España asegura contratos en Ucrania

España ha elevado hasta 570 millones de euros el apoyo público a las compañías que participen en la reconstrucción de Ucrania, según anunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una visita a Kiev con unas 50 empresas (El País, Euronews). La cifra puede parecer ayuda directa a Ucrania, pero la mayor parte corresponde a coberturas de riesgo pensadas para que las empresas españolas puedan competir por contratos en un país todavía en guerra.

La partida principal es el seguro

El eje del paquete es la ampliación de la cobertura de CESCE, la agencia española de crédito a la exportación, que asegura a las empresas frente a pérdidas por daños de guerra, inestabilidad política o impagos en el exterior. Esa cobertura pasa de 30 millones a 250 millones de euros (El País). A ello se suman hasta 100 millones que puede movilizar COFIDES, el instrumento público de financiación al desarrollo, y una línea de crédito de 20 millones canalizada a través del ICO y del Raiffeisen Bank ucraniano. Durante la visita también se firmó un acuerdo del FIEM que combina préstamos reembolsables con algunos elementos de subvención (Euronews, La Moncloa).

Una garantía no es una subvención. La subvención es dinero que Ucrania recibe y no devuelve; la garantía es el compromiso del Estado español de cubrir pérdidas si un proyecto asegurado sufre un problema previsto en la póliza. Si no ocurre nada, el contribuyente puede no desembolsar ni un euro. Si se activa la cobertura, el sector público asume parte de la pérdida. El efecto económico es claro: bancos y empresas españolas aceptan riesgos de guerra que, en condiciones normales, rechazarían. Eso puede desbloquear proyectos reales, aunque la cifra anunciada exagere cuánto dinero se está moviendo ahora mismo.

El CSIS ha advertido de este patrón en los anuncios sobre la reconstrucción ucraniana. Los compromisos suelen mezclar subvenciones, préstamos, garantías y planes de inversión que dependen de licitaciones, apetito bancario, preparación de proyectos y condiciones militares antes de convertirse en gasto efectivo (CSIS).

Garantías frente a subvenciones: Alemania y Dinamarca como contraste

España no es el único Gobierno que usa su capacidad de endeudamiento y de absorción de riesgos para colocar a sus empresas en la reconstrucción. Alemania aplica una lógica parecida a través de las Hermesdeckungen, garantías de crédito a la exportación que cubren riesgos políticos y comerciales. El Ost-Ausschuss, la patronal alemana para Europa del Este, ha contabilizado más de 50 garantías de inversión concedidas para proyectos en Ucrania desde la invasión rusa a gran escala (Ost-Ausschuss). El paquete alemán más amplio de reconstrucción alcanza hasta 233 millones de euros en energía, vivienda y cooperación industrial (AFP).

Dinamarca ha optado por otro modelo. Su último esquema canaliza subvenciones a través de Nefco, una institución nórdica de financiación verde, directamente hacia proyectos municipales en Mykolaiv: agua, saneamiento, hospitales y escuelas. Copenhague ha comprometido 26,6 millones de euros, más 3 millones de Impact Fund Denmark, con cofinanciación de los municipios ucranianos desde sus presupuestos locales (Ritzau/Nefco). Las subvenciones cuestan dinero al contribuyente danés desde el primer momento, pero llegan de forma directa a servicios públicos ucranianos, sin una empresa española o alemana en medio.

La comparación delimita bien el debate. España y Alemania usan garantías públicas para ayudar a sus compañías a pujar por proyectos. Dinamarca financia agua limpia en Ucrania. Ambas cosas pueden ser útiles, pero no son lo mismo.

Quién gana y quién asume el riesgo

Los beneficiarios más evidentes son las empresas españolas de defensa, infraestructuras, transporte, ferrocarril y energía, los sectores que Cuerpo llevó a Kiev (NV, El País). Obtienen una cobertura pública de riesgo que competidores de países con agencias de crédito a la exportación más débiles no pueden igualar. El BERD ha demostrado que las garantías de reparto de riesgo pueden mantener vivo el crédito en condiciones de guerra y permitir miles de millones de euros en financiación a través de bancos ucranianos que, sin ese respaldo, habrían cerrado el grifo (EBRD). Eso no prueba que el paquete español vaya a ejecutarse bien, pero sí que el mecanismo puede funcionar.

El contribuyente español asume el riesgo extremo: una factura que queda fuera del gasto inmediato hasta que se ejecuta una garantía. Cuantos más proyectos avancen en plena guerra, mayor será la probabilidad de que algún siniestro obligue a pagar. La experiencia polaca apunta además a otro coste. Aunque había un fuerte apoyo público a priorizar a empresas nacionales, un acuerdo cubrió solo a tres compañías pese a que más de 3.000 habían mostrado interés (Biznes Enter). La reconstrucción respaldada por garantías tiende a favorecer a grandes empresas financiables, con experiencia en instrumentos públicos y capacidad para moverse en licitaciones complejas.

Ucrania necesita capital y conocimiento exterior, y las garantías pueden activar proyectos que el mercado privado evitaría por sí solo. Pero «apoyo a Ucrania» y «apoyo a empresas españolas en Ucrania» son realidades económicas distintas bajo una misma etiqueta política. España aún no ha publicado una estimación completa de posibles ejecuciones de garantías, la cartera de proyectos prevista ni el papel que tendrán las empresas ucranianas como socias y no solo como subcontratistas. Hasta entonces, los 570 millones miden ambición, no compromiso efectivo.