Sofia presiona por Alekperov

Medios búlgaros sostienen que Sofía intentó dejar fuera de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia a Vagit Alekperov, antiguo responsable de Lukoil y accionista de la compañía. La información sigue limitada a Bulgaria y no ha sido verificada fuera del país, pero apunta a una debilidad real: cuando las sanciones europeas requieren el visto bueno de todos los gobiernos, la exposición energética de un solo Estado puede condicionar toda la política común.

La regla es sencilla y tiene mucho poder. Según el artículo 31 del TUE, las sanciones de política exterior de la UE suelen aprobarse por unanimidad, de modo que una capital puede retrasar o bloquear un paquete antes de que se convierta en norma. Ahí se libra la negociación de verdad: antes de que aparezca el texto final, cuando los gobiernos discuten nombres, excepciones y costes.

La pelea antes del paquete

Las sanciones individuales se recogen en listas anexas a actos jurídicos de la UE, incluido el régimen contra Rusia establecido por la Decisión 2014/145/PESC y el Reglamento 269/2014. Un gobierno puede objetar porque considera débil la base probatoria, porque su economía pagaría un precio o porque ambas cosas se mezclan.

Esa distinción importa en el caso de Alekperov. Si Bulgaria planteó una objeción jurídica acotada, la disputa tiene una naturaleza. Si utilizó el peso de Lukoil en Bulgaria como argumento para proteger de las medidas europeas a una figura vinculada a Rusia, la cuestión es mucho más amplia: hasta qué punto un cuello de botella energético nacional puede blindar a alguien frente a sanciones diseñadas para aplicarse en toda Europa.

Hungría ya ha mostrado hasta dónde puede llegar esa capacidad de presión. Durante la negociación del embargo petrolero, Budapest se opuso a una prohibición total y los líderes europeos acabaron pactando una fórmula que dejaba fuera el petróleo transportado por oleoducto, recogida después en el sexto paquete de sanciones tras la información de Reuters sobre el veto parcial al crudo ruso. El Gobierno de Viktor Orbán presentó abiertamente el embargo como una amenaza para la economía húngara en su propia comunicación pública.

Budapest también demostró que la negociación sobre personas concretas existe. The Guardian informó de que el patriarca Kirill fue retirado de la lista de sancionados tras la oposición húngara a su inclusión (The Guardian). Ese precedente no prueba lo ocurrido con Alekperov. Sí explica por qué la alegación resulta verosímil y políticamente relevante.

El argumento más sólido para las excepciones

Hay un argumento serio a favor de dar margen a los Estados más expuestos. Eslovaquia y Hungría dependían del petróleo por oleoducto más que muchos otros Estados miembros, y la Comisión justificó las excepciones temporales por la dependencia energética y la disponibilidad de alternativas en sus preguntas y respuestas sobre las sanciones. Esas salvedades quedaron incorporadas después al Reglamento 2022/879.

Ese es el mejor argumento en defensa de la unanimidad: mantiene dentro de la coalición sancionadora a gobiernos vulnerables, en lugar de empujarlos a una resistencia abierta. Un país con refinerías, contratos de suministro y votantes expuestos a subidas de precios no tratará las sanciones energéticas como una abstracción geopolítica.

La misma regla, sin embargo, también premia las tácticas de presión. Para los gobiernos del flanco oriental, las excepciones repetidas pueden parecer agujeros en una herramienta de seguridad. El programa de la presidencia polaca del Consejo sitúa la presión sobre Rusia dentro de una agenda más amplia de seguridad europea, mientras el Consejo sostiene que las sanciones buscan debilitar la capacidad de Moscú para financiar y hacer la guerra en Ucrania (Consejo).

El choque está inscrito en el sistema. Un gobierno ve una exención como protección frente a una sacudida interna. Otro ve la misma exención como una concesión que debilita la respuesta europea ante Rusia.

Lo que oculta el texto final

El registro público suele mostrar el compromiso acabado, no la presión que lo produjo. Recoge el paquete aprobado por el Consejo, los nombres incluidos y las excepciones escritas en la norma. Rara vez muestra qué gobierno amenazó con bloquear, qué nombre desapareció o qué salvedad compró el acuerdo.

Por eso la alegación búlgara importa, aunque siga rodeada de cautelas. Las preguntas relevantes son concretas: si Sofía pidió excluir a Alekperov, con qué argumentos y si la exposición búlgara a Lukoil formó parte de la discusión. También si otros gobiernos se opusieron o si el asunto se diluyó dentro de una negociación más amplia.

Hasta que esas respuestas aparezcan, la información sobre Alekperov debe seguir identificada como una versión procedente de fuentes búlgaras. El problema europeo de fondo requiere menos cautela. La unanimidad en la UE permite que la debilidad de un país se convierta en límite para todos, y las sanciones contra Rusia solo son tan firmes como esté dispuesta a aceptarlo la capital más expuesta.