España aplaza el cierre nuclear

El Gobierno ha prorrogado hasta el 8 de junio de 2030 la autorización de explotación de los dos reactores de Almaraz, la mayor central nuclear del país (BOE). El grupo I debía cerrar en noviembre de 2027 y el grupo II, en octubre de 2028. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha justificado la decisión por la incertidumbre en los mercados energéticos derivada del conflicto en Oriente Próximo y de la guerra en Ucrania (MITECO). La prórroga permite abaratar la electricidad a corto plazo, pero concentra el calendario de cierre nuclear y desplaza varios apagones de reactores hacia una misma ventana temporal.

Por qué Almaraz contiene la factura del gas

Almaraz pesa por su tamaño. La central generó 14.752 gigavatios hora de electricidad en 2025, alrededor del 7% del total nacional y el 28,5% de la producción nuclear española (Infobae/EFE, El Periódico de la Energía).

El efecto sobre los precios pasa por el mercado mayorista europeo de electricidad. Las centrales ofertan cada hora y la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda marca el precio que cobran todas. Cuando esa última central quema gas, el precio mayorista incorpora el coste del gas y de los derechos de CO2. Un bloque amplio de producción nuclear desplaza a las centrales de gas en más horas del día, de modo que estas fijan el precio con menos frecuencia.

Los cálculos de MITECO indican que mantener Almaraz en funcionamiento hasta 2030 reduce la generación con gas en un 7% respecto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, mientras que recorta la producción renovable solo un 1,4% (MITECO, EFEverde). No se ha publicado una estimación de ahorro para los hogares, pero la lógica es clara: menos gas en la tecnología que marca el precio significa menor exposición a repuntes como los de 2022.

El atasco de 2030

La prórroga comprime el cierre nuclear en España, no lo cancela. Antes de la orden ministerial, el calendario estaba escalonado: Almaraz I en 2027, Almaraz II en 2028 y otros reactores más adelante. Ahora, los dos grupos de Almaraz se suman a Ascó I y Cofrentes en torno a 2030, mientras que Vandellós II y Trillo quedarían para después, dentro del límite de cierre del parque en 2035 (Euronews, World Nuclear Association).

En lugar de sustituir un reactor cada vez, España se encontrará con cuatro cierres muy próximos, más capacidad de reemplazo que construir y más desmantelamientos que gestionar al mismo tiempo. Enresa, la empresa pública encargada de los residuos, considera «insignificante» el volumen adicional generado por la prórroga (BOE), pero más años de operación alteran las cuentas del fondo que financia la gestión de residuos y el desmantelamiento. El Gobierno no ha detallado cómo afrontaría Enresa varios cierres concentrados en una misma fase. La experiencia belga muestra que estos costes no son menores: la prolongación de dos reactores exigió allí un acuerdo de responsabilidades de 15.000 millones de euros con Engie y la autorización de la UE para el apoyo público (Reuters). En España no ha habido una negociación comparable.

Quién gana y quién pierde

Los beneficiarios más visibles son los cerca de 3.000 trabajadores directos e indirectos de la central y la economía del entorno en Extremadura (Infobae/EFE, RTVE). Las propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy, mantienen los ingresos de un activo ya amortizado, aunque MITECO asegura que rechazó las rebajas fiscales solicitadas por las eléctricas (MITECO, elDiario.es). Las centrales de gas, en cambio, pierden horas de funcionamiento.

Para los promotores renovables, el coste es menos inmediato. Si las fechas de cierre nuclear pueden moverse una vez, los inversores pueden anticipar que vuelvan a moverse, lo que dificulta compromisos a largo plazo en nuevos proyectos (El Confidencial). Greenpeace ha calculado un coste para los consumidores de 3.831 millones de euros hasta 2033; se trata de una estimación de parte, no de una conclusión del regulador (Público).

Portugal comparte con España el mercado mayorista ibérico, el MIBEL, de modo que la producción de Almaraz puede influir en los precios peninsulares. La organización ecologista portuguesa ZERO ha reclamado a su Gobierno que responda a la prórroga (Observador), aunque no hay un análisis público que cuantifique el efecto en la factura.

El argumento de desplazar gas antes de 2030 es sólido. La parte difícil llega después: cuatro reactores cerrando en un margen estrecho, más capacidad sustitutiva necesaria de golpe y una señal a los inversores renovables de que los plazos nucleares son negociables. España ha comprado margen, no un plan para el atasco que queda al final.