Slovalco reabre con apoyo eléctrico eslovaco

Las primeras cubas de electrólisis de la planta de aluminio de Slovalco, en Žiar nad Hronom, se encendieron esta semana, tres años después de que el encarecimiento de la electricidad obligara a parar la producción primaria. El regreso de la fábrica importa más allá de Eslovaquia porque muestra el tipo de pacto que los gobiernos europeos están aceptando para mantener viva a la industria intensiva en energía: electricidad barata, compensación por los costes del carbono y ayudas sin un horizonte claro de salida.

75.000 toneladas, no 175.000

Slovalco recuperará 75.000 toneladas de producción anual sobre una capacidad total de unas 175.000 toneladas, con una inversión mínima de 100 millones de euros. Las 100.000 toneladas restantes dependen de contratos eléctricos que aún no existen y de condiciones posteriores a 2030 que nadie ha cerrado.

El primer ministro Robert Fico presentó el reinicio como la recuperación de hasta el 17% de la producción europea de aluminio primario. La cifra toma como referencia la capacidad total de Slovalco, no las 75.000 toneladas comprometidas, y la compara solo con la producción primaria de la UE, que ha caído hasta unas 950.000 toneladas anuales tras el cierre de fundiciones en todo el continente. La producción europea en sentido amplio se situó en torno a 3,6 millones de toneladas en el primer semestre de 2026. Con cualquiera de esos denominadores, el arranque inicial queda bastante por debajo del titular político.

La electricidad barata se convierte en política industrial

Producir aluminio primario, es decir, metal nuevo a partir de mineral mediante electrólisis y no a través del reciclaje de chatarra, exige enormes cantidades de electricidad. Cada tonelada requiere alrededor de 14 megavatios hora, y la energía suele representar entre el 30% y el 40% del coste de producción. Por eso las fundiciones son de las primeras industrias que paran cuando los precios se disparan y de las últimas que vuelven sin apoyo público.

La ayuda a Slovalco tiene dos piezas. La primera es un contrato de suministro a largo plazo con Vodohospodárska výstavba, la empresa hidroeléctrica estatal, para aportar unos 100 MW de electricidad estable durante todo el día. Las fundiciones no pueden encenderse y apagarse de forma barata, de modo que necesitan energía de base a precios muy inferiores a los del mercado. El precio real no se ha hecho público: la compañía estatal ha clasificado los volúmenes y tarifas del contrato como secretos comerciales.

La segunda pieza es la reforma del mecanismo con el que Bratislava compensa a las fundiciones por los costes eléctricos asociados al carbono. Los productores de electricidad trasladan el coste de los derechos de emisión de la UE, el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), a los precios mayoristas, lo que encarece la electricidad para los grandes consumidores aunque ellos no generen emisiones adicionales. La Comisión Europea aprobó en julio el nuevo esquema eslovaco, que casi triplica el presupuesto del programa, de 250 millones a 710 millones de euros, y eleva del 75% al 80% la parte de los costes elegibles que puede cubrir el Estado. Además, Slovalco recibió alivios en la contribución al fondo nuclear y en otros cargos (Teraz). Los medios eslovacos calculan que el coste anual de esas rebajas industriales con cargo al Fondo de Medio Ambiente ronda los 75 millones de euros.

Eslovaquia no es una excepción. La Comisión autorizó en el mismo periodo esquemas similares de compensación por costes de carbono para Chequia, Francia, Países Bajos, Austria y España (Brussels Times). En España, Alcoa San Cibrao volvió a poner en marcha sus 512 cubas en abril de 2026, con más de 1.000 empleos en juego, pero su viabilidad a largo plazo sigue pendiente de parques eólicos aún no construidos y de 72 millones de euros en compensaciones previstas por CO₂. En Alemania, el Ministerio federal de Economía sostiene que una electricidad industrial más barata mantiene proveedores, fábricas y empleo cualificado dentro del país. Sus críticos responden que las ayudas actuales apenas alteran la ecuación: ARD informó de que un programa reduciría un precio eléctrico industrial de referencia de 18 a 17,6 céntimos por kilovatio hora.

Quién paga y quién gana

Los beneficios están concentrados. El grupo noruego Hydro, dueño del 55,3% de Slovalco, y su socio Penta Investments recuperan un activo productivo. Más de 200 trabajadores en Žiar nad Hronom conservan el empleo. Los fabricantes que utilizan aluminio en fases posteriores de la cadena ganan una fuente europea de metal primario en lugar de depender de importaciones que cubren entre el 70% y el 80% de la demanda de la UE.

Los costes se reparten entre contribuyentes y presupuestos climáticos. La compensación por costes de carbono desvía ingresos de las subastas del RCDE que podrían financiar programas verdes o reducir déficits. La empresa pública compromete electricidad en condiciones opacas y renuncia a lo que podría obtener vendiéndola en el mercado abierto. La ayuda, además, no funciona como una inversión puntual, sino como un apoyo diseñado para repetirse año tras año. Slovalco demuestra que una reapertura es posible cuando el Estado sigue cubriendo parte de la factura eléctrica. Sus propios dueños lo asumen: no se comprometerán con la segunda mitad de la planta sin otra ronda de garantías.