El escudo legal del arancel del 10%

La Administración de Trump ha trasladado sus aranceles globales a una nueva vía jurídica. La anterior fracasó en los tribunales. La nueva se apoya en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite a Washington imponer derechos de aduana tras investigar formalmente prácticas extranjeras que considera perjudiciales para el comercio estadounidense (White House). Las medidas entraron en vigor el 24 de julio y afectan a 60 economías. Para los productos de la UE, el arancel combinado alcanza por lo general el 10% (Morgan Lewis).

Para los exportadores europeos, que venden cada año 554.000 millones de euros en Estados Unidos (Eurostat), el problema principal no es tanto el nivel del arancel como su posible duración. Lo que ha cambiado es la resistencia legal de estas medidas ante nuevos recursos.

Por qué esta vía legal es más difícil de tumbar

El Tribunal Supremo anuló los aranceles anteriores de la Administración porque se habían basado en la IEEPA, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una norma de 1977 concebida para situaciones excepcionales que no concede en realidad la facultad de fijar aranceles (NPR). Una solución provisional mediante la sección 122, un instrumento vinculado a la balanza de pagos y limitado a 150 días, permitió ganar tiempo mientras se preparaba una base más sólida (Thomson Reuters).

Esa base es la sección 301. El representante comercial de Estados Unidos abrió en marzo 60 investigaciones, en las que acusó a cada economía de no prohibir las importaciones producidas con trabajo forzoso, recibió más de 1.600 comentarios escritos y escuchó el testimonio de más de 100 comparecientes antes de fijar los tipos (White House). Ese expediente administrativo es la estrategia. Al revisar aranceles basados en la sección 301, los tribunales deben valorar si el Gobierno abusó de una herramienta comercial legítima, no si utilizó una ley que no le correspondía (Forbes).

Las demandas llegaron en cuestión de horas. El Liberty Justice Center sostiene que el argumento del trabajo forzoso es un pretexto para reconstruir el muro arancelario global que los tribunales ya habían rechazado (Liberty Justice Center). Kimberly Clausing, profesora de Derecho Tributario en UCLA, calificó los aranceles de «claramente ilegales» (CNBC). Pero demostrar un abuso de procedimiento suele llevar más tiempo que probar que se aplicó una ley equivocada. Eso reduce las opciones de una suspensión rápida, salvo que los tribunales acepten pronto la tesis del pretexto.

Quién paga y cómo se traslada el coste

El arancel funciona como un impuesto en la frontera estadounidense. Lo paga el importador en Estados Unidos y, a partir de ahí, decide si absorbe el coste, sube los precios al consumidor o presiona al proveedor europeo para que rebaje los suyos (Alvarez & Marsal). Para las empresas europeas, esa tercera vía es la que más duele.

La exposición está muy concentrada. Los productos farmacéuticos representaron el 29% de las exportaciones de la UE a Estados Unidos en 2025. Solo Irlanda envió 160.600 millones de euros en productos farmacéuticos a compradores estadounidenses, casi el 43,8% de todas las exportaciones farmacéuticas europeas (Eurostat). PwC Irlanda señaló que la industria farmacéutica irlandesa está protegida temporalmente por exenciones, pero advirtió de la amenaza de Trump de imponer aranceles del 100% a los genéricos en un plazo de dos años (PwC Ireland). La exención sigue vigente hoy. La duda es si seguirá vigente el año que viene, y esa incertidumbre ya entra en los planes de inversión del sector.

Alemania recibe el golpe a través de su base industrial. El instituto ifo informó de que más del 60% de las empresas industriales alemanas aseguraban verse perjudicadas por los aranceles estadounidenses, un porcentaje que subía al 74% en el sector del automóvil, donde el propio ifo describió las medidas como un freno a la inversión (ifo). Ese daño no se queda en Alemania. Cuando los fabricantes alemanes reducen pedidos y retrasan inversiones en nuevos modelos, los proveedores de Europa central reciben menos volumen. El sector automovilístico alemán ya perdió más de 70.000 empleos en 2024 y más de 40.000 en 2025 (Eurofound).

Italia muestra el efecto de la incertidumbre arancelaria sobre las pequeñas empresas. Confartigianato, la federación italiana de negocios artesanos, informó de que en sectores dominados por microempresas, como la alimentación, la moda y el mueble, diez meses de incertidumbre sobre los aranceles provocaron una caída del 8,3% en las ventas a Estados Unidos (Giornale delle PMI). Para un productor de Parmigiano, el porcentaje importa menos que saber si seguirá aplicándose cuando salga el próximo contenedor.

La duración es la verdadera presión

Un arancel no necesita sobrevivir a una revisión definitiva del Tribunal Supremo para alterar el comercio. Le basta con mantenerse en vigor el tiempo suficiente para modificar precios contractuales, retrasar inversiones industriales y empujar a las empresas a redirigir cadenas de suministro (FreightWaves). Los datos de Eurostat ya muestran un comportamiento coherente con esa lógica: el superávit comercial de bienes de la UE con Estados Unidos cayó de 81.200 millones de euros en el primer trimestre de 2025 a 40.800 millones en el tercero, un patrón compatible con el adelanto de envíos antes de la entrada esperada de los aranceles y el repliegue posterior (Eurostat).

Al pasar de una proclamación de emergencia a un remedio comercial administrado, con un expediente procedimental amplio, Washington se ha dado una base jurídica que podría mantener los aranceles durante años de litigios. Para las empresas europeas construidas sobre un acceso transatlántico previsible, la duración esperada del arancel pesa ya más que el porcentaje que aparece en la factura.