Los inquilinos pierden dos años de prórroga

El Congreso tumbó el 2 de octubre los dos decretos de emergencia sobre vivienda de Pedro Sánchez. La votación dejó a los inquilinos sin el derecho a solicitar dos años más cuando venciera su contrato y sin la recuperación de la protección frente al desahucio. El decreto más amplio cayó por 172 votos frente a 178 y el segundo, sobre la renovación de los contratos, por 166 frente a 184 (Congreso, EFE). Junts decidió el resultado de la primera votación. Los inquilinos se quedan con las condiciones que ya les garantizaba la legislación española.

Ambos textos eran decretos-leyes, normas de urgencia que el Gobierno puede aplicar de inmediato, pero que decaen si el Congreso no las convalida en un plazo de 30 días (Constitución española). En esa fase, los diputados solo pueden aceptar o rechazar el texto tal como está. El decreto más amplio llevaba en vigor aproximadamente un día cuando fue rechazado (Civio, BOE).

Lo que tuvieron los inquilinos durante un día

El decreto principal permitía a los inquilinos cuyos contratos vencieran antes del 31 de diciembre de 2028 solicitar hasta dos años más, siempre que estuvieran al corriente del pago. Los propietarios debían aceptar la prórroga salvo que se diera alguna excepción, como necesitar la vivienda para vivir en ella (RDL 26/2026). El decreto también recuperaba la prohibición de desahuciar a hogares vulnerables sin otra alternativa habitacional (El País). Con él cayeron otras medidas menores, como la congelación o limitación de las subidas anuales del alquiler hasta 2027 (ABC).

El segundo decreto iba más allá: habría renovado automáticamente los contratos en nuevos periodos de cinco o siete años. Por lo general, el propietario que pusiera fin al contrato habría tenido que indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a 12 mensualidades (RDL 27/2026).

Por qué Junts votó en contra

Al presentarse en dos decretos, cada medida se sometió a una votación distinta. En la votación del decreto más amplio, los siete diputados de Junts marcaron la diferencia: si se hubieran abstenido, habría salido adelante por 172 votos frente a 171 (La Voz de Galicia). El Partido Popular (PP) y Vox se opusieron a ambos textos, al igual que Junts. El decreto sobre las renovaciones perdió por un margen mayor porque dos partidos minoritarios que habían apoyado el paquete más amplio votaron en contra: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (Infobae).

La objeción de Junts se dirige a las normas que cargan costes sobre los propietarios. El decreto principal obligaba al arrendador a aceptar la solicitud de prórroga del inquilino. La protección frente al desahucio también podía permitir que un hogar vulnerable siguiera en una vivienda que el propietario quería recuperar. Junts sostiene que obligaciones como estas llevarán a los propietarios a salir del mercado del alquiler, reducirán la oferta y harán subir los precios.

El partido cita datos del Banco de España según los cuales los particulares eran propietarios del 91,9% de las viviendas alquiladas a precio de mercado en 2021 (EFE). La cifra muestra quién asumiría el coste, pero no demuestra que esos propietarios vayan a abandonar el mercado. Junts exigió retirar ambos textos y presentó su propia propuesta, basada en prórrogas que los propietarios concederían voluntariamente (elDiario.es).

El partido mantuvo esa posición pese a la presión pública. En los días previos a la votación, el Gobierno aún intentaba calmar la ola de protestas por la vivienda (Le Monde).

Qué sigue en vigor y qué no

La Ley de Arrendamientos Urbanos, la principal norma española sobre alquileres, sigue vigente. Garantiza un contrato de al menos cinco años cuando el propietario es una persona física y de siete cuando es una empresa. Después, si ninguna de las partes comunica que quiere ponerle fin, el contrato se prorroga año a año hasta un máximo de tres años más (El Confidencial).

Los inquilinos que solicitaron una prórroga durante el breve periodo de vigencia del decreto afrontan una incertidumbre jurídica. Ninguno de los dos rechazos aclara qué ocurre con las solicitudes ya presentadas (Demócrata).

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respondió a la derrota pidiendo elecciones anticipadas. A 2 de octubre, no se había decidido disolver las Cortes (Euronews).

Los hechos permiten un diagnóstico más acotado que el de una pugna electoral. La negativa de Junts bastó para tumbar las protecciones más amplias, pese al malestar por la vivienda que se expresa en las calles. Los inquilinos vuelven así a la situación anterior al decreto. El Gobierno minoritario de Sánchez no puede aprobar por decreto estas protecciones si no convence a un partido que las considera un coste impuesto a los propietarios particulares. La votación no determina qué propondrá Sánchez a continuación, pero sí muestra que cualquier nuevo texto tendrá que superar primero la oposición de Junts.