Rumanía arriesga €770m por los salarios

El primer ministro interino Ilie Bolojan puso cifra al coste de los incumplimientos de Rumanía. El país ha perdido 770 millones de euros porque sus partidos no lograron pactar una ley salarial para el sector público, afirmó el 31 de agosto, y se expone a perder hasta 100 millones más porque siguen funcionando centrales de carbón que debían haberse cerrado (HotNews). Añadió que su Gobierno interino no tenía responsabilidad en ninguno de los dos casos.

La fecha del 31 de agosto no era un detalle administrativo: era el último día para que Rumanía completara las reformas comprometidas en su PNRR, el plan nacional vinculado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, el programa poscovid que concedió préstamos y subvenciones a los Estados miembros a cambio de reformas verificables (orientaciones de cierre de la Comisión). A partir de ahora, la Comisión Europea evaluará qué se ha cumplido realmente y decidirá cuánto recorta.

Tres pérdidas, tres grados de certeza

Conviene ordenar las cifras, porque no todas describen la misma pérdida.

La más clara asciende a 458,7 millones de euros, ya descontados de forma definitiva de la tercera solicitud de pago presentada por Rumanía este año, después de que no se cumplieran varios hitos y expirara el periodo de suspensión (Agerpres, Radio Romania International). Ese dinero ya se ha perdido.

Los 770 millones son, por ahora, una admisión política, no una decisión formal de la Comisión. El presidente Nicușor Dan sostuvo que los cuatro antiguos partidos de la coalición habían sido incapaces de pactar una ley salarial unificada y habían aceptado esa pérdida (Agerpres, Spotmedia). Euronews y Bloomberg trataron la cifra como una pérdida esperada, no como un recorte ya contabilizado. Al vencer el plazo, Bruselas aún no había publicado una decisión de pago.

La estimación sobre el carbón es todavía menos firme. Bolojan dijo que Rumanía podría perder hasta 100 millones de euros porque las centrales de lignito de Turceni y Craiova no se cerraron como exigía el plan (Digi24). Es un cálculo del Gobierno sobre una penalización que la Comisión todavía no ha fijado.

El expediente del carbón va más allá del dinero

La ley salarial fracasó porque los partidos no se pusieron de acuerdo. Kelemen Hunor, líder de la UDMR, defendió que no debía aprobarse una mala ley solo para asegurar los fondos (Kronika). El carbón plantea otro problema: el orden de los pasos. Rumanía prometió cerrar centrales antes de que estuvieran construidas la generación alternativa y las redes de calefacción urbana necesarias.

La explicación del propio Bolojan fue que las alternativas en torno a Craiova y el valle del Jiu no estaban listas (HotNews). Cerrar el carbón antes de contar con calor y electricidad de sustitución trasladaría costes reales a los hogares y a los sistemas municipales de calefacción. La Comisión puede poner precio al hito incumplido como penalización fiscal. Un cierre prematuro, en cambio, habría supuesto una penalización económica para quienes viven junto a esas plantas.

El Parlamento explicitó esa tensión. Una enmienda del PSD condiciona ahora los cierres de carbón a que antes se construya capacidad equivalente de sustitución. La Comisión advirtió de que ese cambio podría socavar el hito de descarbonización ya aprobado en el plan rumano (Agerpres, Romania Insider). Un Gobierno nacional incorporó a un plan validado por la UE un calendario de cierres muy exigente. Los Ejecutivos posteriores lo heredaron cuando la infraestructura física aún no existía.

Rumanía no es una excepción. La fase final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está dejando al descubierto promesas incumplidas en toda la UE. La Unión no ofreció cheques en blanco. Según el artículo 24 del reglamento del mecanismo, la Comisión puede hacer pagos parciales, suspender importes vinculados a condiciones no cumplidas y reducir finalmente lo que recibe un país si no llegan las pruebas exigidas (EUR-Lex, explicación del Consejo). Las promesas de reforma se convirtieron en listas verificables.

Quién paga cuando desaparecen las subvenciones

Cuando las subvenciones europeas no llegan, un Gobierno tiene dos opciones: endeudarse para sustituirlas o retrasar los proyectos que debían financiar. Un análisis de datos del Ministerio de Finanzas rumano concluyó que más del 70% de la inversión pública en la primera mitad de 2026 procedía de subvenciones europeas y préstamos del PNRR (Friendship Bridge). Fitch mantiene la calificación de Rumanía en BBB-, con perspectiva negativa (Fitch Ratings). Para un emisor en BBB-, el dinero de sustitución ya no sale gratis.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha hecho aquello para lo que fue diseñado: convertir compromisos de reforma en consecuencias fiscales. La Comisión puede poner precio a cada hito incumplido. Los Gobiernos rumanos aún deben explicar a sus votantes por qué prometieron cerrar centrales de carbón antes de que estuvieran listas las alternativas.