12 países piden ampliar el fondo de carbono

Polonia empieza a preparar con antelación la próxima negociación sobre el dinero de la transición verde europea. Doce gobiernos quieren que el Fondo de Modernización se mantenga y crezca después de 2030, con Varsovia, Praga, Bucarest, Atenas y otros Estados miembros de menor renta o más expuestos al carbón al frente de la iniciativa (Bankier, Reuters vía Investing.com). La batalla de fondo es sencilla de formular y difícil de resolver: quién recibe el dinero que Europa recauda cuando obliga a las empresas a pagar por contaminar.

Cómo la contaminación se convierte en dinero público

El régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) obliga a las empresas a disponer de derechos por sus emisiones, conforme a la Directiva 2003/87/CE. En la práctica, poner precio al carbono encarece contaminar y las subastas convierten parte de ese coste en ingresos públicos.

El Fondo de Modernización reutiliza una parte de ese dinero para financiar redes eléctricas, eficiencia energética, generación más limpia y mejoras industriales en países con mayores necesidades de inversión, según la descripción del fondo de la Comisión. Ese es el pacto que la coalición impulsada por Polonia quiere prolongar: si el coste del carbono vuelve en forma de nuevos sistemas energéticos, el ETS parece más justo; si no ocurre, los gobiernos con infraestructuras más antiguas pueden presentarlo como una sangría.

Las cantidades ya son relevantes. En 2024, las subastas del ETS recaudaron casi 3.000 millones de euros para el Fondo de Innovación y más de 6.000 millones para el Fondo de Modernización, según los datos de subastas de la Comisión. Bankier informó de que Varsovia espera recibir unos 14.000 millones de euros, alrededor de 60.000 millones de eslotis, del fondo entre 2021 y 2030, lo que explica que Polonia se esté organizando antes de que se redacten las próximas reglas (Bankier).

A quién se protege

La coalición no reclama exactamente lo mismo en cada capital. Polonia busca un flujo amplio y previsible para transformar su sector eléctrico. La preocupación checa es más inmediata: los costes del carbono pueden golpear la calefacción, la industria y los presupuestos públicos antes de que la inversión reduzca la factura.

Esa diferencia importa para los hogares. El BEI define el Fondo de Modernización como una herramienta de inversión para los Estados miembros, no como una compensación directa a los ciudadanos (BEI). Para las familias, la presión más visible llegará con el ETS2, el mercado de carbono separado para edificios y transporte por carretera. La prensa checa citó una estimación según la cual el ETS2 podría elevar los costes mensuales medios de los hogares checos en unas 477 coronas, mientras que el principal colchón social está en el Fondo Social para el Clima, no en el Fondo de Modernización (Aktuálně.cz).

Rumanía muestra la otra parte del argumento, la de las infraestructuras. Digi24 vinculó el próximo programa energético a más de 5.000 MW de nueva capacidad eólica y solar y a 3.000 MWh de almacenamiento mediante canales del plan de recuperación y del Fondo de Modernización (Digi24). La información no aclara cuánto está financiado, contratado o simplemente previsto. Sí muestra por qué las redes y el almacenamiento estarán en el centro de la negociación posterior a 2030.

El mismo derecho de emisión no puede pagarlo todo

La presión sobre el dinero del ETS ya es visible. La Comisión anunció que se había alcanzado el objetivo de 8.000 millones de euros en subastas de derechos vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para REPowerEU, tras la venta de 111.455.000 derechos, por lo que esas subastas quedarán suspendidas hasta agosto de 2026 (aviso de la Comisión). Una misma fuente de ingresos del carbono ya se ha utilizado para recuperación, seguridad energética e inversión climática.

Por eso los Estados miembros más ricos leen el debate sobre el Fondo de Modernización dentro de una presión presupuestaria más amplia. Friedrich Merz afirmó que las ideas actuales para el presupuesto de la UE son inasumibles y desequilibradas, y advirtió de que podrían elevar la contribución anual alemana entre 15.000 y 20.000 millones de euros (transcripción del Gobierno federal). Un Fondo de Modernización más grande no se convertiría automáticamente en un cheque alemán. Pero entra en la misma discusión: quién paga cuando defensa, Ucrania, competitividad y clima reclaman dinero al mismo tiempo.

El argumento más sólido de la coalición de Polonia es práctico. Europa no puede seguir cobrando por el carbono y dejar a los sistemas energéticos más pobres sin recursos suficientes para transformarse. La objeción más fuerte también lo es: cada derecho de emisión reservado para un fin concreto no puede usarse a la vez para amortiguar el impacto en los hogares, financiar la industria, apoyar la innovación o aliviar la presión sobre el presupuesto europeo.

Faltan aún detalles esenciales. La carta de la coalición no se ha hecho pública en las informaciones citadas, así que conviene tratar con cautela las afirmaciones sobre la posible elegibilidad de la energía nuclear. No hay una dotación verificada para después de 2030, ni una fórmula de reparto, ni una estimación país por país de las brechas de inversión. La prueba real será si Bruselas logra mantener la credibilidad política del precio del carbono sin convertir cada derecho de emisión en una disputa entre industria, hogares, Estados más pobres y presupuesto comunitario.