Hungría adjudica sin competencia real

El 19,6% de las licitaciones públicas húngaras se cerró el año pasado con un único postor. Detrás de contratos por 309.500 millones de forintos aparecen estructuras de propiedad opacas vinculadas a fondos de capital privado. Y los grandes organismos de compras centralizadas, que gestionaron más de 3,7 billones de forintos entre 2020 y 2025, apenas respondieron cuando la autoridad anticorrupción del país les pidió cooperación (Telex, 24.hu).

Las conclusiones proceden de la Autoridad de Integridad de Hungría, el organismo que Budapest creó bajo presión de la UE para desbloquear fondos congelados. Su informe de síntesis de 2025, publicado esta semana, es la auditoría más amplia que ha hecho hasta ahora sobre contratación pública. La autoridad sostiene que el sobreprecio es sistémico, que la competencia se desactiva de forma habitual y que el propio funcionamiento del sistema premia los precios inflados.

Cómo se mantienen inflados los precios

El problema es estructural. Las ofertas se comparan con un «valor estimado» que no tiene por qué reflejar el coste real de los bienes o servicios. Después, contratos anteriores ya inflados sirven como referencia para los nuevos, de modo que el gasto por encima del mercado se incorpora al sistema y se acumula con el tiempo (HVG).

Las administraciones contratantes juegan con la escala para reducir la competencia: agrupan contratos hasta que solo pueden presentarse grandes empresas, o los dividen para esquivar los concursos abiertos (Portfolio). Los pliegos técnicos se ajustan hasta que encaja una sola compañía. Las mismas firmas aparecen una y otra vez, concurren juntas y ganan juntas. La construcción y la energía, dos de las mayores partidas de gasto del Estado, concentran los mayores sobreprecios.

Hay además una brecha de transparencia en las compras centralizadas. Los contratos de energía, vehículos, mobiliario y viajes del sector público no aparecen en la plataforma de contratación pública. Su valor supera los 500.000 millones de forintos sin contar la energía, y podría multiplicarse por cuatro o por cinco una vez incluida (HVG).

Los tres cerrojos europeos sobre el dinero húngaro

El informe no congela ni libera fondos por sí solo. El acceso de Hungría al dinero europeo depende de tres mecanismos distintos. El Consejo, donde votan los Gobiernos de los Estados miembros, suspendió 6.300 millones de euros de fondos de cohesión en diciembre de 2022 en virtud del Reglamento de Condicionalidad, la herramienta que vincula la protección del presupuesto europeo al respeto del Estado de derecho. El plan húngaro de recuperación pospandemia incluye 27 «superhitos» sobre garantías anticorrupción y contratación pública que deben cumplirse antes de que fluya el dinero (Comisión Europea). Y las normas de cohesión de la UE permiten bloquear reembolsos si Hungría no cumple las condiciones de gobernanza, sin necesidad de una nueva votación política (Reglamento de Disposiciones Comunes).

Ninguno de esos cerrojos se abre automáticamente por el informe. Pero el documento aporta pruebas desde la institución que Bruselas exigió crear a Hungría. Si esa misma institución afirma que los precios siguen inflados, la Comisión se enfrenta a una decisión incómoda: determinar si las promesas de reforma bastan para desbloquear fondos. El Tribunal de Cuentas Europeo advirtió por separado de que la trazabilidad y la transparencia del gasto de recuperación siguen siendo insuficientes en el conjunto de la UE.

El problema polaco

Polonia complica aún más el cálculo. En febrero de 2024, Bruselas liberó alrededor de 137.000 millones de euros en fondos europeos para el Gobierno reformista polaco antes de que las reformas judiciales estuvieran plenamente probadas. Aquella decisión pesa desde entonces sobre todos los expedientes de condicionalidad: mostró que la dirección política puede contar tanto como los resultados medibles.

El Parlamento húngaro aprobó el 23 de junio una nueva ley de contratación pública, con normas más estrictas sobre conflictos de intereses y transparencia de los titulares reales. Si Bruselas paga porque el primer ministro Péter Magyar ha cambiado la política húngara, antes de que las licitaciones sean más competitivas y más baratas, la herramienta europea de financiación ligada al Estado de derecho empezará a parecer política más que reglada.

Eslovaquia ya ha sacado su propia conclusión. Mientras Hungría intenta volver a cumplir las condiciones europeas tras la congelación de fondos, Eslovaquia empieza a repetir sus errores, informó Denník N. En abril, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que estudiara aplicar el mismo mecanismo contra Bratislava.

La prueba de credibilidad es más concreta y más difícil de lo que parece: qué pruebas exige Bruselas antes de mover el dinero. La autoridad húngara ha presentado indicios de que la maquinaria de contratación sigue inflando los precios. Lo que haga la Comisión con esas pruebas dirá más sobre la condicionalidad que cualquier nueva ley aprobada en Budapest.