Rumanía choca con el límite salarial

Rumanía tiene hasta el 31 de agosto para aprobar una ley salarial del sector público vinculada a 770 millones de euros de los fondos europeos de recuperación (Digi24, Romania Insider). La Comisión Europea pidió aclaraciones sobre un borrador anterior, aunque no llegó a rechazarlo (Agerpres). El obstáculo más difícil está dentro del país.

El ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, reveló el 19 de agosto que la deuda pública alcanzó el 60,1% del PIB en el primer trimestre (Eurostat). Esa cifra no es solo un dato contable: activa límites legales. Según la Ley de Responsabilidad Fiscal y Presupuestaria rumana, cuando la deuda supera el 60%, el Gobierno no puede aprobar medidas que aumenten el gasto total en salarios o prestaciones sociales (Agerpres). Bucarest intenta diseñar una subida salarial que quizá no pueda firmar legalmente.

Un borrador más barato, pero aún quizá demasiado caro

La versión enviada a los líderes de los partidos el 20 de agosto rebaja el valor de referencia a 4.000 leus, frente a los 4.100 del borrador de julio (Adevărul, ZF). Ese valor es la base que se multiplica por un coeficiente específico de cada puesto para calcular el salario. Al reducirlo, se abarata toda la escala retributiva sin tener que reescribir cada categoría profesional.

El texto también limita primas, complementos y premios al 20% del presupuesto total de cada autoridad (Știrile ProTV). En el sistema actual, esos añadidos pueden elevar el sueldo neto muy por encima de la nómina oficial. Los empleados públicos que dependen en mayor medida de esos complementos podrían ver caer sus ingresos reales, aunque suba el salario base. Los más afectados no serían los trabajadores peor pagados, sino quienes están en organismos donde las estructuras de bonus han inflado discretamente la remuneración total.

El ministro de Trabajo, Dragoș Pîslaru, sostiene que ningún ingreso bajará y que más de dos tercios de los empleados públicos recibirán una subida (G4Media). Pero las subidas salariales no son un gasto puntual: se repiten cada año. Nazare advirtió de que cualquier cantidad por encima del techo anual pactado, situado en torno a 8.000 millones de leus, se convierte en una obligación presupuestaria permanente (Digi24).

Varios medios, citando fuentes políticas, sitúan los escenarios discutidos con Bruselas entre 12.000 y 16.000 millones de leus para 2027 (RFI România, Adevărul). Si el coste se acerca a esa horquilla, la ley rebasaría el límite y trasladaría el agujero a todos los presupuestos futuros. Infraestructuras, sanidad e inversión pública quedarían bajo presión para hacer sitio a la nueva factura salarial.

Los tipos altos encarecen la cuenta

Rumanía está sometida al procedimiento de déficit excesivo de la UE, el mecanismo corrector para los países que gastan por encima de los límites, lo que restringe el ritmo al que puede crecer el gasto público (Comisión Europea). Los prestamistas ya exigen a Rumanía algunos de los tipos de financiación más altos de la región, con rendimientos a diez años en torno al 6,7%–7,4%, según datos de mercado, mientras Fitch revisa la calificación BBB- del país con perspectiva negativa (SeeNews). Las subidas permanentes financiadas a esos tipos se acumulan: el Estado paga más por endeudarse y la obligación salarial no se reduce.

Diez días y ningún dueño político

Pîslaru prevé enviar la ley al Parlamento para una sesión extraordinaria alrededor del 25 o 26 de agosto, con el objetivo de que quede firmada antes de fin de mes. Ningún partido ha respaldado formalmente el texto. El ministro afirmó que «la responsabilidad final recae ahora en los partidos y en el Parlamento» (News.ro).

Los 770 millones de euros forman parte de una solicitud de pago más amplia, de 2.840 millones, ya presentada en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, el fondo pospandemia que condiciona las ayudas al cumplimiento de reformas (Radio Romania). Incumplir el plazo no implica que el dinero desaparezca de un día para otro. La Comisión puede retener la parte no justificada y dar tiempo para corregirla, como hizo con el sexto pago reciente de los fondos de recuperación a España (EUR-Lex, RTVE).

La ley debe superar tres pruebas a la vez: ser lo bastante barata para que Bruselas y los mercados crean que Rumanía podrá pagarla, lograr el apoyo de unos socios de coalición que aún no la han asumido y aprobarse antes de que las propias reglas de deuda del país la bloqueen. El dinero todavía no está perdido. Para conservarlo, el Gobierno necesita una factura salarial que esté autorizado a firmar.