Suecia alquila celdas en Estonia

Suecia empezará a trasladar el próximo mes a presos condenados a la prisión de Tartu, en Estonia. El sistema penitenciario sueco se ha quedado sin plazas, mientras Estonia tiene celdas vacías que puede ofrecer. El acuerdo introduce en la justicia europea una fórmula poco habitual: un Estado alquila la infraestructura penitenciaria de otro casi como una empresa logística arrienda espacio de almacén. El pacto está ratificado, tiene precio y puede ponerse en marcha. También reparte la responsabilidad del castigo a ambos lados de una frontera, sin que ninguno de los dos gobiernos haya explicado al público cómo funcionará ese reparto.

El acuerdo

El ministro sueco de Justicia, Gunnar Strömmer, comunicó al Parlamento que Suecia había asegurado hasta 600 plazas penitenciarias en Tartu (Riksdag). Los parlamentos de ambos países aprobaron la legislación necesaria. El presidente estonio, Alar Karis, firmó la ley de ratificación el 24 de junio (Presidencia de Estonia). Una nueva ley sueca entró en vigor el 3 de julio y permite que las penas de prisión se cumplan temporalmente en el extranjero (Children of Prisoners Europe). Los traslados ya pueden comenzar.

El precio es público. Suecia pagará a Estonia 30,6 millones de euros al año por hasta 300 presos, más 8.500 euros al mes por cada interno adicional (ERR). En el primer año abonará 23 millones de euros, aunque la instalación se irá ocupando de forma gradual (eznews). El contrato, de cinco años, cubre a hombres adultos condenados por delitos violentos o relacionados con drogas.

La lógica resulta simétrica. Suecia compra capacidad inmediata, más rápido de lo que puede construir nuevas prisiones en su territorio. Estonia rentabiliza una instalación infrautilizada y conserva empleo público en una ciudad regional. Cada parte obtiene algo que la otra no puede producir fácilmente por sí sola.

Un modelo probado, no necesariamente seguro

No es el primer alquiler penitenciario transfronterizo en Europa. Noruega arrendó 242 plazas en la prisión neerlandesa de Norgerhaven con el mismo argumento de saturación (Gobierno noruego, Gobierno neerlandés). El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que inspecciona las condiciones de detención en Europa, concluyó que el funcionamiento de Norgerhaven era, en términos generales, viable (CPT). Dinamarca firmó un acuerdo similar con Kosovo para hasta 300 internos, pero no lo ha aplicado, en parte porque enviar presos fuera de la UE plantea obstáculos jurídicos más complejos para la protección efectiva de sus derechos.

El acuerdo entre Suecia y Estonia se beneficia de un marco común de derechos dentro de la UE y de la cooperación judicial entre Estados miembros. Pero la distancia entre Suecia y Tartu complica mucho más el contacto familiar que en el precedente neerlandés, donde unas pocas horas de coche separaban al Estado que dictaba la condena de la prisión que alojaba a los internos.

¿Quién tramita las quejas?

Las autoridades estonias prevén que las visitas familiares presenciales sean poco frecuentes. Los presos dependerán sobre todo de llamadas telefónicas y videollamadas (Rus ERR). Children of Prisoners Europe, junto con las organizaciones suecas BUFFF y Räddningsmissionen/Solrosen, ha advertido de que los costes de los viajes internacionales recaerán sobre familias que ya suelen estar bajo presión económica, y de que una pantalla no sustituye el contacto directo entre padres e hijos (Children of Prisoners Europe). La ley sueca exige que las decisiones de traslado tengan en cuenta los vínculos familiares y el derecho a la vida privada y familiar recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). No se ha publicado cómo se hará esa ponderación en la práctica.

El problema más difícil es quién tramitará las quejas cuando un preso esté ya dentro de Tartu. La legislación penitenciaria estonia regula la custodia diaria, pero Suecia sigue siendo el Estado que impuso la condena. Si un interno denuncia malos tratos o falta de atención sanitaria, los materiales públicos citados aquí no aclaran qué autoridad recibirá la queja, en qué idioma se presentará ni bajo qué sistema nacional de recursos se resolverá. El CPT puede inspeccionar, pero no se ha anunciado un calendario conjunto de visitas ni una obligación específica de informar. Estonia gestiona la prisión. Suecia conserva la titularidad de la pena. El expediente público no explica quién investiga cuando algo queda en medio.

En Tartu, el acuerdo ha provocado protestas locales, algunas con lenguaje abiertamente despectivo hacia los presos que llegarán de Suecia (ERR). La comunidad anfitriona asume cargas de seguridad, resentimiento político y estigma local. Suecia obtiene alivio para su sistema penitenciario.

El precedente de Noruega y Países Bajos indica que el modelo puede funcionar. También terminó cuando la presión disminuyó, sin que ningún país optara por convertirlo en permanente. El acuerdo entre Suecia y Estonia está listo para trasladar presos en agosto. Si no existen protocolos aún no publicados, lo hará antes de que el público pueda ver cómo viaja con ellos la responsabilidad.