente

La reforma pretende sustituir un sistema salarial fragmentado. El ministro interino de Trabajo, Dragoș Pîslaru, explicó que la nueva ley eliminaría 87 de los 151 complementos existentes y limitaría la remuneración por desempeño (Agerpres). Los sindicatos sanitarios no han dado su visto bueno. Los trabajadores de la educación temen una congelación de ingresos. Un asesor del presidente Nicușor Dan ha dicho que Dan no firmará una ley que reduzca salarios en sanidad y educación (Digi24).

Bucarest necesita completar una secuencia muy ajustada antes del 31 de agosto: un acuerdo de coalición sobre el coste de la reforma, una sesión parlamentaria extraordinaria para aprobar la ley y simulaciones fiscales que la Comisión acepte como prueba suficiente. El PNL, socio menor de la coalición y partido que controla el calendario parlamentario, respalda la vía de la sesión extraordinaria (Mediafax). Pero Sorin Grindeanu, líder del PSD, que concentra la mayoría de los escaños de la coalición, sostiene que su partido ni siquiera ha recibido el borrador ni sus simulaciones. Sin el PSD, la ley no puede salir adelante.

El precedente que va más allá de Bucarest

La ley salarial representa unos 770 millones de euros dentro de una quinta solicitud de pago más amplia, por valor de 2.840 millones de euros, presentada el 15 de agosto (Radio Romania, Romania Insider). Además, seis medidas legislativas pendientes están vinculadas a unos 4.500 millones de euros en fondos de recuperación (Brussels Times). Todos los hitos deben completarse antes del 31 de agosto, y los desembolsos finales se cerrarán en diciembre (orientaciones de la Comisión).

La experiencia española con el sexto pago del plan de recuperación mostró que la Comisión puede validar la mayor parte de una solicitud y retener solo la parte que no se haya acreditado suficientemente (RTVE, La Moncloa). Ese parece el modelo probable si Rumanía cumple la mayoría de los hitos, pero no consigue cerrar la reforma salarial. Si la Comisión paga pese a pruebas débiles, otras capitales entenderán que el plazo final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se puede negociar. Bruselas debe decidir ahora si la documentación rumana basta. Bucarest tiene once días para hacer que esa decisión resulte menos sencilla.