Treinta y seis países firman un tratado para juzgar a líderes rusos por la invasión de Ucrania

La ofensiva judicial contra Moscú dio un paso formal el 15 de mayo en Chisináu, Moldavia, donde 36 países y la Unión Europea firmaron el estatuto que crea un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. La corte, con sede en La Haya, se dirigirá contra los responsables rusos que ordenaron la invasión, desde Vladímir Putin hasta la cúpula militar. Es el primer tribunal internacional dedicado a perseguir el crimen de agresión desde Núremberg y Tokio. Entre crear una corte y sentar a alguien en el banquillo, sin embargo, media una distancia enorme, y la coalición que la sostiene es más estrecha de lo que sus promotores habrían querido.

Qué puede hacer el tribunal y por qué hacía falta

El tribunal nace de una grieta en el sistema actual. La Corte Penal Internacional, el tribunal permanente encargado de juzgar crímenes de guerra, no puede perseguir el crimen de agresión si el Estado del acusado no forma parte de su tratado fundacional. Rusia firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero se retiró en 2016. La otra vía sería una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que Moscú puede vetar.

La nueva corte evita ambos obstáculos mediante un «acuerdo parcial ampliado», un mecanismo del Consejo de Europa que permite actuar a los Estados dispuestos sin exigir unanimidad (Jurist). El estatuto retira la inmunidad de los jefes de Estado. Putin, su primer ministro y su ministro de Exteriores pueden ser imputados, aunque los procedimientos contra esos tres cargos quedan suspendidos automáticamente mientras sigan en funciones. Mandos militares como Valeri Guerásimov y Serguéi Shoigú no cuentan con esa protección y pueden ser juzgados en ausencia desde el primer momento.

Los Estados participantes elegirán 15 jueces, y habrá un único fiscal independiente con un mandato de siete años (Cambridge International Legal Materials). Ucrania espera las primeras sentencias en 2028 (Ukrainska Pravda).

El problema de la ejecución

El tribunal no tiene policía propia. Cada detención dependerá de que un Estado miembro decida actuar. La experiencia invita a la prudencia. La CPI emitió una orden de arresto contra Putin en 2023; Mongolia no lo detuvo cuando visitó el país. El Tribunal Especial para el Líbano condenó en ausencia en 2020 a miembros de Hezbolá por el asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri. Ninguno fue arrestado. El tribunal para la antigua Yugoslavia imputó a Radovan Karadžić en 1995; Serbia lo detuvo trece años después, cuando sus aspiraciones de adhesión a la UE hicieron más costoso protegerlo que entregarlo.

Moscú ya ha dejado claro cómo interpreta la nueva corte. El 13 de mayo, la Duma rusa votó por 384 votos a favor y ninguno en contra autorizar al presidente a desplegar fuerza militar en el extranjero para «proteger a ciudadanos rusos» sometidos a procesos en tribunales extranjeros o internacionales (TASS, DW). La ley codifica la misma doctrina que Rusia invocó antes de entrar en Georgia en 2008 y en Ucrania en 2014.

Una coalición con ausencias

Los 36 firmantes del tribunal son en su inmensa mayoría europeos (Consejo de Europa, DW). Solo se sumaron dos Estados no europeos: Australia y Costa Rica. Ningún Gobierno africano, asiático o latinoamericano de peso lo respaldó. Esa ausencia alimenta una crítica que ya circula en capitales no alineadas: que se trata de una justicia occidental selectiva, aplicada a Rusia pero no a las intervenciones de la OTAN en Irak o Libia.

Dentro de Europa, 12 miembros del Consejo de Europa rechazaron firmar. Cuatro son Estados miembros de la UE: Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Malta. Hungría y Eslovaquia han bloqueado repetidas veces paquetes de sanciones europeas y han utilizado el oleoducto Druzhba como instrumento de presión. El Gobierno interino búlgaro no ofreció una justificación pública. GERB, el principal partido de la oposición, calificó la negativa de «error político» incompatible con la pertenencia a la OTAN y a la UE. Entre los países de fuera de la Unión que se quedaron al margen destaca Turquía: un miembro de la OTAN que ha evitado respaldar la rendición de cuentas por la agresión contra un Estado socio.

Estados Unidos, que no pertenece al Consejo de Europa, ha guardado silencio. Washington había preferido antes un tribunal híbrido de perfil más bajo y teme que normalizar la persecución del crimen de agresión exponga en el futuro sus propias operaciones militares a impugnaciones jurídicas. La falta de implicación de la Administración Trump ha aumentado la preocupación por posibles agujeros presupuestarios en una corte cuyo coste operativo anual se estima en 75 millones de euros. La Comisión Europea ha prometido 10 millones de euros para la puesta en marcha inicial, pero la financiación a largo plazo sigue sin resolverse.

El expediente abierto

El valor del tribunal puede depender menos de las condenas inmediatas que del calendario político. Las cortes internacionales construyen expedientes jurídicos. Esos expedientes cobran fuerza cuando cambian las condiciones internas. Francia se incorporó al comité directivo en abril, con una declaración del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot: «No hay paz sin justicia ni justicia sin verdad» (Le Figaro). Países Bajos confirmó La Haya como sede, reforzando el papel de la ciudad como capital judicial mundial.

Que la corte pase de la imputación a la ejecución dependerá de preguntas que ningún estatuto puede responder: cuánto tiempo seguirá Putin en el poder, si sus generales viajarán alguna vez fuera de Rusia y si la coalición europea resistirá cuando hacer cumplir las órdenes judiciales tenga un coste político más alto.