Sofía desafía las reglas del euro

El Parlamento búlgaro ha aprobado un presupuesto para 2026 con un déficit del 5,7% del PIB y hasta 10.100 millones de euros en nueva deuda (BTA). El límite de déficit de la UE, el desfase máximo entre lo que un Estado gasta y lo que ingresa, es del 3%. Bulgaria casi lo duplica.

El calendario convierte la disputa presupuestaria en algo más que un pulso interno. Bulgaria acaba de incorporarse a la zona euro y ya está sometida al procedimiento formal de corrección de la UE por exceso de gasto. Un país que acaba de adoptar la moneda común pone ahora a prueba la capacidad de las reglas fiscales europeas para hacerse cumplir.

Las cifras empeoran

Las previsiones de primavera de la Comisión Europea ya advertían de incumplimientos persistentes: déficits del 3,5% en 2025, del 4,1% en 2026 y del 4,3% en 2027 (Comisión Europea). El presupuesto aprobado supera incluso ese escenario. Los datos trimestrales de Eurostat muestran que la tendencia ya está en marcha: Bulgaria registró un déficit público del 7,6% en el primer trimestre de 2026, el más alto de la UE (Eurostat).

Bruselas ha abierto el procedimiento de déficit excesivo, el mecanismo formal que se activa cuando un país rebasa el umbral del 3%. Sofía debe presentar medidas presupuestarias ya aprobadas, no simples compromisos, antes del 15 de octubre de 2026 (Consejo de la UE, Global Banking & Finance/Reuters). Si el incumplimiento persiste, las reglas pueden acabar en sanciones. El nuevo marco fiscal europeo no mira solo la cifra de déficit, sino también la evolución del gasto, porque Bruselas quiere comprobar si los gobiernos están frenando su trayectoria presupuestaria y no solo maquillando un ejercicio concreto (Comisión Europea).

Hay un dato que evita que esto sea una alarma de deuda. La deuda pública búlgara ronda el 28,5% del PIB, un nivel bajo para cualquier comparación europea (Eurostat). El problema no es que Bulgaria esté al borde de la insolvencia. El problema es que ha entrado en la zona euro mientras vota una senda presupuestaria en la que Bruselas difícilmente puede confiar.

Francia ofrece un contraste útil. El FMI prevé para 2026 un déficit francés del 5,2%, mientras la deuda pública alcanza el 117,6% del PIB, unas cuatro veces la ratio búlgara (FMI, Eurostat). Como contaba To Brief esta semana, París afronta una presión creciente para presentar un plan creíble, con medidas de ahorro que ya afectan al gasto sanitario (To Brief). Bulgaria mide si Bruselas puede reaccionar con rapidez cuando un pequeño miembro de la zona euro aprueba un déficit peor que el previsto por la Comisión. Francia mide si el mismo sistema puede mantener la presión sobre una gran economía cuya deuda convierte el problema en continental. Ambos casos se observan en paralelo, de Viena y Berlín a Bucarest y Varsovia.

Quién paga la factura

Si Bulgaria cumple mediante contención del gasto, el margen es estrecho. Salarios, prestaciones sociales y pensiones representan alrededor del 76% del gasto (BTA). Eso no significa que esas partidas vayan a recortarse automáticamente, pero sí que ningún ajuste serio puede esquivarlas salvo que se suban impuestos o se retrasen inversiones. El debate interno búlgaro ya incluye la congelación de salarios públicos como parte del coste.

Si Sofía opta por aplazar el ajuste, el coste cambia de sitio, pero no desaparece. Los inversores exigen mayores rendimientos, los intereses consumen más presupuesto y los futuros gobiernos heredan menos margen. El ministro de Finanzas búlgaro ha sugerido que el déficit real podría quedar por debajo del 5,7% si el retraso en la entrada en vigor del presupuesto deja proyectos de capital sin ejecutar (Economic.bg). Eso mejoraría la cifra sin corregir la estructura, un patrón que Sofía ya ha utilizado antes al reforzar los datos de corto plazo con medidas puntuales, como anticipos fiscales a la banca, mientras estrechaba el margen futuro.

La baja deuda de Bulgaria da a Sofía un tiempo del que carecen la mayoría de gobiernos europeos. Pero el presupuesto aprobado convierte la aplicación de las reglas, más que la solvencia, en el centro del debate. El plazo de octubre mostrará si pertenecer a la zona euro implica disciplina fiscal o solo una moneda nueva.