Rusia apunta al umbral electoral letón

Letonia vota el 3 de octubre de 2026. Catorce listas competirán por escaños en la Saeima, el Parlamento letón, y varias formaciones se mueven cerca del umbral del 5% necesario para entrar en la cámara (Saeima, CVK). Rusia está introduciendo relatos hostiles en el espacio informativo báltico. La cuestión pendiente es si alguien puede medir el daño antes de que los votantes lleguen a las urnas.

Las pruebas públicas no muestran sistemas electorales pirateados ni manipulación directa de resultados. Muestran algo más difícil de cuantificar: un esfuerzo sostenido por erosionar la confianza que necesitan los votantes para valorar a los partidos y creer en el proceso. El Ministerio de Exteriores ruso ha difundido acusaciones según las cuales los Estados bálticos estarían preparando «deportaciones masivas» de rusohablantes. Lituania, Letonia y Estonia respondieron con una protesta diplomática conjunta en la que rechazaron esas afirmaciones por falsas (Lrytas, Labdien.lv). Estonia convocó por separado al representante ruso por la misma campaña (ERR Estonia).

En Letonia, algunos análisis presentan el propio acto de votar como una cuestión de seguridad, porque la desinformación puede alimentar la apatía, la sospecha hacia las instituciones y la duda sobre la legitimidad de la campaña (IR). El objetivo no sería alterar un resultado de forma directa, sino lograr que suficientes personas se desentiendan o desconfíen del desenlace para que pequeñas variaciones de participación decidan qué partidos superan el corte.

Personas y redes, no solo consignas

El registro público también apunta a una actividad organizada detrás de esos relatos. El servicio de seguridad letón, VDD, pidió a la fiscalía que acusara a cuatro personas por recopilar presuntamente información de inteligencia a través de una red prorrusa llamada «antifascistas bálticos» (VDD Latvia). En Lituania, TV3 informó de que reclutadores ofrecían dinero por grabar vídeos cerca del área de entrenamiento militar de Pabradė, material que después podría utilizarse para «probar» que se habían lanzado drones hacia Rusia (TV3).

El patrón tiene coherencia: fabricar dudas sobre los derechos de las minorías y las intenciones militares, y dejar después que las sociedades democráticas discutan bajo presión electoral. La agencia pública polaca documentó tácticas similares en otra frontera de la OTAN, con imágenes generadas por inteligencia artificial en TikTok y relatos contra el gasto en defensa antes de la cumbre de Ankara (PAP). Varios países identifican la misma presión rusa, pero solo Letonia la afronta en plena carrera parlamentaria fragmentada, donde unos pocos miles de votos pueden decidir qué partidos entran en el Parlamento.

Dónde funcionan las herramientas y dónde no

Europa ha construido varias capas de respuesta desde 2022. El Reglamento de Servicios Digitales de la UE, que obliga a las grandes plataformas a evaluar riesgos para las elecciones y el debate cívico, otorga a la Comisión Europea poder de supervisión sobre la gestión de amenazas sistémicas (DSA). La UE prohibió la emisión de RT y Sputnik (Reglamento del Consejo 2022/350). El Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN tiene su sede precisamente en Riga (NATO StratCom COE).

Estas herramientas sirven contra objetivos identificables. Se puede presionar a las plataformas al amparo del Reglamento de Servicios Digitales. Se puede prohibir a emisoras mediante reglamento del Consejo. Se puede procesar a espías, como muestra el caso del VDD. La debilidad está en todo lo que queda entre medias: canales cifrados, dominios que clonan medios, grupos semiprivados en redes sociales e intermediarios pagados cuya atribución resulta difícil y a los que es aún más complicado llegar antes de unas elecciones. La primera respuesta jurídica a una operación informativa sigue en manos de las autoridades nacionales, y las autoridades nacionales se mueven al ritmo de una investigación, no al de una campaña.

Lo que aún se debe a los votantes

El registro público contiene protestas diplomáticas, advertencias de los servicios de seguridad y análisis periodísticos. No contiene un informe forense de plataformas que muestre qué redes impulsaron esos relatos y a cuántas personas alcanzaron. Tampoco muestra si cambiaron las actitudes de los votantes. Las voces más invocadas por la narrativa rusa, los residentes rusohablantes de Letonia y Estonia, apenas aparecen en el debate público sobre su supuesta persecución.

La amenaza es creíble. La preocupación oficial tiene fundamento. Pero tres actores deben algo más concreto a los votantes antes del 3 de octubre. El VDD puede publicar pruebas sobre la amenaza sin comprometer causas abiertas. Las plataformas sujetas al Reglamento de Servicios Digitales pueden divulgar datos de alcance y retirada de campañas coordinadas dirigidas contra votantes letones. Y la Comisión Europea puede decir públicamente si se están aplicando las herramientas de integridad electoral previstas en ese reglamento. Las advertencias sin pruebas públicas corren el riesgo de convertirse en aquello que dicen combatir: otra razón para desconfiar de las instituciones.