España pierde inversión pese a la UE

Cinco años de fondos europeos de recuperación han elevado la renta por habitante en España apenas un 0,2%, mientras la inversión privada ha caído un 3%, según la evaluación final de EY recogida por El Mundo. La combinación es especialmente incómoda para la lógica que justificó el programa: el dinero público debía activar inversión privada, no sustituirla ni convivir con su retroceso.

NextGenerationEU, el gran mecanismo de endeudamiento común creado por la UE tras la pandemia, descansaba sobre una apuesta muy concreta. Bruselas emitiría deuda para financiar reformas e inversiones nacionales, y ese impulso público debía arrastrar capital privado hacia proyectos que, sin esa ayuda, no habrían salido adelante. Los datos españoles apuntan en la dirección contraria.

Cómo debía funcionar el dinero

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, principal vía de gasto de NextGenerationEU, permitió a la UE endeudarse de forma conjunta para que los gobiernos con menos margen presupuestario pudieran invertir sin asumir todo el coste por sí solos (Comisión Europea). Los desembolsos se vincularon a reformas pactadas e hitos de ejecución, no solo a la prueba de que el dinero se había gastado (EUR-Lex). El diseño buscaba corregir un problema conocido de los fondos europeos: que el dinero atraviese una economía sin cambiar realmente su capacidad productiva.

La idea tenía dos tiempos. En el corto plazo, el gasto público en infraestructuras y equipamiento genera empleo, pedidos y actividad. Con el paso de los años, esos proyectos debían hacer más productivas a las empresas y a los trabajadores, mediante mejores redes energéticas, digitalización o cambios regulatorios. La renta por habitante, es decir, la producción total de una economía dividida entre su población, sirve para medir ese efecto porque pregunta si un país crea más riqueza por persona o solo mueve más gasto.

El avance del 0,2% en España indica que el impulso inicial fue débil. La caída del 3% en la inversión privada pesa más. Todo el esquema asumía que el gasto público atraería capital privado adicional, que de otro modo no habría aparecido. En España ocurrió lo contrario: entró más dinero público y hubo menos inversión privada acompañándolo.

El mismo patrón entre los grandes receptores

Italia, el mayor beneficiario del programa, había recibido 166.000 millones de euros en nueve desembolsos europeos hasta abril de 2026, aunque el gasto efectivo iba bastante por detrás (ACEN). El dinero que llega de Bruselas no equivale al dinero gastado dentro del país, y el dinero gastado no equivale a un proyecto terminado y operativo. El sector de la construcción italiano espera que la obra pública siga siendo su motor hasta que el programa concluya en 2027, para después perder fuerza. Es el patrón español en una economía mayor: un impulso temporal al PIB a través de obras, no una transformación duradera del funcionamiento del sector privado.

Portugal muestra que el estímulo presupuestario existe, pero también que tiene fecha de caducidad. Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia añadieron más de 0,5% del PIB a la expansión presupuestaria portuguesa en 2026, lo que significa que el Estado estaba sosteniendo demanda a un ritmo muy dependiente de las transferencias europeas (ECO). El mismo análisis advierte de que 2027 tendrá un sesgo contractivo cuando ese dinero empiece a desaparecer. El crecimiento que depende de una transferencia temporal afronta un escalón a la baja cuando la transferencia se agota.

Grecia ofrece el contraargumento más sólido. Su plan se apoyó más en préstamos europeos y exigió cofinanciación privada, lo que vinculaba de forma más estrecha el dinero público y el privado (Banco de Grecia). Aun así, los salarios reales, descontada la inflación, crecieron solo un 0,1% en 2025, con una previsión similar para 2026 (Powergame). Incluso el diseño más favorable a la implicación privada no ha convertido todavía la inversión en una mejora perceptible de la renta de los hogares.

La factura llega antes que la prueba

La UE debe empezar a devolver la deuda común en 2028, con pagos previstos hasta 2058 (EUR-Lex). Alemania, Países Bajos y otros contribuyentes netos aceptaron esa carga con la expectativa de obtener retornos duraderos. El Tribunal de Cuentas Europeo ya ha señalado la brecha entre ambición y resultados: su auditoría de 2025 sobre rehabilitación de viviendas financiada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia detectó una mala selección de proyectos y pocas pruebas de que las obras hubieran generado ahorro energético real (TCE, Jornal Económico).

La UE puede contar euros desembolsados e hitos cumplidos. Tiene muchas menos pruebas de que ese dinero haya creado inversión privada adicional, más productividad o mejores rentas en sus principales países receptores. El informe de EY sobre España no demuestra por sí solo que todo el programa haya fracasado. Pero, con el calendario de devolución acercándose y nuevas rondas de endeudamiento común ya en discusión, la capacidad de Bruselas para acreditar transformación, y no solo desembolso, será la prueba decisiva.