Campo y defensa chocan por fondos europeos

Los líderes de la UE asumen que el próximo presupuesto a siete años tendrá que financiar la defensa, el camino de adhesión de Ucrania y la competitividad económica. En la reunión celebrada en Bruselas los días 18 y 19 de junio, el consenso se rompió en cuanto apareció la pregunta central: qué se recorta. El primer texto de compromiso recibió críticas por todos los flancos: los países contribuyentes lo consideran demasiado caro, el Parlamento Europeo lo ve insuficiente y los socios del este sostienen que no refleja la amenaza rusa en sus fronteras (EUobserver, European Parliament).

El pulso va más allá del regateo presupuestario habitual. La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2028-2034, el techo de gasto de la UE que ordena después cada presupuesto anual, reduciría el peso conjunto de las ayudas agrícolas y el desarrollo regional desde cerca del 62% del presupuesto actual hasta alrededor del 44% (ECA, European Times). Defensa, ampliación y competitividad ocuparían ese espacio. Cada euro reasignado sale de una partida que otro gobierno considera irrenunciable.

Quién bloquea qué

El borrador de la presidencia chipriota intentó suavizar ese desplazamiento protegiendo agricultura y cohesión, y trasladando recortes más profundos a defensa y acción exterior (Euronews). Alemania lo consideró inaceptable y rechazó cualquier nuevo endeudamiento común de la UE. El Parlamento Europeo, que no puede reescribir el acuerdo por unanimidad del Consejo pero sí negarse a aprobarlo, rechazó por completo la orientación del texto (2EU Brussels).

Las coaliciones que sostienen esas posiciones son más complejas que una disputa norte-sur por el dinero.

Dinamarca y un grupo de contribuyentes netos, entre ellos Países Bajos, Suecia y Austria, difundieron el 14 de mayo un documento informal que presentaba la disciplina fiscal como «modernización». Su argumento es que el gasto heredado en agricultura debe reducirse para abrir margen a la defensa y la innovación.

Su exigencia más dura afecta a la condicionalidad sobre el Estado de derecho. Las suspensiones de fondos se activarían automáticamente y seguirían vigentes salvo que suficientes gobiernos, ponderados por población, votaran para levantarlas. Con las normas actuales se necesita una mayoría para imponer esa condicionalidad. Con su propuesta, se necesitaría una mayoría para retirarla. Los países bajo sospecha por el deterioro del Estado de derecho, con Hungría como caso más visible, se enfrentarían a congelaciones automáticas mucho más difíciles de revertir.

Francia quiere proteger la Política Agraria Común, el programa europeo de subsidios al campo, y al mismo tiempo ampliar la financiación de la defensa. Para pagar ambas cosas, París defiende nuevos ingresos propios de la UE y endeudamiento común, en la línea del modelo que permitió crear el fondo de recuperación durante la pandemia. Berlín da esas dos vías por cerradas.

Polonia respalda la adhesión de Ucrania y una línea dura frente a Rusia, pero insiste en que el gasto en seguridad no puede comerse las ayudas agrícolas ni los fondos regionales. La entrada de Ucrania podría costar entre 85.000 millones y 96.500 millones de euros durante el periodo presupuestario, según estimaciones de la Comisión, y los actuales Estados miembros podrían sufrir recortes de alrededor del 20% en los pagos de la PAC al incorporarse al sistema de subsidios una gran economía agrícola (EUobserver, Euronews). Polonia, principal receptor neto tanto de fondos agrícolas como de cohesión, sería el país más expuesto.

Los Estados del este más comprometidos con la seguridad europea son también aquellos cuyos presupuestos dependen más de las transferencias comunitarias. Rumanía reclama una defensa fronteriza más sólida y una adhesión más rápida de Ucrania y Moldavia, pero su propio déficit limita lo que puede aportar con recursos nacionales. Estos países quieren más gasto en defensa y mantener la financiación de cohesión, una combinación que no encaja sin mayores contribuciones o nuevas fuentes de ingresos.

La trampa de la unanimidad

El marco financiero plurianual exige unanimidad en el Consejo Europeo, donde los jefes de Estado y de Gobierno fijan la dirección política de la UE, de modo que un solo país puede bloquear el acuerdo. Las posiciones iniciales son deliberadamente maximalistas. Ninguna capital muestra primero su compromiso final.

La negociación real se prolongará durante meses y probablemente entrará bien avanzado 2027. Si los gobiernos no cierran un acuerdo antes de que expire el marco actual, el gasto quedará prorrogado con los techos del último año y sin nuevos programas. La inversión en defensa y ampliación se congelaría justo cuando Europa sostiene que necesita incrementarla.

El Tribunal de Cuentas Europeo reconoció que el rediseño de la Comisión avanza en la dirección adecuada, pero advirtió de que siguen abiertos asuntos importantes, entre ellos los cheques o compensaciones nacionales, los recursos propios (nuevos ingresos de la UE, como los gravámenes al carbono en frontera o los impuestos sobre transacciones financieras) y el servicio de la deuda emitida durante la pandemia (ECA). Ningún documento público muestra cómo encajar ampliación, defensa y gasto tradicional dentro de un único techo.

Europa ha declarado la defensa y la ampliación como prioridades estratégicas. El presupuesto no financia ninguna de las dos a la escala necesaria. Cerrar esa brecha implica recortar subsidios agrícolas y transferencias regionales, y ningún gobierno con elecciones a la vista quiere ser el primero en ofrecerse.