España lleva al límite Schengen

El Tribunal Supremo estaría estudiando si pregunta al Tribunal de Justicia de la UE si la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por España encaja con el derecho europeo. Si finalmente eleva la cuestión, Luxemburgo tendrá que pronunciarse sobre un asunto que ningún tribunal comunitario ha resuelto a esta escala: si un Estado del espacio Schengen puede conceder permisos de residencia a más de un millón de personas en situación irregular sin aclarar antes qué consecuencias deben asumir los demás países de la zona de libre circulación.

Conviene una cautela: no consta todavía ningún auto oficial en la web del Poder Judicial. La información procede de medios españoles que señalan que el Supremo ha planteado dudas sobre si puede concederse la residencia «por el mero hecho de la estancia irregular» y ha abierto el trámite procesal previo a una posible cuestión prejudicial (El Mundo, El Español). Hasta que ese auto se publique, se trata de una señal judicial, no de un litigio europeo confirmado.

Qué hizo España y qué dice el derecho de la UE

El procedimiento español, cuyo plazo de solicitud terminó el 30 de junio, ofrecía un permiso de residencia y trabajo de un año, renovable, a inmigrantes sin papeles que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026. El Gobierno esperaba unas 500.000 solicitudes (RTÉ). Se han presentado más de 1,2 millones (Euronews).

El derecho europeo no prohíbe de forma tajante las regularizaciones nacionales. La Directiva de retorno, que fija el marco común de la UE para expulsar a personas en situación irregular, establece el retorno como regla general, pero su artículo 6.4 permite a los Estados miembros conceder permisos de residencia «por razones compasivas, humanitarias o de otro tipo» (Directiva 2008/115/CE). La cuestión jurídica es si esa excepción puede sostener un programa legislativo amplio que alcanza a más de un millón de personas, o si exige decisiones individualizadas. Según El Confidencial, el lenguaje atribuido al Supremo apunta a que ve una posible colisión con la normativa comunitaria.

Una cuestión prejudicial planteada al amparo del artículo 267 del TFUE, el mecanismo que permite a los tribunales nacionales pedir a Luxemburgo que interprete el derecho de la Unión, no anularía por sí sola el decreto español. Fijaría sus límites jurídicos, y esa interpretación vincularía después a todos los jueces europeos (artículo 267 del TFUE). Por eso el caso desborda con claridad el debate interno español.

Por qué miran Berlín y París

Un permiso de residencia español no da derecho a trabajar en Alemania o Francia. Las normas de Schengen sí permiten a sus titulares circular por el espacio sin fronteras interiores durante un máximo de 90 días en cualquier periodo de 180 días (Reglamento (UE) 2016/399). La regularización no exporta un permiso de trabajo, pero cambia la posición jurídica de una persona dentro de una zona común de circulación.

Alemania lo presenta como un riesgo de desplazamientos posteriores: personas regularizadas que podrían entrar legalmente para estancias cortas, quedarse más tiempo del permitido o buscar empleo informal en un sistema ya tensionado (Berliner Zeitung). El ministro francés del Interior, Bruno Retailleau, ha ido más lejos al acusar a Pedro Sánchez de «clientelismo» y reclamar que España responda ante sus socios europeos (Le Figaro).

El Gobierno español defiende la medida como una respuesta pragmática: quienes ya trabajan en la economía informal deberían cotizar y contar con protección laboral en lugar de permanecer en la economía sumergida (Emerging Europe). La relación entre regularizaciones y futuras llegadas irregulares sigue siendo objeto de debate entre los investigadores, sin una conclusión cerrada (Migration Policy Centre).

Las preguntas que nadie responde

El debate abunda en apelaciones a la soberanía y escasea en datos. No existe una base estadística que muestre cuántas personas regularizadas en un Estado Schengen se trasladan después a otro. Ningún Gobierno que critique a España ha presentado un plan de retorno realista, presupuestado y aplicable a la población que Madrid pretende documentar. Y las voces menos presentes son las de quienes ven decidido su estatuto jurídico: solicitantes, empresarios que dependen de esa mano de obra y administraciones locales que tramitan los expedientes.

Si el Supremo envía la cuestión a Luxemburgo, el Tribunal de Justicia fijará un precedente para cualquier Estado miembro que afronte el mismo dilema. España quiere documentar a trabajadores que ya están dentro del país. Otros Gobiernos reclaman reglas comunes para impedir que una decisión nacional tenga efectos más allá de sus fronteras. Mientras esa tensión no se resuelva, el espacio europeo sin fronteras seguirá funcionando sobre una premisa que nunca se ha sometido formalmente a prueba: cada país decide quién recibe un permiso de residencia, pero todos asumen parte de las consecuencias.