Rumanía bloquea €770 millones salariales

770 millones de euros de los fondos europeos de recuperación dependen ahora de una sola ley rumana, rechazada por los sindicatos, parcialmente bloqueada por un tribunal y sin el apoyo del mayor partido del país.

El primer ministro interino, Ilie Bolojan, dijo el 23 de julio que cinco de las seis leyes necesarias para desbloquear las subvenciones europeas pendientes podrían llegar al Parlamento esta semana. La ley de salarios del sector público, la que concentra esos 770 millones, no estaría entre ellas (Adevărul, Romania Insider).

Rumanía se expone a perder unos 4.500 millones de euros en subvenciones aún pendientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo pospandemia de la UE que paga a los gobiernos solo cuando cumplen las reformas prometidas, si el Parlamento no aprueba seis leyes antes del plazo cerrado del 31 de agosto (Brussels Times). Como To Brief contó hace diez días, la crisis afectaba entonces a todo el paquete. Lo que ha cambiado esta semana es que cinco normas podrían avanzar. La reforma salarial, valorada por sí sola en más de 770 millones de euros (Stirile ProTV, Europa FM), queda ahora como la pieza más vulnerable.

Tres bloqueos en diez días

La ley salarial ha chocado con tres obstáculos. El 14 de julio, el líder del PSD, Sorin Grindeanu, dijo que su partido no apoyaría el borrador. El PSD domina el Parlamento rumano y, sin sus votos, no hay mayoría para aprobar la norma. El 21 de julio, el Tribunal de Apelación de Bucarest suspendió el procedimiento de consulta pública tras un recurso del sindicato sanitario Sanitas (Romania Insider). El 23 de julio, las cinco grandes federaciones sindicales pidieron al Parlamento que retirara el texto actual, con el argumento de que 770 millones de euros no justifican imponer una reforma defectuosa (Adevărul).

La debilidad de Bolojan es estructural. Como primer ministro interino, gobierna después de unas elecciones y antes de que se forme una coalición permanente. No tiene el mandato político necesario para imponer una reestructuración impopular, y el PSD puede negarse a votar mientras deja que sea él quien afronte en solitario el vencimiento del plazo.

La disputa gira en torno a quién asume el límite a la masa salarial. El borrador de Bolojan fija los salarios del sector público en un máximo del 8,1% del PIB, un techo negociado con la Comisión Europea, según Mediafax. Los complementos quedarían limitados al 20% del salario base, lo que protegería los sueldos nominales pero recortaría los pluses de los que dependen muchos empleados públicos. Los sindicatos sostienen que el borrador está mal construido. El PSD afirma que un Gobierno interino no tiene legitimidad para imponerlo.

Bruselas puede comprobar, no ordenar

La decisión judicial no congela directamente los fondos europeos. Plantea un problema más difícil: si Rumanía podrá producir una reforma que resista los recursos legales antes de que la Comisión tenga que evaluarla. La Comisión paga solo después de que Rumanía demuestre que la reforma está hecha. Si la prueba no basta, Bruselas puede retener o recortar el dinero (EUR-Lex, European Court of Auditors).

La validación parcial forma parte del funcionamiento real de este sistema. Según Primigea, cuando España presentó su sexta solicitud de pago, la Comisión aprobó la mayoría de los hitos, dejó algunos pendientes y liberó fondos retenidos solo después de que Madrid aportara pruebas adicionales. Rumanía podría seguir una vía parecida: aprobar cinco de las seis leyes quizá proteja esos hitos y el dinero asociado. Pero los 770 millones de la ley salarial no se trasladan a otra partida.

La próxima solicitud de pago rumana, prevista para comienzos de agosto y valorada en unos 2.000 millones de euros (Radio Romania International), llegará a la Comisión con un hueco donde debería estar la reforma salarial. Bulgaria afronta el mismo plazo del 31 de agosto, con unos 400 millones de euros vinculados a reformas pendientes en energía y lucha contra la corrupción (Mediapool).

La Comisión puede vincular dinero a promesas de reforma y verificar su cumplimiento. No puede obligar a un Parlamento nacional a votar, anular a un tribunal ni forzar a los sindicatos a aceptar una consulta que consideran una farsa. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está funcionando como se diseñó: convierte el coste del retraso político en una cifra precisa y no negociable. En el caso de Rumanía, esa cifra es de 770 millones de euros y el plazo vence el 31 de agosto.